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Doble veto a la Emergencia en Discapacidad y moción de censura para Guillermo Francos

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¿Se puede vetar dos veces la misma ley? Al menos para el Gobierno sí, se puede. Javier Milei y su jefe de gabinete, Guillermo Francos, inventaron una novedosa fórmula jurídica para devolverle nuevamente al Congreso la Emergencia en Discapacidad. Lo hicieron a través del decreto 681/2025, que finalmente promulgó la norma pero sólo en su aspecto formal, sin asignarle fondos, lo que la convierte en letra muerta. La trampa está en el decreto mismo: sostiene que la ley “se encuentra suspendida en su ejecución” porque no hay recursos para implementarla, y le devuelve el texto a los diputados y senadores –los mismos que la sancionaron y luego insistieron con los dos tercios– para que determinen ellos “las fuentes de su financiamiento”. La decisión de desoír al Poder Legislativo desató la furia opositora: desde el bloque Encuentro Federal ya pidieron la interpelación y promovieron nada menos que una moción de censura contra Francos: sostienen que es motivo suficiente para removerlo del cargo. El diputado Esteban Paulón, por su parte, sumó el flamante decreto como prueba para ampliar la denuncia penal contra el Presidente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que ya tramita en Comdoro Py.

“El Decreto 681/25 es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente”, dijo Paulón luego de presentar la ampliación de su denuncia, que recayó la semana pasada en el juzgado de Sebastián Casanello. En su escrito, el diputado sostiene que la ley de Emergencia es muy clara sobre la fuente de financiamiento: el propio Francos es quien debe reasignar partidas para garantizar los fondos necesarios, sin tocar los créditos destinados a “Servicios Sociales”. Ese es el punto –el artículo 19 del proyecto– que el jefe de gabinete cuestiona y en el que se basó para devolverle la norma al Congreso, con el argumento siempre a mano de que “no hay plata”.

Pero en ese punto, el Gobierno cometió una torpeza: este mismo lunes decidió transferirle a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) unos 121 mil millones de pesos. Fue a través de la Decisión Administrativa 24/2025. “Eso comprueba que las partidas están y que el jefe de gabinete puede reasignarla”, le dijo a Página/12 Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. “No se entiende lo que quieren hacer: hubieran puesto esa plata en la ley misma, pero se ve que buscan generar más angustia en la gente con discapacidad y chicanear a la oposición”, agregó.

En el mismo detalle reparó el diputado Daniel Arroyo, autor de la ley. “Argentina no tiene un nuevo Presupuesto desde hace dos años, y por eso el jefe de gabinete compensa permanentemente partidas presupuestarias: saca de un lugar y pone en el otro. De hecho hizo lo mismo hoy (por este lunes) con la ANDIS, dándole partidas para aumentar prestaciones”, describió.

“Sin precedentes”
El escrito de Pualón ante el juzgado de Casanello también apunta al fondo de la cuestión: “no existe en nuestra Constitución Nacional ninguna instnaica posterior a la insistencia de una ley vetada por el PEN más que dar cumplimiento inmediato en los términos fijados por la propia norma suprema”, dice el texto de la denuncia.

“Sobre la medida dilatoria impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, cabe destacar que no existe en nuestra Constitución Nacional ninguna instnaica posterior a la insistencia de una ley vetada por el PEN más que dar cumplimiento inmediato en los términos fijados por la propia norma suprema”,agrega.

Desde el bloque Encuentro Federal fueron mas allá y pidieron una moción de censura contra el jefe de gabinete, que abre la puerta a su remoción por mayoría simple. Entre las causales, enumeraron el incumplimiento de la Ley sancionada dos veces por el Congreso, “la volación de la división de poderes del Estado, el “incumplimiento en la asignación de partidas” y el “incumplimiento de la Ley 24.156” de administración financiera.

El proyecto lleva las firmas de Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, tres exiliados del ecosistema PRO, hoy parados en la vereda de enfrente de Javier Milei. Pichetto se refirió en muy duros términos a la decisión de Francos. “Lo informado por el jefe de Gabinete¿es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso”, dijo. Y agregó: “El hecho tiene consecuencias impredecibles”. El bloque Coherencia, de libertarios díscolos, también se sumó al pedido de censura.

“La ley no es un consejo, es una obligación y en este caso no la está cumpliendo el Ejecutivo. Es grave lo que está pasando. Lo que está haciendo es absurdamente cruzando una línea, ya no logro entender porqué todo el tiempo busca lastimar a las personas con discapacidad y sus familias”, sostuvo por su parte Arroyo.

En emergencia
La decisión oficial impactó en el colectivo. “Dicen que no la van a aplicar porque tiene que volver al Congreso, todas palabrerias… la tienen que aplicar ya porque pasa el tiempo y el sector está cada vez peor”, dijo en un posteo la actriz Valentina Bassi, cuyo hijo Lisandro tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) y se convirtió en una de las portavoces de la Emergencia. “Me escriben mamas que hoy no pueden llevar a sus hijos a la escuela porque perdieron a su maestra integradora. Los transportistas no pueden moverse porque sube el precio de nafta. La gente se queda sin sus pensiones”, siguió. “Vamos a volver a las calles, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero la angustia es terrible”, concluyó.

“Es curioso cómo el Gobierno dice que devuelve la ley y al mismo tiempo aumenta las partidas para la Andis. Es una forma de seguir generando angustia en la gente, a través de una chicana política a la oposición. La plata está, pero la mandan por fuera de la ley”, agregó Molero, del Foro por la Discapacidad.

“Ahora tendrán que convocar al directorio del Sistema Único”, agrega. Hasta que Diego Spagnuolo estuvo al frente del organismo, los prestadores estuvieron ocho meses con los ingresos congelados. Habrá que ver si, posescándalo de los audios, la intervención del organismo lo hace.

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