El desalojo se registró el viernes 18 por orden del Juez Casco, del Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, en una causa por supuesta usurpación impulsada por personas que viven en la provincia de Santa Fé.
Según se deduce de las actuaciones judiciales transcriptas el expediente, habría existido un error de identificación del lote en conflicto ya que una primera inspección ocular dio cuenta de cinco carpas de hule sostenidas por palos tipo campamento en la zona conocida como «picada Unida, San Alfonso» mientras que las familias desalojadas viven en Picada Guaraní.
Invisibles
«Cómo no van ver nuestras casas que están desde hace años. Jamás nos notificaron de la tramitación del desalojo porque fueron a otro lado. Nosotros seguíamos con nuestra vida normal trabajando en nuestras chacras en la picada con nuestra producción de maíz, tabaco, yerba, cría de animales, amén de una sana convivencia con nuestros vecinos. Nuestras viviendas también contaban con servicio de energía eléctrica, con techos de zinc, pisos de cerámica, jardines, galerías, potreros. Nuestros hijos estudiaban en el aula satélite de la picada Guaraní, y hasta teníamos nuestra propia iglesia evangélica, que también fue desmantelada en la acción de desalojo. Es decir, no éramos nómades ni invisibles como para que no nos vieran» señalaron los productores en un escrito judicial que también se tramitará el lunes.
En el expediente también existen constancias de las advertencias policiales tanto al juez como al propio alcalde de San Vicente, ante quienes dejaron por sentado que la orden iba a producir un drama social de proporciones, y aconsejaron la intervención de otros organismos para contener y en todo caso, reubicar a las familias.
Todo fue en vano. El desalojo se realizó por presión del juez Casco, según también quedó expuesto en el expediente.
Mientras, esperan la intervención del alcalde Fabián Rodríguez, de la subsecretaría de Tierras y del Iprodha para que en conjunto, encuentren una solución a este grave drama social generado.
