Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. El 18 de junio de este año, cinco días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria privada de Edgardo Kueider, Iara Magdalena Guinsel Costa, intentó comprar cinco departamentos en Asunción de Paraguay que, todos juntos, sumaban un valor de casi 700 mil dólares. El monto es tres veces superior al que le encontraron en su mochila durante un control aduanero en Ciudad del Este el 4 de diciembre y cuyo origen Kueider no pudo explicar, razón por la sigue preso hasta el día de hoy. La revelación surgió del testimonio del empresario Carlos Guasti, CEO de Petra Urbana, una de las firmas Real Estate más importantes de aquel país. Guasti relató, en diálogo con Mañana Sylvestre, que Guinsel Costa se presentó “a última hora” de ese día en las oficinas de la empresa y quiso hacer la operación “en efectivo y a las apuradas”, lo que le resultó “sospechoso”. La operación se cayó porque la secretaria nunca aportó los papeles respaldatorios que pide la ley paraguaya para ese tipo de transacciones, de lo que se desprende que tampoco habría podido justificar de dónde salió ese dinero. En ese marco, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado envió este martes un exhorto al Paraguay para que se concrete la extradición del senador destituído y de su empleada.
Según el testimonio del empresario, el intento de Guinsel Costa de comprar en cash cinco departamentos fue «algo muy inusual». En todo momento, los empleados de la firma notaron cierto «apuro» de la secretaria para concretar la operación, a pesar de no aportar los papeles que se le pedían. «No le interesó la rentabilidad ni averiguar detalles típicos, como cada vez que se hace una compra. Eso nos pareció sospechoso», relató más tarde a C5N. «Quería comprar sí o sí, pero igualmente, cuando le pedíamos la documentación, nos respondía: «Sí, sí, mañana te los mando». Pero nunca lo hacía», agregó.
Otros detalles aportados por Guasti ayudan a completar el panorama. Según dijo, la única documentación respaldatoria que Kueider y su secretaria aportaron fue su DNI. También quisieron pasar por válido un recibo de sueldo, pero con eso no alcanzó para habilitar el procedimiento. Más tarde, la empresa pidió un informe a la aseguradora de riesgos internacional Dow Jones. Según esos papeles, con fecha del 9 de diciembre, a los que accedió Página/12, el senador recientemente expulsado aparece –por obvias razones– como «persona política expuesta» dado su carácter de funcionario público, pero también es señalado como «Trafficking», es decir como «traficante» –en este caso de divisas–. La operación, como explicó el empresario, «no se pudo concretar porque violaba los requisitos de la ley de nuestro país».
El monto total que la secretaria privada tenía previsto pagar trapaba hasta los 699.000 dólares. Esa suma se repartía entre cuatro departamentos de tres ambientes en construcción, valuados en 139 mil dólares cada uno. También sumó un quinto, ya a estrenar, de un valor un poco menor. Todos en Asunción, la ciudad elegida por el tándem para hacer sus negocios.
Tras el rastro de los viajes
La predilección por Paraguay de Kueider y su secretaria quedó a las claras luego de que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) inciara de oficio la primera investigación en argentina tras la caída de ambos, y revelara que los dos cruzaron la frontera hacia aquél país varias veces durante 2024, todas por la vía terrestre. Juntos llegaron en cinco oportunidades: el 3 de marzo, el 16 y 21 de junio, el 13 de octubre y también el 4 de diciembre, el día que cayeron presos. Él viajó en solitario una vez, el 6 de marzo; y ella hizo lo propio el 18 de junio, el día que el empresario señala que quiso comprar los departamentos.
La cronología de los días puede destapar una olla en el caso: si se las sigue con la suspicaz hipótesis de la oposición (en cabeza de la propia presidenta del PJ, Cristina Kirchner, quien deslizó que el origen de los fondos podrían estar vinculados al voto de Kueider a la Ley Bases) los rastros están ahí para quien los quiera ver.
–El senado aprobó, con modificaciones, el texto de la Ley Bases (luego obtuvo sanción definitiva en Diputados) en la madrugada del 13 de junio. El voto positivo de Kueider, en principio un senador peronista y por ende opositor a Milei, fue clave para que el resultado diera empate y que terminara definiendo la vicepresidenta Victoria Villarruel.
–El 16 de junio, tres días después, el senador y su secretaria hacen un viaje relámpago, juntos, hacia Paraguay.
–El 18 de junio, cinco días después de la sesión, ella aparece en la inmobiliaria de Asunción, con apuros y a última hora, queriendo pagar en efectivo cinco departamentos, cuatro en construcción y uno sólo terminado. No puede respaldar el origen de los fondos y la operación, meses después, se cae.
–El 4 de diciembre, ambos son detenidos en un control de frontera con 211 mil dólares, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes sin declarar.
–El 13 de diciembre, el Senado lo expulsó con 60 votos a favor y apenas seis en contra. El propio Javier Milei declaró públicamente que la sesión debía anularse porque fue presidida por Villarruel mientras él estaba, según dijo, ya fuera del país. Kueider utilizó ese mismo argumento para presentar una cautelar que intente declararla nula.
Orden de extradición
Horas después del testimonio del empresario paraguayo, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto solicitando la extradición de los dos detenidos en Paraguay. Fue en el marco de la causa por presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La magistrada quiere apurar el regreso al país de ambos. Los tiempos corren: si logra concretarlo, podría aprovechar el desafuero de Kueider tras su expulsión para tomarle declaración indagatoria.
El juzgado pidió también el secuestro de todas las posesiones de Kueider al momento de ser detenido en Paraguay: computadoras, teléfonos celulares y demás equipos electrónicos. Tal como reveló Página/12, Kueider, pese a estar preso, sigue teniendo un celular a su disposición, y la justicia de aquél país, por ahora, no avanzó en el análisis del pendrive que le encontraron.
En la causa que lleva Arroyo Salgado se investiga si el destituido senador aliado de Milei es propietario de tres departamentos en una torre en la ciudad entrerriana de Concordia, que están a nombre de una sociedad «Betuil» y que tampoco podría justificar con sus ingresos en la función pública.
Un intento por salvarse
Para retener sus fueros y gambetear a la justicia, Kuieder necesita que la estrategia de declarar nula la sesión que lo expulsó del Senado tenga éxito. Este martes obtuvo un regalito del fiscal civil, comercial y contencioso administrativo federal Miguel Ángel Gilligan, que habilitó que la justicia federal de curso al amparo que el exsenador presentó la semana pasada. Gilligan es el mismo fiscal que, en enero pasado, habilitó la feria en el fuero Contencioso Administrativo Federal –cercano al Gobierno– para intentar voltear la cautelar de la CGT contra el DNU 70 con que Milei inició su gestión y que incluía la reforma laboral.
