La caída de la Ley Ómnibus —que según creen muchos diputados no volverá a tratarse en el corto plazo—, incrementó las tensiones internas y los pases de factura en el gobierno, que ya venían gestándose desde el anuncio de la baja del paquete fiscal de esa norma. Una segunda crisis política en cuestión de días que, además, se monta sobre una recesión con alta inflación y números de impacto que jaquean la gestión de diferentes ministerios. En síntesis, incluso para el Gobierno, lo que empezó como un fracaso de estrategia parlamentaria termina siendo un golpe directo al devenir político diario, que tocará todas las áreas. 

La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, les apunta a dos funcionarios políticos por la responsabilidad de no conseguir los votos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, asegura que «es una derrota de Sturzenegger», autor de la ley;  y el asesor en desregulación ahora se desmarca y le echa la culpa a un funcionario mileísta. 

En medio del caos, el ministro de Economía, Luis Caputo, quedó atrapado en una gestión de corto plazo sin herramientas: según supo PáginaI12, en su círculo íntimo ya afirman que, además de la recesión y el rebrote inflacionario, el Gobierno quedará al borde del incumplimiento del acuerdo reciente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por esto, el Ministro viene advirtiendo que el ajuste que se viene será aun más violento del prometido.

Fuenteovejuna

Puede parecer increíble, pero en las últimas horas, mientras recibía fuertes cuestionamientos internos, Sturzenegger se desmarcó y le echó la culpa del fracaso de la ley a modificaciones a su proyecto original. Según contó a sus asesores, Eduardo Rodríguez Chirilo, secretario de Energía, modificó el capítulo vinculado a petroleras, que es uno de los que terminó trabando la delegación de facultades para operar sobre ese sector. «Esta ley ya no es mía», empezó a vociferar el exBCRA. 

Uno de sus enemigos internos, Posse, parece no compartir esa idea y entiende que «lo del lunes es un fracaso de Sturzenegger». Hace tiempo Posse no sólo se relaciona de manera sinuosa con el economista, sino que quedó en medio de una disputa de poder fomentada, con o sin intención, por el presidente Javier Milei, que empezó a darle un juego amplio a «Sturze». 

Más allá de la pirotécnica de culpar por traidores a los gobernadores y a los opositores amigables, la persona más desconfiada del gobierno, Karina Milei, quiere ver cabezas políticas rodando, porque entiende que hay responsables más allá del técnico que redactó la norma. La hermana del presidente les apunta a dos dirigentes: el titular de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Al riojano lo viene midiendo desde la caída del paquete fiscal, que estuvo vinculado a la falta de votos para lograr aprobación de la ley en general. 

Con Francos, el problema es la falta de resultados de un ministro con rol netamente negociador. «Hace tiempo Guillermo no le consigue nada al Presidente», lo operan los más críticos al exBID y Corporación América. Es más, ya los sectores empresarios y sindicales le han restado importancia a la hora de intentar conseguir beneficios. Uno de los últimos episodios fue el pedido que el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, para que le hable al presidente del daño que genera a los trabajadores y las empresas el fin de la obra pública. De hecho, no confirman aún desde el Gobierno si Francos viajará o no Roma, lugar donde debería estar el fin de semana, en el marco de la reunión de Milei con el Papa Francisco. Por ahora, el que zafa es Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente, que se ha caracterizado por conseguir derrotas políticas, pero es un protegido de Milei y Karina. 

Caputo, el Fondo y la crisis

Con algo de beneplácito a raíz de su encono con Sturzenegger, Caputo agarró su cuenta de X horas después de caída la ley y aclaró que no es un golpe político y que, en todo caso, habrá un ajuste mayor que compense. Sostiene Caputo que el 80 por ciento de su plan no tenía nada que ver con la ley. Una verdad a medias: hace unos días, por citar sólo un caso, Caputo puso en la Administración General de Puertos a un exPriceWaterhouse Cooper, experto en desguace de empresas. El Ministro le prometió a Gastón Benvenuto que tendría vía libre, tras la salida de la ley, para arrancar la privatización de la AGP. Ahora, no sólo tiene el problema de que no sale la ley, sino que además los puertos dependen de Infraestructura, que tiene echado a su ministro y aún Caputo no se hizo cargo de esa área. Casi una pintura perfecta de la colección de inexperiencia e incapacidad política del Ejecutivo. 

Además, aunque Caputo lo niegue, la ley habilitaba privatizaciones que redundarían en dólares frescos en un escenario en el que las divisas no sobran. El sector que le podría dar esos dólares es la agroindustria, que podría inyectar cerca de 28 mil millones de dólares en todo el año. El asunto es que ya le avisaron a Caputo que el tipo de cambio no es competitivo y la presión devaluatoria sobre el ministro —impulsada además por la altísima inflación— es cada vez mayor. Si bien la cosecha gruesa llega en marzo y abril, en el campo ya frenaron las liquidaciones a la espera de un dólar más caro. 

A la par, la recesión es cruel, muestra que el ajuste ya se instaló y los precios siguen subiendo. Un informe de la consultora Audemus, a cargo del exministro Matías Kulfas, refleja una pandemia para la producción: hace una especie de semáforo por sectores, con una estimación pesimista y otra optimista. Sacando al agro, petróleo y minería, que aparecen en verde, el resto está pintado de rojo. Algunos ejemplos: la industria cae en su PBI un 9 por ciento en su escenario optimista y un 11,5 en el pesimista; la construcción, 14 y 17; el Comercio 9 y 11,5; y Finanzas un 6,5 y 9, respectivamente. En pocas palabras, corriendo al agro, el PBI sectorial total terminaría 2024 con un derrumbe de 5,4 en el escenario optimista y de 7,1 por ciento en el pesimista. 

En este contexto, el Gobierno tiene además, con la ley caída, un problema madre: en el Staff Report del FMI se especifica que, en junio, el Ejecutivo prometió abrir el cepo cambiario y tener orden cambiario. En los pasillos de Hacienda, los racionales que están más allá del relato de Caputo, aseguran que las metas del organismo son «incumplibles» sin el paquete fiscal, sin privatizaciones y sin poder ajustar a la baja las jubilaciones. Un dato importante más. En el Staff, el propio FMI afirma que es clave, para lograr los objetivos, tener respaldo político y popular, dos cosas que Milei perdió en la batalla sin cuartel de la Ley Ómnibus.