La nueva gestión del presidente Javier Milei se encamina a este recorte histórico sobre los subsidios a la energía eléctrica, con consecuencias negativas directas e inmediatas sobre la canasta familiar y sobre la actividad comercial e industrial, que en definitiva, termina pagando el ciudadano consumidor final.
Teniendo en cuenta variables como la categoría del usuario y el volumen de su consumo, el porcentaje de aumento que sufrirían los consumidores oscila entre el 65% y el 320%.
Veamos algunos ejemplos. Si se trata de un consumo residencial de 300 kwh, durante 30 días, el valor actual es de $ 9.055,02. Con la quita de subsidios, ese importe ascendería a $ 30.984,30, es decir, un 242% más.
Ese porcentaje es aún mayor si hablamos de la misma categoría residencial pero con un consumo mensual de 500 kwh. En la actualidad un usuario con ese consumo paga $ 14.028,88, y luego de la eventual quita del subsidio nacional, pasaría a pagar $ 50.378,86, o sea un 259% de aumento.
El panorama asoma desolador para los jubilados. Nuestros abuelos misioneros siempre tuvieron una política tarifaria diferenciada, pero en caso de avanzarse con el nuevo paradigma de valorización de la energía eléctrica que quiere imponer el presidente Milei, los aumentos que deberán pagar supera el 300%.
Observemos estos casos. Para un jubilado que actualmente paga $ 6.439,41 por 300 kwh mensuales, el costo de la energía eléctrica en su hogar se incrementaría a $ 27.000,86, un contundente 319% de aumento.
Para la categoría Comercial, que no sólo incluye a los comercios sino también a la industria, los porcentajes de aumento son menores que los que se aplicarían a los hogares, pero no por ello moderados.
Por 1000 kwh de consumo, un comercio paga $ 51.312,14, y luego de la quita de subsidios a la energía, deberá abonar $ 90.043,62. Si el consumo llega a los 3000 kwh, los $ 175.233,27 de la actualidad se transformarían en $ 287.420,01. En ambos casos los aumentos son del 75% y del 64% respectivamente.
Estos ejemplos, que implicarían un recorte brutal del poder adquisitivo de las familias y las empresas de la Tierra Colorada, son sólo una de las caras de la crisis que se avecina.
No será un problema menor para Misiones las consecuencias que esta quita de subsidios traerá también a las obras de infraestructura que se desarrollan en parte con fondos del Gobierno Nacional, a partir de la aplicación de esta medidas, la provincia vería paralizadas las obras de ampliación y modernización del suministro eléctrico, sobre todo en las regiones agrarias y fronterizas que son las más necesitadas.
