A diez días de las elecciones en Jujuy, Gerardo Morales se anotó el triunfo que más buscaba: una nueva condena contra Milagro Sala. Para ello contó con la ayuda del Tribunal Oral Federal (TOF) local quedesempolvó la vieja causa del escrache a huevazos contra el propio Morales de 2009, en el que no había participado la dirigente social y por el que ya había recibido una condena en 2016. Ahora los jueces le agregaron el delito de amenaza y agravaron la pena a tres años y medio de prisión. “El fallo es completamente ilegal en tanto se dicta en una causa que está prescripta. Esta condena en ningún caso puede tener efecto”, dijo Marcos Aldazabal, abogado de Sala, a Página/12. “Lamentablemente no nos sorprende que la Justicia de Jujuy esté siendo funcional a la campaña electoral que se está llevando adelante en esa provincia”, añadió, por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien sostuvo que la persecución que se viene llevando adelante contra Sala compromete la responsabilidad del Estado argentino ante organismos internacionales.
En menos de una semana Milagro Sala tuvo que comparecer ante el TOF de Jujuy sin haber tenido tiempo de ver a sus abogados, fue sacada esposada y a punta de Ithaca para conocer una nueva acusación en su contra y recibió una agravación de la pena en una causa de 2009. Esa causa, motorizada por el propio Morales desde que era senador, tomó impulso una vez que asumió como gobernador. En diciembre de 2016, cuando Sala ya llevaba casi un año presa, el TOF de Jujuy la condenó por haber supuestamente instigado una protesta contra Morales que se había hecho siete años antes. Sala no estaba siquiera en la provincia, pero para condenarla tomaron como ciertos los dichos de René Orlando Orellano que había declarado que la protesta se había organizado dos días antes en la casa de Milagro. Lo que Orellano olvidó declarar fue que era empleado de la gobernación de Morales, el principal interesado en conseguir la condena de Sala.
La causa llegó a Casación en 2017. Allí, el fiscal Javier De Luca se pronunció por la absolución de la dirigente social, mientras que los integrantes de la Sala IV –Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani– confirmaron la sentencia y ordenaron al tribunal de Jujuy dictar sentencia también por el delito de amenazas, por el que habían sido absueltos. La causa fue a la Corte en 2018, que rechazó el recurso por no ser sentencia definitiva, y, desde entonces, no hubo novedades.
En realidad, no hubo novedades hasta el mes de las elecciones provinciales. El 4 de junio, el TOF rechazó la prescripción de la causa pedida por la defensa de Sala, el 8 de junio convocó para una audiencia que se haría dos días después. Milagro Sala no tuvo ni tiempo de discutir una estrategia con sus abogados, que ni siquiera estaban en Jujuy. Aldazabal participó por Zoom desde Buenos Aires. Durante la audiencia, el presidente del tribunal, Mario Juárez Almaraz, anticipó que iban a mesurar la pena, dejando en claro cuál iba a ser el resultado del proceso. Para entonces, Morales vociferaba que quería siete años y medio de prisión para Sala y que la cumpliera en el penal federal de Güemes –donde estuvo alojada un breve lapso durante el macrismo, lo que sirvió para que los espías penitenciarios la ficharan y lo compartieran con los Súper Mario Bros, como surgió en la causa de espionaje de Lomas–. Este jueves se conoció que los jueces agravaron en seis meses la pena que ya le habían dictado a Sala en 2016.
Uno de los argumentos más sorprendentes del TOF para agravar la pena fue que la protesta fue contra el propio Morales cuando ejercía como senador –sin hacer demasiado esmero por mostrar lejanía con el gobernador–. “Un Senador elegido por voto popular, representa a uno de los poderes del Estado, Poderes que se erigen en pilares de la forma republicana de gobierno y, como tal es merecedor del respeto y la custodia de la institución democrática que representa”, se emocionaron.
La causa, en sí, es un compendio de irregularidades:
* Se dictó sentencia en una causa que ya estaba prescripta. La fiscalía incluso dijo que ya regía la prescripción para el delito de amenazas, que es el que ocasionó la nueva condena;
* Dos de los jueces que dictaron la sentencia, Juárez Almaraz y Alejandra Cataldi, ya habían fallado absolviendo a los imputados por el delito de amenaza en 2016. Ahora, votaron lo contrario.
* La tercera jueza, Marta Liliana Snopek, es prima hermana de la pareja del gobernador Morales. No participó del debate de 2016, por ende no conoce las pruebas de primera mano. La jueza dijo que debía hacerse un nuevo juicio, pero aún así votó por el agravamiento de la pena.
* El 30 de junio está prevista una audiencia en Casación porque la Corte Suprema le dio la razón a Ramón Salvatierra, otro de los imputados, a quien no lo dejaron elegir a su propio abogado y el TOF le impuso un defensor oficial de prepo. Eso puede acarrear con toda probabilidad la nulidad del juicio.
La semana pasada, como publicó este diario, la defensa de Sala le pidió la intervención al máximo tribunal penal ante lo que se percibía como un nuevo atropello contra la líder social que lleva cinco años y cinco meses presa –mucho tiempo más de lo que le asigna esta condena–. Este miércoles, la defensa denunció a los tres jueces del TOF ante el Consejo de la Magistratura. Después de las denuncias de Milagro por el accionar del Servicio Penitenciario de Jujuy, los representantes del Frente de Todos (FdT) en el Parlasur manifestaron su apoyo y también su acompañamiento al acampe que la Tupac prepara para julio en Plaza de Mayo.
La mirada de los organismos
“Nuestro apoyo es para la libertad de Milagro”, dice Carlos Pisoni, referente de HIJOS. “No hay ningún tipo de estado de derecho en Jujuy porque allí la situación no ha cambiado. Vemos un constante hostigamiento y persecución contra Milagro, que está presa porque es coya, peronista y mujer”, señala.
“Desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos siguiendo el tema con mucha atención porque existe una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que está vigente y que obliga a todas las autoridades del Estado: al poder ejecutivo provincial, a las autoridades judiciales, provinciales y federales a proteger la vida y la integridad física de Milagro”, explica Pietragalla Corti. “Medidas como las que está adoptando el gobierno de la provincia y la justicia provincial y federal comprometen la responsabilidad internacional del Estado”.
En la semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Andhes solicitaron a la Corte IDH que mantenga las medidas provisionales que dictó en 2017 a favor de Sala. “A lo largo de los últimos meses identificamos varios episodios en los que Milagro Sala era acusada por el propio gobernador o por funcionarios de alta jerarquía. En las últimas semanas, el gobernador Morales empezó a señalar que debía ir a la cárcel de manera efectiva”, resaltó Diego Morales, el director de Litigio y Estrategia Legal del CELS.
Ante ese panorama, es probable que la Corte IDH vuelva a pronunciarse a favor de la dirigente social.
