En medio de la polémica sobre si la ola de asesinatos en Rosario fue resultado de la idea de hacerse los Bukele, difundiendo fotos de una requisa a los presos peligrosos como si el tema narco tuviera el mismo manejo que un Tik Tok, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, pusieron en marcha junto al gobernador Maximiliano Pullaro el Comité de Crisis en Rosario. Las medidas principales anunciadas para frenar los homicidios -gravísimos, ya que en una semana sicarios mataron a cuatro personas elegidas al azar- son el envío de fuerzas federales para saturar las calles y la confirmación de que las Fuerzas Armadas darán apoyo logístico. Bullrich, que en simultáneo removió a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, aseguró además que el Gobierno “trabajará fuerte” contra el lavado de dinero y en el control de armas. Y apeló a escalar, finalmente, lo discursivo: pidió que la Justicia aplique la ley antiterrorista a los detenidos por narcotráfico. En Rosario, sin embargo, le facturan haber dejado a la ciudad desprotegida, al trasladar efectivos que patrullaban la ciudad y mandarlos a Buenos Aires para armar sus protocolos contra las manifestaciones. Otra crítica repetida es que la policía provincial no debería participar de los operativos contra el narcotráfico, ya que es considerada parte del problema.
La intervención de la Nación en Rosario tiene novedades. Una es la participación de las Fuerzas Armadas haciendo asistencia. Petri confirmó que las tres fuerzas darán apoyo y aseguró que lo harán con las limitaciones que fija la ley, es decir sin entrar en combate.
Otra es el envío al Congreso de un proyecto de ley que Bullrich llamó «antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal» sobre los grupos narcos, ajudicándoles la responsabilidad de los crímenes «a todos sus integrantes, como hizo el código penal de Italia para terminar con las mafias y luego Bukele contra las maras”. Por lo que adelantó la ministra, el tipo será similar al de asociación ilícita (una figura muy cuestionada desde el derecho), para que “cada integrante lleve la pena de la organización”.
Bullrich y Petri lanzaron el Comité de Crisis en una conferencia de prensa junto al gobernador Pullaro y el intendente Pablo Javkin (los dos integran Unidos para Cambiar, la expresión de Juntos por el Cambio en Santa Fe). El gobernador, sin embargo, no tiene una buena relación con Bullrich; tampoco con el presidente Javier Milei, aunque en este tema y ante el desborde vienen alineando sus fichas.
Luego de los anuncios, ya avanzada la tarde, llegaron los primeros refuerzos de Seguridad: 200 efectivos entre prefectos, gendarmes y policías aeroportuarios. En los próximos días se sumarán otros para llegar a los 450. Según la información del Gobierno, ya operaban en Rosario 1500 efectivos federales.
¿Qué tiene Rosario?
El criminólogo Enrique Font, docente de la Universidad Rosario, ayuda a rearmar la secuencia por la que se llegó hasta acá. Tras asumir la gobernación, Pullaro «cambió la política penitenciaria hacia los llamados presos de alta peligrosidad; a estos presos los usaron para mostrar una lógica de mano dura, les cortaron el ingreso de comida, las visitas, aumentaron las requisas, tal vez buscando quebrarlos y obligarlos a negociar. El argumento fue que así se iba a cortar con la conducción del crimen desde las cárceles, pero eso no se cortó. Avanzaron también sobre los familiares, con allanamientos y seguimientos”. En respuesta, los narcos hicieron circular amenazas y tirotearon edificios públicos.
El siguiente escalón se produjo con el discurso del presidente Milei al inaugurar las sesiones del Congreso, donde aseguró que con el Operativo Bandera, el Gobierno había conseguido bajar los homicidios en Rosario en un 60 por ciento. Al otro día de que habló Milei, los narcos balearon un colectivo del servicio penitenciario. Siguió la foto a lo Bukele distribuida por el gobierno.
“Hubo una producción de esa foto, hacer desvestirse a los presos, acomodarlos, filmarlos, editar las imágenes, meterles música y repartirlas a los medios”, dice Font sobre la estrategia seguida por la gobernación y apoyada por la Nación. Luego que esa foto fuera puesta en circulación y amplificada por medios afines al oficialismo, los narcos empezaron con los asesinatos al azar -un colectivero, dos taxistas, el playero de la estación de servicio-. Al lado de los cuerpos, los sicarios dejaron notas. “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año”, decía el mensaje que dejaron en el último asesinato. Agregaba: “Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos. Ver a nuestros hijos y familia y que se los respete. No queremos negociar nada. Queremos nuestros derechos. Esto es para todos los presos, pabellones y cárceles”.
En este punto, Pullaro pidió la creación del Comité de Crisis y el gobierno nacional armó el plan que acaba de presentar. «Me preocupa que esa lógica de escalar del gobierno sigue subiendo, porque pasaron a que ahora combaten a terroristas, y eso es una invitación a profundizar la disputa«, completa Font. El criminólogo consideró que es un riesgo muy alto «no trabajar una respuesta sobremedida, en términos de que se enfrenta a grupos armados muy violentos, muy desorganizados y muy preocupados por su prestigio». Bandas que, a su criterio, se hicieron fuertes porque la policía de la provincia «durante años las dejó matar».
«¿Qué tiene de singular Rosario? Hay bandas que venden drogas, también, en la provincia de Buenos Aires, o en cualquier provincia. Pero en Buenos Aires las bandas que usan de manera sistemática la violencia no sobreviven en el negocio, porque terminan presos. No por vender drogas sino por matar. Pero esto, históricamente, en Rosario no sucedió. La tasa de esclarecimiento de los homicidios dolosos es de la mitad que en cualquier otra parte del país. Lo mismo con la Justicia de Rosario. Eso llevó a que en la ciudad, desde hace muchos años, bandas como las de Los Monos, muy violentas, se fueran adueñando del negocio local de drogas y que quienes quieren competir tengan que poder confrontar de igual igual con esa violencia».
«Sin pruritos ideológicos»
El concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura) opinó que el debate no debe ser «garantismo versus uso de la fuerza». «Para resolver el problema que tiene Rosario, el delito complejo, porque las mafias penetran en todos los aspectos de la vida, tenés que hacer una estrategia que contemple todo, que contemple el uso de la fuerza, la inclusión social, la urbanización de los barrios populares y el lavado de dinero», planteó entrevistado por Futurock.
Monteverde no se opuso a los operativos de saturación, ni tampoco a que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico, y no criticó la propuesta de una ley antibandas. «Creo que no hay que tener pruritos ideológicos, en el sentido de que todas las herramientas si están en una estrategia integral, tienen resultado. Lo que no puede pasar es que haya corrupción en las fuerzas de seguridad. Hoy se está montando un simulacro sobre una guerra contra el narcotráfico, nos quieren mandar a una guerra, cuando en realidad parte del ejército con el que vamos a esa guerra es parte del problema«.
Para el ex candidato a intendente de Rosario, «también es importante comprender, desde este lado, que cualquier estrategia de inclusión social, de recomposición del tejido social, de volver a gobernar esos territorios que hoy gobiernan las bandas también tiene que tener una faz represiva. No hay que caer en debates dicotómicos porque en el medio se nos va la vida». Sin embargo, cuestionó «lo que quisieron hacer el Presidente y la ministra al decir que ‘en dos meses bajamos la tasa de homicidios’… eso no existe. Vemos que cambian los gobiernos pero se mantiene una matriz propia de una cultura política que está agotada y que siempre da la misma respuesta: ‘¿cuántos refuerzos mando?’. Lo preocupante es que no estamos ni siquiera ante un problema ideológico. Se hacen anuncios más de derecha o más de izquierda, pero que terminan siempre en un simulacro».
