En la tarde de ayer los medios nacionales se hicieron eco de la detención de Marcelo C., ganador Gran Hermano 2001, acusado de corrupción de menores. La noticia incluía escuetos detalles de un allanamiento en Oberá, producido en el marco de la misma causa, que arrojó la captura de Francisco Rolando A. N. (47).

Luego, fuentes de la investigación precisaron que este último sería el líder de una organización de trata que captaba a sus víctimas en Misiones, con base en Oberá, desde donde las trasladaban a Buenos Aires con fines de explotación sexual.

Asimismo, se confirmó que A. N. posee antecedentes por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores por una denuncia radicada en 2008 que se tramitó en el ámbito de la justicia provincial.

En tanto, el operativo de la víspera derivó de una pesquisa realizada por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que se extendió por seis meses bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, en el marco de una causa iniciada e investigada por el fiscal de instrucción Patricio Lugones.

Marcelo C. fue capturado por agentes de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, en un amplio operativo que incluyó allanamientos en cinco inmuebles: tres en el partido de General Rodríguez, uno en Tigre y el quinto en Oberá, más precisamente sobre calle Ralf Haupt, donde residía Francisco Rolando A. N.

Según averiguó El Territorio, este último procedimiento se concretó a primera hora de la mañana por personal de civil, previo exhorto del Juzgado Federal de Oberá.

“Se hacía amigo de los chicos”
El allanamiento de la vivienda de calle Ralf Haupt se realizó bajo un estricto hermetismo, al punto que los funcionarios a cargo ni siquiera notificaron al juez de instrucción en turno ni a la Policía de Misiones.

En la casa donde residía el sospechoso funcionaba una pizzería que trabajaba con delivery y un ciber clandestino, según trascendió.

Al respecto, años atrás el implicado manejaba un ciber situado sobre avenida Sarmiento, emprendimiento que en su momento fue objeto de investigación por presuntos delitos contra la integridad sexual de menores.

Incluso, se supo que algunas de las víctimas de la presente causa eran captadas en sitios de chats.

Con relación al allanamiento de ayer, en el lugar se procedió al secuestro de equipos informáticos que serán sometidos a pericias en busca de datos que sirvan a la causa.

La investigación comenzó el 24 de octubre del año pasado, instancia en la que al menos dos testigos de identidad reservada denunciaron que una persona los habría corrompido cuando eran menores de entre 11 y 14 años.

Según la pesquisa, A. N. era quien captaba a varones menores para corromperlos y luego introducirlos en la prostitución.

“Se hacía amigo de los chicos, les hacía regalos y después los corrompía. Por eso siempre tuvo ciber, que es un ámbito de chicos. Llegado un momento los invitaba a viajar a la casa de su madre, en General Rodríguez, Buenos Aires, la última escala antes de ser prostituidos”, precisaron.

Se estableció que las víctimas era siempre de condición humilde, provenientes de barrios carenciados y de familias con problemas o padres ausentes.

“En muchos casos él ocupaba el rol de padre para esos pibes”, agregaron.

Dos décadas de abuso
El cotejo con varias fuentes con acceso al expediente permiten vislumbrar que la investigación apunta que por lo menos una docena menores y adolescentes fueron víctimas de esta maniobra desde hace 20 años, lo que coincide con el arribo a Oberá de Francisco Rolando A. N., oriundo de Buenos Aires.

Luego de las primeras denuncias y establecida la identidad del sospechoso, los investigadores avanzaron con las averiguaciones y establecieron direcciones y números de teléfono, datos mediante los cuales también pudieron llegar a los clientes de la red.

Fue así que dieron con el nombre de Marcelo C., ganador del primer Gran Hermano y productor de la edición actual.

El citado fue detenido en una casa ubicada sobre la calle Montes de Oca 381 de Tigre, provincia de Buenos Aires. Los restantes dos detenidos son Andrés Fernando C. y Raúl Ignacio M.

Desde ayer los cuatro implicados permanecen detenidos y en las próximas horas deberán comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el juzgado interviniente.

Hasta el momento están imputados por el delito de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

11La investigación judicial se inició el año pasado y hasta el momento se registraron al menos 11 víctimas. Los hechos ocurrieron desde 1999.

El testigo y una insólita desprolijidad

El procedimiento de la víspera por parte de personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tomó por sorpresa a sus pares de la Policía de Misiones, ya que se enteraron del mismo una vez concluido y por intermedio de un hombre que ofició de testigo.

Pasado el mediodía, Ariel C. se presentó ante la Seccional Primera y comentó que fue requerido para salir de testigo en un allanamiento que se realizó en calle Ralf Haupt 1768 de Oberá.

Dijo que el procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de Buenos Aires por una causa de trata de personas. Eran seis policías, todos de civil, con chalecos y placas identificatorias.

En tanto, finalizado el allanamiento donde detuvieron a una persona e incautaron equipos informáticos, los policías le dijeron que perdieron su DNI y le dieron 3.000 pesos a manera de compensación.

Esta situación le generó dudas, por lo que consultó con un abogado conocido que le recomendó radicar exposición policial.

Ante los datos brindados por el hombre, desconocidos para la autoridad policial, se consultó con el juez de Instrucción Uno, Pedro Piris, quien tampoco estaba al tanto del operativo.

En consecuencia, por la desprolijidad de lo actuado, el magistrado ordenó que se instruyan actuaciones judiciales a los efectos de establecer lo ocurrido con la documentación perdida.