La acción de vindicación está prevista en el artículo 79 de la Constitución de la Provincia de Misiones, que señala: “El funcionario o empleado a quien se impute delito cometido en el ejercicio de su cargo está obligado a acusar judicialmente para vindicarse, bajo pena de su destitución, y gozará del beneficio de gratuidad procesal”.
Junto con la presentación voluntaria y por escrito de los legisladores del Partido Agrario y Social, también acompañaron copia certificada de la publicación del comunicador Aníbal Kovalski en sus redes sociales, en la que los involucró directamente en el hallazgo de una plantación de marihuana en dos hectáreas del paraje Inter, de la localidad de Dos Hermanas, en la primera quincena del mes de diciembre de 2020. La publicación de Kovalski, que se hizo viral, sostiene que ambos legisladores serían directos responsables de la plantación, por lo que tanto Bárbaro y Sereno también solicitaron al juez que lo cite a declarar, atento a que el periodista asegura tener “fuentes de la investigación” para difundir la versión.
“Somos respetuosos de la libertad de expresión, estamos acostumbrados a las operaciones políticas a través de supuestos comunicadores, pero este caso es gravísimo porque nos involucran en una actividad delictiva que es un flagelo para miles de familias con hijos y afectos víctimas de la droga. El límite es claro, llegó el momento de marcar hasta acá muchachos”, señalaron los legisladores.
En Misiones sería el primer caso de funcionarios públicos que recurren a la figura constitucional de vindicación, no solo poniéndose a derecho y solicitando ser citados en el carácter que el juez juzgue conveniente, sino también renunciando expresamente a sus fueros en caso de que el magistrado considere viable su comparencia.
Si bien también iniciarán las demandas civiles y penales por el daño personal, ambos entendieron que la acción de Vindicación prevista en la constitución era la adecuada atento a la gravedad de la imputación: “Esta vía es mucho más adecuada porque más allá de atacar a las personas por razones políticas, en la publicación se afecta a las instituciones y al propio sistema representativo cuando se lesiona la credibilidad y la seguridad jurídica. Mal podría confiar un ciudadano en las instituciones si les están haciendo creer que dos representantes electos por el voto popular son narcos”, finalizaron.
