Hay acuerdo con el FMI: este jueves entra al Congreso

El nuevo programa permitirá refinanciar la deuda con el organismo: el último pago será en 2034. Necesita el aval parlamentario y la posterior aprobación del directorio de la entidad.

El acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional ingresará en las primeras horas de este jueves al Congreso para que otorgue su aval. Fuentes parlamentarias ratificaron a cronica.com.ar que en la Cámara de Diputados ya están esperando el texto que girará el Palacio de Hacienda, incluyendo la carta de intención, el memorándum técnico y el de políticas económicas y financieras. Una vez que ello ocurra, será aprobado por el directorio de la entidad.

A través del nuevo programa de facilidades extendidas, la entidad proporcionará al gobierno el dinero para pagar el préstamo del acuerdo stand by pactado en 2018 por el macrismo, que todavía está vigente. La catarata de vencimientos (restan pagar U$S 40 mil millones en los próximos dos años) será afrontada con desembolsos similares que girará el Fondo y que empezarán a ser devueltos en 2026 y hasta 2034.

La refinanciación de la deuda ya había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa del martes. De todas maneras, tal como lo establece una ley sancionada en 2020, será necesario el aval parlamentario para convalidar el acuerdo.

Los detalles que ya habían trascendido marcan que el gobierno deberá reducir el déficit fiscal a 2,5% del PBI este año y seguir bajándolo hasta llegar a cero en 2025. De la misma manera se disminuirá significativamente la emisión monetaria (no más de 1% del PBI este año) y se trazan objetivos de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de U$S 15.000 millones en los próximos tres años.

La negociación estuvo a punto de naufragar por la insistencia del Fondo en reducir los subsidios a las tarifas de servicios públicos. El gobierno debió variar su postura inicial de que no subieran más de 20% durante el corriente año.

Finalmente se dispuso que el 10% más rico de la población (la manera en que se determinará ese grupo todavía no fue informada) deberá pagar la tarifa plena de luz y gas; para el resto regirá un incremento ligado a la variación de los salarios registrados. Los sectores con tarifa social, en tanto, mantendrán el beneficio.

De todas maneras, el clima parlamentario con relación al nuevo programa está demasiado revuelto. Tanto en el bloque oficialista, que esperaba plazos más largos para devolver el crédito, como en el opositor, que no termina de aceptar su responsabilidad en la toma del préstamo hace ya tres años, hay muchas discrepancias. Por esa razón se espera un duro debate en ambas cámaras antes de la aprobación.

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