Se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, luego del receso tomado por motivo de las elecciones provinciales legislativas del pasado 6 de junio. El formato utilizado para el debate de los diputados fue, nuevamente, el virtual, como viene ocurriendo desde el año pasado por efecto de la pandemia del COVID-19 y los protocolos sanitarios.
De esa manera, en base a la suma de expedientes que fueron elaborados desde el 2015 hasta el año pasado, se sancionó la ley de Fomento al Emprendimiento Misionero.
Al respecto, la diputada Anazul Centeno comentó que “la ley plasma en un solo instrumento herramientas que ya están vigentes en la provincia”, y recordó que “desde los organismos estatales se han puesto en marcha todos los mecanismos para tratar de salvar las dificultades generadas por el contexto de emergencia sanitaria que tanto perjudicó a los emprendedores”.
“El proyecto instituye a la tercera semana de noviembre como la semana del emprendedor”, subrayó y amplió: “Intenta nuclear y destacar el trabajo llevado adelante a través de distintas actividades, vincular al emprendedor con nuevos y posibles clientes, darle la posibilidad de publicitar sus productos o eventos, y todo esto se llevará a cabo en toda la provincia. Y también se prevé la creación del registro de emprendedores”.
Mientras que la legisladora Rita Nuñez, manifestó: “Una de las herramientas más importante que plantea esta ley tiene que ver con la creación del Centro de Formación de los Emprendedores”.
Cupo a capacidades diferentes
El presidente de la bancada de la UCR, Javier Mela pidió tratamiento preferencial para un pedido de informe con el que se busca conocer la cantidad exacta de personas con discapacidad que están trabajando en la administración pública de Misiones.
Para esto, recordó que existe una legislación vigente en la que se establece que el Estado provincial, sus organismos descentralizados, organismos de la Constitución, entes autárquicos, empresas estatales y mixtas con capital estatal mayoritario, están obligados a emplear personas con discapacidad que reúnen condiciones suficientes de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 5% de la totalidad del personal empleado y con relación a cada uno de los poderes, órganos o empresas.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Mela explicó sobre los motivos del proyecto que “tenemos una legislación provincial, también tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional que específicamente protegen a las personas con capacidades diferentes otorgándoles una variedad de derechos en función a su discapacidad. La Provincia dictó una normativa creando el Consejo Provincial de Discapacidad, estableciendo o recetando beneficios y derechos por la condición de personas que padecen alguna discapacidad”.
Sin embargo, apuntó que “recibimos un informe (elaborado por la dirección nacional de Gestión de información y Política Salarial), donde se remarca que en Misiones hasta el 2019 se contaba con 19 personas en la administración pública provincial incorporadas dentro de esta normativa. Entendemos que el Estado provincial está atrasado e incumpliendo su propia normativa. Por eso pedimos que nos informen”.
Además dijo: “Queremos señalar al gobierno las cosas que están faltando, sino estamos sancionando y aprobando leyes que en la práctica no se verifica su funcionamiento. Es un tema que compromete al Estado provincial y lo hace pasible de sanciones internacionales en caso de incumplimiento”.
Suspensión de desalojos
En la oportunidad, tomó estado parlamentario la propuesta presentada por la legisladora Centeno para extender el plazo de la suspensión de los desalojos habitacionales.
“Se busca ampliar el plazo de caducidad establecido en la ley que propone la suspensión en la ejecución de las sentencias de desalojo. El objetivo es prorrogar el plazo hasta el 30 de diciembre de 2022 para aquellas sentencias que tienen por objeto ordenar el desalojo o el remate de los inmuebles que sean destinados a viviendas únicas y familiares, y a producción agropecuaria única y familiar”, detalló.
Por ello, opinó: “Tenemos la empatía suficiente para ponernos en el lugar de las familias que duermen con el temor de encontrarse con una orden de desalojo o remate. El proyecto busca brindar un alivio mientras se siguen gestando las soluciones necesarias”.
En el mismo sentido consideró que “son muchos los organismos provinciales que abordan estos conflictos, pero los procesos judiciales son largos, tediosos. También hay muchas especulaciones sobre el valor de los terrenos y el derecho a una vivienda digna, que colisionan entre sí”.
“Lo que se pretende es llevar alivio a las familias que saben que están en una situación de irregularidad pero lamentablemente de momento no tienen otra salida. Y es darle también más tiempo al Estado provincial para la gestión integral de las soluciones habitacionales”, manifestó.
Regulación yerbatera
A su turno, el diputado Julio Petterson pidió acompañamiento a una declaración de interés provincial para la resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que busca ordenar la actividad yerbatera, determinando que toda plantación nueva no podrá superar las 5 hectáreas por año, mientras que la posibilidad de renovación de plantas viejas no superen el 2% de la superficie registrada, sean de pequeños o grandes productores en la actividad.
“Esto viene a regular la oferta y la demanda, para brindar a los pequeños y medianos productores la seguridad de que siempre vamos a tener un precio estable”, afirmó Petterson y añadió: “Se tomó la decisión en el seno del INYM luego de un extenso análisis, considerando que más de 65 millones de plantines se plantaron en los últimos dos años, de los cuales el 82,4% fueron plantadas por 8 empresas y grupos, y el resto por los pequeños y medianos productores, no alcanzando un promedio de 2 hectáreas y media cada uno”.
“Con esto vamos a cuidar a los productores y las familias yerbateras”, destacó.
