El anuncio, que incluirá la coordinación de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y Obras Públicas, apuntará a suprimir un argumento opositor que martilla contra el peronismo por la persistencia en el tiempo de los programas de asistencia social. De paso buscará cohesionar la alianza gobernante con señales hacia los movimientos piqueteros afines que demandan la reconversión de la ayuda social en soluciones de largo aliento. Y será, también, otro elemento para sostener el vínculo del Ejecutivo con los sindicatos tradicionales luego del desaire a la CGT con el armado a sus espaldas de las listas de candidatos por el oficialismo.
El acto de lanzamiento se prepara para la semana que viene en una provincia, con Córdoba y Tucumán como principales candidatas. Uno de los hitos será la inclusión del rubro gastronómico en el diseño de la medida, pero no sólo por tratarse de una de las actividades más golpeadas por la pandemia y con mayor porcentaje de mano de obra intensiva, sino por un rasgo político: el gremio principal es el que conduce Luis Barrionuevo, enemigo principal del kirchnerismo en el arco sindical. La implementación del programa podría representar la vuelta del dirigente al diálogo institucionalizado con una administración peronista con participación protagónica de Cristina Fernández.
Para todas las actividades contempladas en el programa la premisa será la misma: capacitación a beneficiarios de planes sociales en oficios de albañilería, atención en restaurantes y hoteles y conexión de redes de agua y saneamiento, y transferencia a empleos formales en sendas actividades. El salario a percibir de arranque por parte de los nuevos empleados será el valor de un plan Potenciar Trabajo (equivalente a la mitad de un sueldo mínimo, vital y móvil) a cargo del Estado, y la diferencia con el básico de cada convenio colectivo por parte de cada empleador.
