Homeschooling, educación a distancia, escuela virtual, colegio en casa. Los nombres son diversos pero tienen algo en común: desregular la obligatoriedad de la educación presencial. Así lo plantea el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso por el presidente Javier Milei, que propone permitir los estudios a distancia como alternativa a la presencialidad desde el cuarto grado del nivel primario. Esta experiencia poco extendida en Argentina, gana cada vez más adeptos en países como EE.UU. apoyada en grupos ultraliberales y antiderechos. 

«Cuando vos tomás los casos de houseschooling (sic), funcionan mejor porque a mucha gente no le gusta la formación que le dan en el colegio«. La frase la dijo Javier Milei a fines de abril de 2023 en una entrevista con Radio Mitre durante su campaña electoral. Siguió: «¿Vos querés obligar a un ser humano a que haga algo? No les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino. El sistema de la obligación no funciona» dijo entonces Milei, agregando que en el sistema educativo actual «estás preso del adoctrinamiento«.

Poco más de ocho meses después, las palabras aparecen traducidas en vocabulario normativo en el apartado de la ley ómnibus que propone modificar el Artículo N°109 de la Ley de Educación Nacional (LEN): «Los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos, podrán impartirse en las distintas modalidades educativas», dice el texto del proyecto enviado por el presidente al Congreso. La redacción del artículo es algo confusa: mezcla educación «a distancia» con «híbrida» y no establece cómo se pondría en práctica la nueva modalidad. Pero abre la puerta a métodos como el homeschooling a partir del cuarto grado cuando, al día de hoy, la LEN establece: «sólo pueden impartirse a partir de los 18 años de edad».

«Llevar la educación a distancia al segundo ciclo es una medida absolutamente contraria a la socialización, a la construcción de vínculos que acompañan a los chicos para toda la vida y a la relación humana que se construye en la escuela», sostiene en diálogo con Página 12 Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. El exministro nacional del área advierte: «creer que a través de un Zoom puede haber algo parecido a educar a un niño de 10 años es una locura, una puerta abierta que pueda esconder algún tipo de negocios con plataformas virtuales«.

En Argentina ya existen algunas empresas que ofrecen el servicio privado de homeschooling. Los servicios, algunos locales y otros internacionales, brindan materiales de estudio, de lectura o clases virtuales, y algunos de ellos incluyen packs a elección con distintos costos. Adaptados a la legislación actual, en la mayor parte de los casos la certificación de los contenidos tiene que darse a través de una escuela pública o privada del sistema oficial: los y las niñas estudian en sus casas y luego rinden en condición de libre las materias del grado correspondiente. 

«Las empresas que hacen esa tarea también lo hacen interpretando una norma que está establecida para hijos de embajadores, militares asignados a otros lugares, deportistas de alto rendimiento o algunas actividades excepcionales. Pero no es una actividad generalizada. En nuestro país la educación es obligatoria, pensada para garantizarle a todo el mundo la educación en pie de igualdad. En Argentina esto es inviable«, dice a este diario la diputada nacional de UCR – Evolución, Danya Tavela. 

Tavela fue Secretaria de Políticas Universitarias en la presidencia de Mauricio Macri y ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y considera que las modalidades a distancia «no son de utilidad salvo en situaciones puntuales, ya lo vivimos en la pandemia y no tienen buenos resultados, perjudican el desarrollo de los niños». Tavela adelantó su rechazo a ese artículo de la ley ómnibus y sostuvo que «gran parte» de su bloque «lo evalúa de la misma manera», ya que «el radicalismo tiene una larga trayectoria con respecto a la igualdad en educación». 

Sileoni anticipó que, de aprobarse el artículo, la provincia de Buenos Aires no adherirá y consideró que «la gran mayoría de las provincias tampoco». Por el lado gremial, desde Ctera advirtieron que la habilitación de la educación a distancia «puede significar una descualificación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje» y una «desvalorización de la importancia que tiene la presencialidad en los espacios físicos de las escuelas«. Añadieron que «sin la garantía de una equitativa disposición y distribución de dispositivos, conectividad, recursos, tiempos y espacios adecuados, deviene en profundización de las desigualdades y en más exclusión e injusticia social«.

Tavela agregó que la propuesta «es contradictoria con la propia esencia de la escuela en Argentina e incluso con la lógica que se ha propuesto en términos de alfabetización. Creo que puede generar en algunos sectores sociales la idea de que la educación no necesariamente tiene que ocurrir en la escuela y ahí aparece el ideario del presidente: libertad a partir de los deseos del individuo y no de la igualdad, pero no hay libertad posible sin igualdad».

Para Sileoni la iniciativa se vincula con otros aspectos de la ley ómnibus como la derogación del Artículo N°10 de la LEN, según el cual el Estado nacional no puede suscribir tratados de libre comercio que conciban a la educación «como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización«. «Nos mete de cabeza en concebir la educación como una mercancía, por eso hay algunos sectores que están pugnando para que la Argentina entre a la OCDE, que entiende a la educación como un bien de mercado», sostuvo. Desde Ctera se manifestaron en el mismo sentido al alertar que la aprobación de la educación a distancia puede «favorecer el avance privatizador a través del ingreso de las corporaciones y plataformas que lucran con la educación».

El homeschooling es una práctica particularmente extendida en EE.UU. Aunque el porcentaje sobre la población total sigue siendo bajo, se calcula que más de cinco millones de familias eligieron esa opción para sus hijos en los últimos años, al tiempo que los distintos estados fueron habilitando la práctica. El método más utilizado es el de la «escuela sombrilla» con empresas que «certifican» legalmente los contenidos estudiados por los y las niñas. En algunos estados la certificación es obligatoria cada cierto período de meses, un año o directamente nunca. 

En ese país la Home School Legal Defense Association (HSLDA) fundada en 1983 –cien mil asociados– es una de las principales organizaciones lobbystas de la educación a distancia. Según una investigación de OpenDemocracy, la HSLDA está vinculada a las iglesias cristianas evangélicas y «se ha opuesto a los anticonceptivos, el aborto y el matrimonio igualitario«. Dirigentes de la organización, advierte OpenDemocracy, se han manifestado abiertamente a favor de los «azotes» para educar a sus hijos.