Vecinos, colonos y empleados, se reunieron este jueves por la tarde frente al campo del cual fuera desalojada Arazi “doña Sisa” Silveira (84) en Itacaruaré, para reclamar y pedir justicia. Así lo explicó en dialogo con FM Alto Uruguay Lucas Rodríguez, uno de los presentes en el lugar.
En el lugar también se hizo presente el diputado Isacc Lenguaza, quien había pedido la revisión de los casos en los que intervino un cuestionado escribano, el ex presidente del Colegio de Abogados, el abogado de la familia damnificada y el contador Cristian Castro, quienes brindaron total apoyo a la familia y además asesoraron a varios de los vecinos que tienen el mismo problema con sus títulos de propiedad.
Empleados de doña Sisa contra la decisión de la jueza Zuetta
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Entre los manifestantes que se reunieron esta tarde frente al campo del cual fuera desalojada doña Sisa Silveira (84), se hicieron presente trabajadores que dependen económicamente de doña Sisa y que, a raíz de la expulsión de las tierras, se quedaron sin el trabajo con el que mantenían a sus familias, y advirtieron que se manifestarán en contra de la jueza Selva Raquel Zuetta, quien ordenó el desalojo.
“Decidimos hacer protesta contra la Jueza. Sé que ella -por la Magistrada- es una autoridad, y yo no soy nadie, pero lo que ella hace es injusto, es muy sinvergüenza porque corre atrás de la plata sucia”, manifestó una de las trabajadoras visiblemente enojada.
La mujer manifestó además que desde hace 8 años trabaja en blanco en estas tierras. “Me crié con doña Sisa, ayude a plantar pino, a plantar yerba, a limpiar”, señaló, “y ahora me quedo sin trabajo por la desición de una jueza, y que viene un ladrón a sacarnos el pan de cada día a nosotros. No le vamos a dejar”, advirtió.
Cabe recordar que, en el caso del campo en Itacaruaré, la productora Arazi Silveira (“Doña Sisa”, 86) y su hijo Ramón Ángel Tymcziszyn (46) se vieron despojados de la chacra que aseguran que perteneció a su familia desde 1957 y en la que explotaban unas 25 hectáreas de yerba y 20 de forestación.
El mes pasado aparecieron dos personas con un título de propiedad, derivado de uno anterior denunciado como falso ante la Justicia Civil, y pese a ello, la Justicia Penal decidió entregar las tierras a los supuestos nuevos dueños, cautelarmente y previo pago de una caución de 3 millones de pesos.
