El procedimiento del 18 de septiembre de 2019 en Campo Viera. Foto: Policía de Misiones
Apoco de cumplirse dos años de la desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en resguardo del depósito de la División Toxicomanía de Oberá, quienes se desempeñaban como jefe y segundo a cargo de la dependencia continúan apartados de sus funciones y serían dados de baja de la Policía de Misiones, según informó un vocero.
Como contrapartida, el pasado 30 de junio la Jefatura levantó la situación de disponibilidad que pesaba sobre otros tres funcionarios, quienes de esa forma volvieron a vestir el uniforme.
Se trata de tres suboficiales, dos hombres y una mujer, quienes fueron designados a las jurisdicciones de San Antonio, San Pedro y Bernardo de Irigoyen.
En cambio, quienes continúan en disponibilidad por el mismo caso son el subcomisario Carlos Ariel L. y el oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo, respectivamente, de la desmantelada División Toxicomanía.
Los cinco citados fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público por el juez Federal de Oberá, Alejandro Gallandat.
En tanto, por la imposibilidad de probar la autoría material del hecho, ya que en el lugar no había cámaras ni se registraban los ingresos, se dictó la falta de mérito para los doce imputados -nueve policías y tres civiles- con relación al faltante de droga.
En síntesis, la Justicia Federal no halló elementos para acusar a ningún policía por la desaparición de la cocaína; pero sí para responsabilizar a cinco de ellos por no haber custodiado adecuadamente el depósito de secuestros que se hallaba en dependencias de la Seccional Tercera.
Nombres repetidos
De todas formas, a nivel institucional la situación de los dos oficiales aparece mucho más complicada por el rango que ostentaban, por lo que continúan en disponibilidad.
Tampoco es menor otro dato: ambos fueron juzgados el año pasado en el marco del homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), hallado muerto en una celda de la Seccional Primera de Oberá el 27 de abril de 2011.
Si bien el subcomisario Carlos Ariel L. y el oficial auxiliar Hugo Ariel B. fueron absueltos por el beneficio de la duda, a entender de la Jefatura las sucesivas y graves causas penales en su contra afectaron sus legajos y derivarían en la baja de la fuerza.
Además, vale recordar que la desaparición de un kilo de cocaína derivó en la constatación de un faltante de más de media tonelada de marihuana del mismo depósito, situación que no terminó de explicarse con la supuesta “evaporación” de la droga, como oportunamente indicaron las autoridades.
El escándalo resonó tan fuerte en la institución, que las autoridades policiales decidieron cambiar de nombre a la división a nivel provincial, ya que dejó de denominarse Toxicomanía y fue rebautizada como Drogas Peligrosas.
Fallo de procesamiento
En función de los registros, la sustracción de cocaína pudo haber operado entre el 18 de junio de 2020 -fecha en que se efectuó un relevamiento de los elementos secuestrados y acondicionaron la totalidad de la cocaína secuestrada- y el 11 de agosto de 2020, cuando se constató el faltante, dado que no se asentaban adecuadamente los ingresos y por falta de control del lugar.
Desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los funcionarios encargados de la custodia ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del resguardo.
En el fallo del procesamiento dispuesto por Gallandat se estableció que “estaba a cargo de los agentes de la División de Toxicomanía la conservación y mantenimiento de los elementos confiados a su custodia, lo que conllevaba adoptar las medidas necesarias para su seguridad y evitar su sustracción o destrucción, como parte del cumplimiento de sus funciones”.
Asimismo, puntualizó que en el trámite del expediente “se detectaron numerosos incumplimientos y fallas en la seguridad del depósito” de Toxicomanía, con ser la “ausencia de una guardia o control constante en el depósito”.
También se menciona la falta de designación de un responsable directo del depósito y que la llave de ingreso al mismo estuviera en un lugar de fácil acceso y al alcance de cualquiera de los agentes de la División, tal como se estableció.
Otras fallas de seguridad fueron que se podía ingresar al depósito sin ser visto por la guardia de la dependencia y que no se llevara ningún registro del ingreso al depósito. Tampoco se colocaban fajas de seguridad y no había cámaras de seguridad, alarmas u otras medidas, “lo cual favoreció en gran medida la posibilidad de extraer -como ocurrió- el estupefaciente resguardado en ese lugar”, se precisa en el dictamen.
Sin pena de cárcel
El dictamen del procesamiento dejó constancia que “los policías incumplieron las disposiciones legales propias de sus funciones, inclusive dieron directivas que alivianaron el control de entrada al depósito de la Seccional, y que el accionar de los involucrados produjo un perjuicio a las fuerza y a los bienes del Estado, dando lugar no solo a la extracción de la droga, sino que además colaboró con su posible impunidad”.
En este último párrafo, Gallandat explicitó abiertamente las dificultades planteadas para probar la autoría material del hecho, al punto que reconoció que el crimen podría quedar impune.
En cuanto a las responsabilidades, se precisó que los agentes procesados son el ex jefe y el ex subjefe de la ex División Toxicomanía de Oberá en su carácter de máximas autoridades a cargo de la dependencia.
La medida también alcanza a un suboficial -tercero en la cadena de mando con casi 15 años de servicio en la dependencia- y dos subalternos que pocos días antes de detectarse el faltante ingresaron al depósito sin anunciarse en la guardia de la comisaría y sin estar acompañados por los jefes de la División, detalló el dictamen.
Con relación a las posibles penas, el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público establece una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo.
En tanto, el pasado 28 de diciembre la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas notificó a las partes que no hizo lugar a los respectivos recursos de apelación, por lo que confirmó el procesamiento de los citados. El dictamen lleva la firma de los camaristas Mario Osvaldo Boldu y Ana Lía Cáceres de Mengoni.
Origen de la droga y fuga
La cocaína desaparecida del depósito de la UR II pertenecía a un lote de 4,213 kilos secuestrado el 28 de septiembre del 2019 en Campo Viera, procedimiento que incluyó la detención de Luis L. (51), quien luego fue beneficiado con prisión domiciliaria y se fugó.
Este hecho, sumado a la desaparición de la droga, constituye un escándalo sin precedentes en el ámbito local que expuso serias falencias institucionales y significó un cimbronazo en la relación entre la Justicia Federal y la fuerza de seguridad provincial.
Tampoco se descarta que Luis L. haya contado con algún tipo de cobertura institucional que favoreció su escape, ya que la Policía de Misiones era la encargada de controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.
El implicado fue detenido en Campo Viera, tras lo cual permaneció internado dos días en el hospital Samic de Oberá debido a inconvenientes de salud derivados de la diabetes.
En ese contexto, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fijó residencia en la misma localidad adonde fue capturado por la Policía.
Se instaló con su pareja y una vez al mes personal policial concurría al domicilio para constatar la presencia del imputado. Llamativamente no usaba con tobillera electrónica y hacía una vida normal, al extremo que logró fugarse.
