Candelaria atraviesa una situación angustiante, producto de las continuas inclemencias meteorológicas y los problemas ambientales que ha generado el lago de la represa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Por tal motivo, desde la Comuna promulgaron una ordenanza donde el Concejo Deliberante local otorga la potestad al Ejecutivo a tomar las medidas que considere pertinente para que la entidad brinde soluciones a la problemática que aqueja a los vecinos.
Se trata del Decreto N° 24, emitido el 8 de noviembre de 2023, que promulga la Ordenanza Nº 10/23, en la que destaca las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley de Municipalidades y sus modificaciones y en la que busca abordar los desafíos que la comunidad local ha enfrentado debido a la expansión de masa acuática provocada por el mencionado lago.
Según aseguraron desde el Municipio, desde hace un extenso período, la localidad ha experimentado una serie de inconvenientes relacionados con su geografía, napas freáticas y cursos hídricos, directamente vinculados a la ampliación del lago de Yacyretá.
“Nosotros estamos rodeados, por un lado, por el arroyo Garupá y por el otro, por el río Paraná y como causa del Pasivo Ambiental, la cuestión hídrica que trastocó la cuestión geográfica y la napa freática, los arroyos internos crecieron y no drenan en el tiempo necesario, ocasionando inundaciones graves en los barrios”, afirmaron desde la Comuna a PRIMERA EDICIÓN.
La Municipalidad ha realizado múltiples solicitudes para mitigar estos impactos, conforme al Acuerdo Marco firmado en mayo de 2005 entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Municipalidad de Candelaria. Sin embargo, la EBY no ha ejecutado las obras y servicios necesarios para contrarrestar el desastre hídrico, llevando a la declaración de emergencia hídrica en varias ocasiones.
“Mantenemos un buen diálogo con la EBY y esta situación la venimos reclamando hace varios años, pero no tenemos ninguna solución concreta”, advirtieron desde el municipio.
La Ordenanza Nº 10 confiere facultades al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para emprender acciones legales y administrativas contra los generadores del Pasivo Ambiental que afecta a Candelaria.
Además, con esta normativa, el Municipio tiene la autorización para recurrir a organismos administrativos, judiciales a nivel provincial, nacional e internacional, con el objetivo de resolver los problemas ambientales que aquejan a la comunidad.
Asimismo, se autoriza al DEM a llevar a cabo acuerdos, convenios, disposiciones o estudios necesarios, así como contratar profesionales especializados en la materia, siempre y cuando no comprometan los recursos municipales.
“Lo que buscamos es dar una solución que sea definitiva para la comunidad, ya que siempre se llevan acciones paliativas y el vecino ya desconfía hasta del Municipio y analiza tomar acciones legales contra la Municipalidad, alegando que no hacemos nada, cuando no es así” afirmaron.
La comunidad espera que estas medidas mitiguen los impactos negativos y brinden soluciones a largo plazo para los desafíos ambientales que enfrenta la localidad.
