Era una noche tormentosa la del 26 de diciembre en Posadas y el pabellón de la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús donde se hallaba Cristina Vázquez estaba a oscuras. Sin embargo, de repente, todo se iluminó para ella, y vio el final del camino de más de 11 años de lucha por su inocencia.
Una compañera de celda recibió el llamado de su hijo, quien pidió hablar con ella. Todos sabían allí de su verdad, de su empresa incansable por demostrar que no había matado, que estaba privada de su libertad hace más de una década por el único motivo de “ser mujer y pobre”, como repitió muchas veces.
El final de esa lucha se hizo voz cuando quien llamaba leyó el entonces reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con duras críticas a la Justicia misionera, el máximo órgano absolvió a ella y a Cecilia Rojas por el crimen de Ersélide Dávalos (79), quien fue asesinada en 2001 en Posadas.
“Quedé shockeada. Cuando me condenaron me quedé dura y así también me quedé cuando dijeron que estaba en libertad”, dijo en declaraciones a El Territorio, quien la encontró frente al penal apenas salió al día siguiente. Entonces brindó una sentida entrevista camino al reencuentro con los suyos.
La sonrisa le desbordaba el cuerpo y quedó plasmada para siempre cuando abrazó a sus padres Aurora y José.
Ayer, la noticia de su muerte enlutó a todos aquellos que se involucraron con su historia y su lucha, reflejada incluso en varias oportunidades por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Sus familiares la hallaron sin vida en su casa del barrio El Palomar, donde alquilaba.
La Policía fue alertada por su hermana que desde hace días Cristina no contestaba los mensajes ni atendía a la puerta. Por lo que una comisión se dirigió hasta el lugar a constatar qué había sucedido. Los trabajos de rigor confirmaron luego que se trató de un suicidio. Vázquez, incluso, dejó una carta dirigida a sus padres, donde se despedía y pedía disculpas.
Según pudo reconstruir este medio, Vázquez, que cumplió 38 años el 21 de junio, se había mudado hace unos dos meses al inquilinato, que está a unos pocos metros de la casa de su consorte y amiga Cecilia Rojas y a la vuelta de la casa de sus papás, hermana y sobrina. Ayer, Rojas, que contuvo a la familia en el lugar de los hechos, mencionó que en el último tiempo estaban muy unidas.
También expresó, en un breve diálogo con El Territorio, que no habían recibido ningún tipo de contención después de su liberación. “No tenía ninguna asistencia médica, ni psicológica, ni obra social, ni resarcimiento económico, nada”, coincidió Pamela Cáceres (33), amiga de la familia que siempre estuvo muy cerca del proceso y su tiempo en libertad, además de marchar y pedir por su liberación cada vez que podía.
Cáceres describió a Cristina como una adolescente en el cuerpo de una mujer tras la salida de la cárcel y relató que “tenía vaivenes emocionales y le perduraban las adicciones. No fue fácil para ella. Siempre se la notaba depresiva”. También expresó que la cuarentena por el avance del coronavirus agravó esa situación.
“La Justicia -acusó- nunca se hizo cargo y es 100 por ciento responsable. Cristina es víctima del Sistema Judicial y su muerte se la cargamos al Poder Judicial”, sostuvo.
Reinserción
Luego de salir de prisión, Cristina empezó a trabajar con el padre Alberto Barros en Cáritas. El religioso la visitó durante los once años que estuvo detenida y fue un gran pilar en su reinserción a la sociedad cuando recuperó la libertad. A él le pidió ayuda y mediante la gestión -según contó Barros ayer en una publicación de Facebook- ante el gobernador Herrera Ahuad, le consiguieron un trabajo.
“Sé de tu fe sincera, aún en el dolor y la injusticia. Sólo Dios sabe todas las heridas que fueron marcando tu vida y que hoy las sanó eternamente. Me permitiste ser testigo de tus angustias y esperanzas, de tus ilusiones y frustraciones, de tus risas y llantos”, posteó ayer Barros, luego de informarle en persona a los padres de lo que había sucedido.
En un largo texto, la recordó: “Compartimos momentos de esperanzas, de miedo, de angustias, de alegrías y de enojos. Te dolían los prejuicios sociales y soñabas con un futuro mejor. Celebrábamos los pequeños logros que obtenías en tu esfuerzo por la reinserción. Pero también tus dificultades y complicaciones. Siempre te dije, y te dijimos, que tenés un gran corazón, con enormes valores, muchas capacidades y una gran generosidad. Quiero agradecerte una vez más todo lo bueno que hiciste en este tiempo, tu ayuda a los más pobres, tu preocupación por otras chicas detenidas y tu esfuerzo en el trabajo. Muchas veces te dije que vos me enseñaste mucho y que nos enseñaste mucho”.
“La palabra clave es reflexión, me parece que esa tiene que ser la postura de todos los actores judiciales que tuvieron participar, desde la instrucción, el juicio y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, solicitó ayer Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Sin embargo, a diferencia de los demás consultados, quiso ser prudente en relacionar directamente la decisión de quitarse la vida con el injusto proceso judicial que vivió.
“El principio de inocencia termina siendo la excepción, ese es el gran problema que tenemos. La verdad es que hay personas que están detenidas y que no se ha demostrado que son culpables”, enfatizó, señalando que los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación no son argumentados correctamente en los fallos judiciales.
“Es lamentable y en esta situación tenemos al 50 por ciento de las personas privadas de su libertad en Misiones. Nosotros hicimos un informe a principio de año y actualmente existen personas que tienen más de 12 años con prisión preventiva, otros de 6, o 5. La verdad es que son casos irrazonables”, lamentó el funcionario.
También señaló que la pandemia vino a agilizar los tiempos de la Justicia en la provincia y pidió que se profundicen las alternativas a la cárcel durante el proceso, como una tobillera electrónica o la presentación periódica en una comisaría. Pidió, al fin y al cabo, lo que le negaron a Vázquez durante más de 11 años.
Hablaron las realizadoras de su documental
Magdalena Hernández y Gabriela Cueto, directora y productora respectivamente del documental “Fragmentos de una Amiga desconocida”, exigieron en un comunicado “que los y las responsables de que Cristina haya pasado tantos años en la cárcel, injustamente, reciban algún castigo y que no sigan ascendiendo en la estructura del poder judicial. Exigimos que la vida de Cristina y su sufrimiento no sean en vano. Cristina quería seguir luchando para que la Justicia no hiciera con otros lo que hizo con ella. Es necesario que algo cambie”. Hernández y Cauto también reafirmaron que Vázquez fue abandonada por el Estado. Describieron que tras su libertad “le ofrecieron subsidios paupérrimos y un trabajo en el que sufrió lo que ya había recibido antes: acoso, prejuicios, aislamiento y revictimización. Cristina fue abandonada y expuesta después de que el Estado arruinó su vida y toda posibilidad de futuro. En el camino muchas personas brindaron una mano. Pero frente a la maquinaria cruel y destructiva de un sistema que literalmente come y escupe gente, eso no es suficiente”.
De la sentencia a perpetua a la absolución de la Corte Suprema
La historia de padecimientos de Cristina Vázquez (38) a manos de la Justicia comenzó a mediados de 2001, cuando la vincularon con el homicidio de una anciana en el barrio El Palomar de Posadas, hecho por el cual, a pesar de no tener pruebas en su contra, en 2010 fue condenada a la pena de prisión perpetua tras una polémica sentencia que se transformó en objeto de estudio por diversos organismos nacionales que apuntaba las irregularidades en el fallo y acompañaron durante años a la mujer en su lucha por demostrar su inocencia.
De manera cronológica, el caso data del 27 de julio de 2001, cuando Ersélide Dávalos (79) fue encontrada asesinada a golpes dentro de su casa en un aparante hecho de inseguridad y en la mira del hecho aparecieron tanto Vázquez, que era su vecina, como Cecilia Lucía Rojas -que también terminó siendo absuelta- y su pareja Omar “Kolyno” Jara.
A partir de ahí comenzó un largo proceso de investigación que, entre idas y vueltas, mantuvo a los tres involucrados más de una década tras las rejas.
Tanto Vázquez, como Rojas y Jara, fueron detenidos al comienzo de la pesquisa y tiempo después fueron excarcelados con la falta de mérito, pero una apelación de la familia de la víctima los dejó nuevamente tras las rejas en 2008 y de esa forma llegaron a juicio oral en el año 2010.
Por aquél entonces, haciendo uso de sus últimas palabras antes de conocer la sentencia, Vázquez afirmó su inocencia y en determinado momento dirigió su mirada a la hija de la víctima. “Yo no maté a su madre”, le dijo.
El debate oral culminó el 20 de mayo de 2010 y los tres implicados fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido en ese entonces por Marcela Leiva y conformado además por Selva Zuetta y Fernando Verón.
Ese veredicto a perpetua fue apelada en varias oportunidades, a tal punto que fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones tras una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que había solicitado que revean la sentencia.
Después de ello, el caso volvió a ser apelado y regresó a la Corte, en lo que constituía la última posibilidad de que Vázquez recuperase su libertad, algo que finalmente se dio en diciembre del año pasado, tras once injustos años de encierro que la privaron de llevar una vida normal y concretar todos los sueños que tenía al momento de su detención.
Qué dijo la Corte
En la resolución absolutoria, dictada por unanimidad, los magistrados de la Corte consideraron procedentes las últimas apelaciones presentadas en su momento por Vázquez y Rojas, en tanto que en sus consideraciones efectuaron severos llamados de atención para el STJ misionero.
En la sentencia, tras enumerar los errores y las contradicciones detectadas en la valoración de las pruebas efectuadas por el tribunal que condenó a Vázquez, la Corte señaló que la posterior revisión del STJ fue “deficitaria”, además de “sesgada y parcial”.
En el párrafo 17 del fallo, por ejemplo, consta que “las circunstancias expuestas como déficits que presenta la revisión -insuficiente- efectuada por el a quo, incumpliendo de ese modo con lo resuelto por este máximo tribunal, ponen en evidencia la gravedad de lo acontecido en este proceso, donde, casi sin esfuerzo, es posible constatar que las versiones de descargo de las acusadas no fueron examinadas con la exhaustividad que el caso exigía”.
Acto seguido, recordaron el valor del principio de inocencia que rige en el país según la Constitución Nacional y en el párrafo 19 añadieron que “el caso que por segunda vez es aquí traído a los estrados de esta Corte resulta ser un claro ejemplo de un proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo (beneficio de la duda) como consecuencia de una sesgada y parcial revisión del fallo”.
Asimismo, al volver a mencionar que la primera revisión fue deficitaria, los ministros de la Corte dejaron asentado en su fallo que “este máximo tribunal considera conveniente y necesario recordar al tribunal a quo que en el diseño constitucional argentino (…) sus decisiones son finales. Ninguna Tribunal las puede revocar” y, por lo tanto, “sus sentencias deben ser lealmente acatadas”.
Estudio y acompañamiento
Durante todos estos años de procedimiento recursivo, varios organismos tomaron intervención en la causa, entre ellos la Asociación de Pensamiento Penal (APP), que agrupa a funcionarios judiciales, abogados y docentes de todo el país.
El estudio de la causa realizado por APP concluyó en su momento que en el fallo que condenó a Vázquez no hay rastros ni huellas que la involucren con el homicidio.
“Cristina fue condenada por ser mujer y ser pobre”, expresó en su momento Indiana Guerreño, presidenta de APP al dialogar con este matutino a mediados de 2018.
Entre las conclusiones del estudio realizado por APP, que se constituyó como amicus curiae (amigo de la corte o del tribunal) en la causa, apuntan que además de la ausencia de rastros y huellas de la imputada en el fallo también hubo imparcialidad, irregularidades en las valoraciones de las pruebas y falta de perspectiva de género.
De la situación de Vázquez también estuvo muy pendiente Nora Cortiñas, militante de los derechos humanos y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien la visitó mientras estaba detenida y al día siguiente de su liberación. el 27 de diciembre del años pasado, llegó hasta su casa para volver a verla, saludarla y abrazarla.
Lejos de saber lo que iba a enfrentar en los meses posteriores, después de una vida partida al medio por un sistema judicial que la estigmatizó y condenó para luego practicamente abandonarla a pesar del irreparable daño ocasionado, Vázquez en esa ocasión se permitió reflexionar sobre su situación y mirar hacia adelante.
“Lo que yo quiero es que los magistrados tomen conciencia de que tienen en sus manos no sólo la vida de uno, sino la de toda una familia que está detrás de uno. Y que cambie el sistema machista que hay en el poder judicial. Con este fallo quiero que ellos tomen conciencia, de aceptar sus errores y no por tener un error son los peores, todos tenemos errores, pero es cuestión de admitir y no tener el ego tan allá arriba. Es el ego y el poder lo que enceguece a todos”, expresó.
El fallo como ejemplo para la reforma judicial
El caso se transformó en un emblema de la lucha contra las irregularidades de la Justicia y el fallo de la Corte tomó un valor histórico, a punto tal que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo utilizó en varias oportunidades como argumento para explicar la necesidad de una reforma judicial en el país, que casualmente hoy tiene tratamiento en el Senado. “Tenemos que ver si la Corte sólo puede intervenir en casos de sentencias definitivas. Se conoció un fallo de la Corte que absolvió a dos mujeres que había sido condenadas por un homicidio. Las absolvió diciendo que no había ninguna prueba para acusarlas y después de once años de prisión. Uno se pregunta: ¿qué hacemos con los años que esta mujer estuvo presa por el formalismo de una sentencia definitiva?”, expresó Fernández en una entrevista televisiva en enero.
