Una serie de reuniones llevó a cabo el diputado nacional Héctor «Cacho» Bárbaro para encontrar una solución que amortigüe el impacto sobre el sector productivo y el turismo, a partir de la aplicación plena de la Disposición 323/2019, que desde el 1° de abril suprimirá la patente 101 de trailers, remolques y casas rodantes, los que deberán contar con una nueva identificación y un certificado de seguridad mediante trámites de difícil cumplimentación y altos costos.
Bárbaro resaltó la predisposición del titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Julián Martínez Carigliano; y del presidente del Congreso Nacional, Sergio Massa, ante quienes planteó los inconvenientes que traerá la aplicación de la normativa en Misiones.
«Solicitamos una nueva prórroga o la revisión de las exigencias que son de difícil cumplimiento para los productores rurales y los emprendedores que usan trailers para el traslado de su producción; también planteamos la afectación al turismo interno que utiliza trailers y casas rodantes. Hay buena disposición y comprensión de las implicancias, por lo que confiamos en el trabajo conjunto para encontrar salidas menos engorrosas y que no afecten la seguridad vial», señaló el legislador, quien también compartió la inquietud con sus pares misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández. La urgencia, explicaron, es que dentro de apenas dos semanas se comenzaría a aplicar multas a quienes no lleguen a realizar los trámites.
Difícil y caro
En la provincia no existentalleres de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) donde realizar el informe técnico que será requisito previo al otorgamiento del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que ahora se requiere para el nuevo patentamiento.
Como no hay talleres homologados en Misiones, para obtener el certificado habrá que contratar a un ingeniero mecánico, electromecánico o automotor que tenga la matrícula profesional del Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones. Una vez que se completó el informe, deberá ser remitido al Consejo Profesional de Ingeniería que tiene sede en Posadas, por lo que el interior quedará limitado por la distancia y los altos costos.
Solo el informe tendrá un costo de $8 mil, más los gastos administrativos, de readecuación y patentamiento, «suma elevada para las lastimadas economías de nuestros pequeños productores y emprendedores de la economía popular que están atravesando una emergencia agropecuaria por sequía e incendios, reconocida incluso por nuestro gobierno nacional por Resolución 21/22 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca», agregó el diputado Bárbaro al ampliar los motivos que expuso ante los funcionarios nacionales.
«Encontramos receptividad y seriedad en el análisis de las particularidades que planteamos, por lo que confiamos en que pronto podamos acordar una corrección», finalizó.
