El exministro de Defensa Oscar Aguad llegó al juzgado federal de Dolores con un objetivo: declarar que Mauricio Macri se enteró de los reclamos de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan a través suyo. En ese sentido, aportó un petitorio fechado el 5 de febrero de 2018. Sin embargo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a través de su delegación Mar del Plata, ya había enviado dos días antes un informe con los que serían los planteos que harían los parientes en el encuentro previsto para el 6 de febrero de ese año en la Casa Rosada. Para las querellas, Aguad no logró su cometido de desvincular al expresidente y, por el contrario, brindó un testimonio confuso.
Aguad ingresó minutos más tarde de lo previsto a la audiencia testimonial ante el juez Martín Bava, que investiga el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Su declaración había sido pedida por Macri. Lo esperaba en el edificio de la calle Buenos Aires el abogado del expresidente, Pablo Lanusse, entre otros. El político cordobés habló de su relación con los familiares de los submarinistas y protagonizó un cruce con Bava cuando el juez le preguntó cuán prioritaria era la búsqueda.
El exministro llegó con dos papeles para dejarle a Bava con la intención de hacer caer la acusación contra Macri. Por un lado, unas notas fechadas el 25 de enero de 2018 de una reunión que había mantenido con familiares del ARA San Juan. Parte de ese papel estaba tipeado; la otra parte tenía agregados hechos a mano. Por otro lado, un petitorio con las firmas de familiares y tenía como fecha el 5 de febrero de ese año. La querella que encabeza Valeria Carreras impugna la veracidad de ese documento.
El argumento central de Aguad fue que Macri estaba interesado en la reunión del 6 de febrero de 2018 y que él le anticipó los temas que podrían surgir en ese encuentro con las familias. Por ende, si Macri se enteraba por el ministro de Defensa –que estaba en contacto con los parientes–, no eran necesarios los informes que enviaba la AFI, según explicó Aguad.
Sin embargo, la documentación que está en la causa muestra que la AFI Mar del Plata envió un informe detallado el 3 de febrero de 2018 –dos días antes del petitorio que llevó Aguad y tres días antes del encuentro con Macri– en el que identificaba a familiares y cuáles serían sus peticiones.
En ese memo, los espías individualizaron a cuatro mujeres y sus reclamos. Por ejemplo, decían que Marcela Moyano le reclamaría a Macri “que tendría que haber venido nuevamente a la base”; que Itatí Leguizamón le recriminaría que “saben algo y no se lo dicen” o que Paola Constantini pediría “que se contrate lo que haya que contratar” para encontrar el submarino. Por último, el informe concluía que intentarán “reprochar” un desamparo. Lo curioso es que los espías usaron las comillas para dar cuenta de que se trataban de declaraciones textuales.
Probablemente la defensa de Aguad no haya sido muy exitosa. Desde el entorno del expresidente guardaron silencio después de la declaración. También se presentó como testigo el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis, quien estaba previsto que aportara detalles acerca de cómo funcionaba la Casa Militar, encargada de la seguridad del presidente. La hipótesis de Macri es que, si la AFI desde su delegación Mar del Plata realizó tareas sobre los familiares, fue porque estaba trabajando en la “avanzada presidencial” que se hace cuando un presidente visita un determinado lugar para evaluar los potenciales riesgos. Lo que no queda claro es por qué los familiares serían un riesgo para el presidente y por qué esos informes se mantuvieron en el tiempo, aún cuando Macri no estaba por visitar la ciudad balnearia.
Durante la declaración de De Andreis, Bava y Lanusse protagonizaron un nuevo choque cuando el juez impidió que el abogado le preguntara al exfuncionario si había recibido informes por parte de la AFI. Bava advirtió que podía autoincriminarse, mientras que Lanusse protestó porque, según la mirada del juez, la actividad de la AFI estaría regida por la ilegalidad.
Los próximos pasos
Bava citó para el jueves al exjefe de la Casa Militar José Luis Yofre y al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Cecati. Para más adelante quedarán las declaraciones de Alejandro Guglielmi, que secundó a Yofre en la Casa Militar durante el macrismo, de la interventora de la AFI Cristina Caamaño y del diputado macrista Cristian Ritondo. Todos ellos ya fueron relevados del deber de guardar secreto por el presidente Alberto Fernández.
Mientras avanza con las declaraciones, Bava debe resolver la situación procesal de Macri y de los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste. Es probable que el juez espere a que la Cámara Federal de Mar del Plata revise la segunda recusación que presentó Macri contra él.
El tribunal de apelaciones marplatense realizará una audiencia el viernes al mediodía, como pidió Lanusse, para definir si Bava continúa en la causa. El eje de la segunda recusación fue lo que sucedió en la audiencia del 28 de octubre, cuando Macri dijo que no podía declarar porque no le habían levantado el secreto. Para eso la Cámara pidió la grabación de la audiencia y, según supo este diario, ya se reunieron los tres jueces que resolverán –Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín— para verla.
La Cámara podría resolver el mismo viernes por la tarde o esperar a los días después de las elecciones. Macri prácticamente no habló ante Bava, solo lo chicaneó con que no quería demorarlo para que llegara a tiempo a procesarlo antes de los comicios del domingo.
