Diputados misioneros solicitan que las empresas del Sistema Integrado de Transporte hagan público los montos de los subsidios que reciben para prestar el servicio
En Radio Libertad el diputado provincial dijo que la presentación se realizó el jueves en la última sesión dela Legislatura misionera. Así, indicó que la idea es saber cuál es la realidad de los subsidios que recibe las empresas que brindan el servicio de transporte público, por parte de la Nación, la provincia e incluso la Municipalidad de Posadas.
“Hace dos meses el Gobernador de la provincia había anunciado que la Nación seguía pagando los subsidios hasta el mes de septiembre. También dijo que se triplicaron esos subsidios que venían a la provincia, queremos saber qué va a pasar después en septiembre, porque vamos a tener que volver a pedirle a la Nación que nos sigan dando para que los boletos se sigan manteniendo, digamos, al mismo precio”, añadió.
En ese marco remarcó que el denominado “Grupo Zeta” tiene un amplio historial de subsidios. “Ellos tienen subsidio de la Nación, de la Provincia y del propio Municipio. Y cuando hablas de subsidio de la provincia, un vecino que vive en Andresito, Pozo Azul, Aurora que paga sus impuestos y esos impuestos también van a parar al Grupo Z, por más que nunca haya usado este el transporte público aquí en Posadas”.
Respecto a la información sobre las cifras o los montos del dinero en concepto de subsidios, el Diputado, admitió que no cuentan con información.
“Es plata del Estado y tenemos que saber los ciudadanos cuánto viene y cuánto va para estas empresas. Sabemos que hay un fideicomiso, inclusive que es un gran privilegio porque el dinero va a ese fideicomiso después de se reparte prácticamente en forma automática. La empresa del Grupo Zeta cobra inclusive antes que cualquiera, la verdad que es importante saber los números reales de cuánto está recibiendo”, enfatizó.
Asimismo, hizo referencia a la publicación de un diario local donde señalaba que la empresa en cuestión recibe “más de 120 millones de subsidio, en forma mensual, que es una barbaridad”.
“Son alrededor de 600 mil pesos por colectivo en forma mensual y con el cálculo que se puede hacer la persona transportada de los que pagan su boleto, estaríamos hablando de 230 millones por ingreso empresarial por mes, la verdad que es una barbaridad. Solamente con los subsidios que reciben, pueden hacer funcionar toda la empresa(…) No tiene control la empresa, esto fue histórico no de este gobierno, desde que yo me acuerdo pasa lo mismo”.
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
COMUNICA
QUE VERÍA CON AGRADO:
Que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Transportes, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación; del Banco Macro SA en su rol de agente oficial de la provincia y/u demás organismos del Estado con injerencias en la materia, en relación a los fondos (subsidios) que ingresan y se reparten a través del Fideicomiso de Administración Decreto 171/2007; al incremento permanente de estos subsidios o subvenciones; al control real sobre recaudación, pasajeros transportados y kilómetros recorridos por las empresas que integran el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITM) y al retraso en la aplicación del Sistema SUBE nacional en las unidades del transporte de las ciudades de Posadas, Garupá y Candelaria; informe lo siguiente:
1) Montos totales ingresados al Fideicomiso de Administración Decreto 171/2007 en los años 2016-2017-2018-2019 y 2020 como aportes (subsidios) de origen nacional, provincial o municipal.
2) Montos egresados del Fideicomiso de Administración Decreto 171/2007 y distribuidos entre las empresas Casimiro Zbikoski SA, Nuestra Señora del Rosario SRL, Nuestra Señora del Rosario SA, Tipoka SA y Bencivenga SA en este lapso de tiempo.
3) Instrumentos jurídicos que autorizaron las adecuaciones e incrementos de los subsidios para los concesionarios del SITM durante los años 2016-2017-2018-2019 y 2020, tanto provinciales, como nacionales y municipales, incluidos las actas-acuerdo y el contrato de fideicomiso original.
4) Se remita a esta Legislatura la documentación que avala las adecuaciones y que integran los cálculos realizados en el marco de la ecuación polinómica determinada por el Decreto 171/2007.
5) Particularmente se remitan certificaciones, declaraciones juradas de cada una de las empresas sobre pasajeros transportados, registros GPS, documentación elaborada por la empresa Servicios Urbanos SA en base a tickeadoras y/o registradoras fiscales; y/u otra documentación que acredite fehacientemente la recaudación, pasajeros transportados y kilómetros recorridos por las unidades afectadas al SITM, documentación que fuera considerada válida para la elaboración de la fórmula polinómica, la determinación de los aumentos en el costo de los boletos y el incremento de las subvenciones durante los años 2016- 2017, 2018, 2019 y 2020.
6) Detalle las gestiones que ha realizado el gobierno de la provincia de Misiones para posibilitar que se implemente el sistema de control de recaudación conocido como Sistema SUBE nacional, y motivos por los cuales no se implementó a la fecha.
FUNDAMENTOS
El 25 de junio de 2020 el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, informó a través de su cuenta de Twitter que “mediante gestiones que permitieron la firma de un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación, se prorroga por cuatro meses, desde junio a septiembre del corriente año, el subsidio nacional a empresas de transporte urbano e interurbano de Misiones”. En la misma línea, el mandatario señaló que “el Gobierno provincial se compromete, además, a mantener el subsidio que venía abonando el año pasado” y finalmente advirtió que “con este convenio se triplican los montos del subsidio nacional en comparación al año pasado, logrando que un pasajero de Misiones acceda a los mismos beneficios que un pasajero del resto del país, incluso de la zona metropolitana de Buenos Aires, en plano comparativo.”
Fueron datos generales en torno a un tema que siempre preocupa a la sociedad misionera. Con la escueta información que se nos fue otorgada, los misioneros no pudimos dilucidar algunas cuestiones importantes, por ejemplo, cuánto reciben las empresas del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano por compensaciones tarifarias y subsidios nacionales, provinciales y municipales.
Este pedido de informes busca clarificar y acercar a la Legislatura, y por ende a la comunidad, estos datos de vital importancia. Nos centramos en las empresas del SITM porque son las únicas de la provincia que reciben los tres tipos de subsidios (nacionales, provinciales y municipales) y tienen los aportes asegurados mediante la constitución de un fideicomiso que constituyó la provincia y que administra el Banco Macro SA desde el año 2007.
Particularmente nos interesa conocer -con documentación- el aval de cada decisión tomada en torno de los subsidios provinciales al SITM desde 2016 en adelante, porque de la poca información que se puede conseguir en internet, surgen dudas y detalles que no cierran.
Por ejemplo, en abril de 2016 la EUTA (Empresarios Unidos del Transporte Automotor, que nuclea exclusivamente a las empresas del grupo vinculado a Casimiro Zbikoski SA) “celebraron el aumento de subsidios nacionales que anunció Macri”. Eso fue cuando el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció el incremento del 37 por ciento en los subsidios destinados a compensar las tarifas.
El 8 de noviembre de 2016, siete meses después del aumento nacional, la provincia emitió la Resolución 685 del Ministerio de Hacienda por la que autorizó el aumento de los subsidios provinciales a las mismas empresas. Adujo que los costos de explotación se habían y que en función de la “ecuación polinómica”, las empresas debían cobrar un boleto 110% más caro que el precio de ese momento, sobre el cual ya se había autorizado un incremento de “solamente” el 57,87%. Es decir, se autorizó un aumento del subsidio por encima del aumento de casi el 60% que tuvieron que soportar los usuarios.
Así, las empresas Casimiro Zbikoski SA; Nuestra Señora del Rosario y Tipoka pasaron a percibir $4.231.554 por mes (cobro retroactivo a julio), provenientes de las arcas provinciales y a través del fideicomiso que les asegura que cobren incluso antes que cualquier proveedor del Estado. Bencivenga, en tanto, pasó a cobrar $ 422.109 por mes.
Apenas cinco meses después, el 17 de abril de 2017, mediante la Resolución 148 del Ministerio de Hacienda, el gobierno misionero les duplicó el subsidio a las mismas empresas Casimiro Zbikoski SA; Nuestra Señora del Rosario y Tipoka, que pasaron a cobrar $ 8.885.219 (más del 100% de incremento en la subvención) mientras que la empresa Bencivenga siguió cobrando $ 422.109 por mes, es decir, “cero” por ciento de aumento en los subsidios provinciales).
Desconocemos cuál fue el incremento en los subsidios provinciales y municipales durante los años siguientes a la fecha, por eso es importante que nos abran los datos para saber si se incrementaron en el mismo nivel y solo para un grupo empresarios, lo que llevaría la cifra a niveles asombrosos. Máxime cuando el gobierno de Macri suspendió los subsidios nacionales en 2018. Si todo eso lo absorbió la provincia, cuánto dinero estamos dándole al Grupo Z –como lo conoce el público en general- de las arcas provinciales? ¿Por qué se sigue manteniendo el monto de los subsidios provinciales si el gobierno nacional ya repuso las subvenciones caídas?
Según el anuncio del primer mandatario provincial, el aporte de subsidios nacionales al transporte se triplicó en Misiones durante 2020, pero la provincia se comprometió a seguir pagando en subsidios provinciales lo mismo que a finales de 2019. ¿Qué lógica tiene ese compromiso?
No lo sabemos, por eso pedimos que se nos entreguen copias de las normas que autorizaron cada aumento de subsidio, documentación que acredite en base a qué datos se establecieron esos incrementos y detalles del movimiento de cuentas del Fideicomiso de administración que a través del Banco Macro, recibe y reparte todos los subsidios a las empresas del SITM.
Este proyecto es importante por varios motivos. El primero de ellos es que en setiembre, provincia y Nación deberán volver a discutir el aporte de subsidios nacionales, y la falta de información al respecto podría terminar perjudicando a los usuarios.
Respecto de los subsidios provinciales, la transparencia es importante porque son fondos provenientes de los impuestos que pagan todos los misioneros, usen o no usen los colectivos de las firmas Casimiro Zbikoski SA, Nuestra Señora del Rosario y Tipoka.
Estos datos y documentaciones que solicitamos es información pública y la comunidad tiene derecho a conocerla. Por el deber de transparencia activa que tienen las empresas al ser concesionarias de un servicio público, ellas mismas debieran abrir esos datos para el acceso libre de todos los ciudadanos.
Acceder a esa información también nos permitirá comparar las condiciones en las cuales prestan servicios las empresas del interior provincial que no reciben subsidios o los reciben a cuentagotas, y que apenas subsisten después de la paralización total de los recorridos interurbanos. Y que pese al servicio público indispensable que brindan, ni sueñan con acceder a este paquete de subvenciones asegurado mediante un fideicomiso.
Vale requerir de igual manera que se remitan los antecedentes sobre las tratativas de la provincia para la implementación de la tarjeta SUBE nacional, un mecanismo transparente que centraliza todas las recargas de los plásticos en un solo sistema y posibilita el control de la recaudación real, la cantidad real de pasajeros transportados, los kilómetros realmente recorridos. En Misiones, la “SUBE Misionero” es administrada por una empresa creada con capitales de Casimiro Zbikoski, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, por lo que mal podríamos confiar en datos proporcionados por quienes estarían directamente interesados en manipular las estadísticas a su favor. Entendemos que el Estado misionero debe ser el primer interesado en terminar con este oscurantismo en torno a la recaudación de las empresas del SITM.
Vale en este punto recordar que jamás funcionó el promocionado Centro de Monitoreo y Control del Transporte Público Colectivo para el Área Metropolitana que se inauguró en 2015 y que demandó la inversión de 700 mil dólares (unos sesenta millones de pesos al cambio actual oficial) aportados por el Banco Mundial. Ese centro supuestamente iba a controlar los recorridos en tiempo real con equipos de GPS en las unidades, para cumplimentar así las exigencias del gobierno nacional, cansado de aportar subsidios en base a “declaraciones juradas” de las empresas. Lamentablemente no sabemos por qué hasta se hizo un acto de inauguración pero jamás se puso en marcha ese sistema, como tampoco pudimos saber qué pasó con este dinero ya que el pedido de informes elaborado por los diputados del Pays nunca se aprobó en esta Legislatura para su trámite.
Otro punto que justifica este pedido de informes es el perjuicio directo que tienen los misioneros por no contar con la SUBE nacional. Es lamentable que los vecinos más pobres de Posadas, Garupá y Candelaria no puedan viajar con un boleto a mitad del precio actual porque no pueden acceder a la Tarifa Social Federal.
La Tarifa Social Federal de la Tarjeta SUBE nacional es un beneficio que permite viajar con un 55% de descuento en el transporte público a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, excombatiente de la Guerra de Malvinas, beneficiario de la AUH, monotributistas sociales, beneficiarios de las becas Progresar y titulares de programas oficiales de asistencia como el Hacemos Futuro.
Actualmente, el descuento rige en el área Metropolitana de Buenos Aires, Bahía Blanca, Catamarca, Cipolletti, Comodoro Rivadavia, Corrientes, Formosa, General Pico, General Pueyrredon, Gualeguaychú, Jujuy, Necochea, Neuquén, Olavarría, Palpalá,
Paraná, Partido de la Costa, Pergamino, Pinamar, Rafaela, Rawson, Resistencia, Río Grande, Roque Sáenz Peña, San Carlos de Bariloche, San Juan, San Luis, San Martín de los Andes, San Nicolás de los Arroyos, Santa Fe de la Vera Cruz, Santa Rosa, Trelew, Ushuaia, Venado Tuerto, Viedma y Villa Allende; que son las ciudades y municipios que sí aplican la SUBE nacional.
Finalmente, expresamos nuestra preocupación por el accionar de este grupo empresario que concentra las quejas y reclamos de la población por la cuestionable calidad del servicio público que brinda, y que además, según se supo públicamente, es capaz de boicotear, atacar colectivos, someter a los pasajeros y choferes a situaciones de peligro y perjudicar a otras prestadoras en una suerte de recurso mafioso que buscaría anular la competencia. Todas estas acciones ya no tienen lugar en nuestra comunidad y en estos tiempos. Ya no se pueden tolerar.
Por estos y otros fundamentos sobre los que ampliaré al momento del tratamiento legislativo, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de Comunicación.
