El agricultor de 72 años acusado de matar y arrojar a un pozo a su peón denunció el faltante de 4 millones de pesos de su vivienda, entre moneda nacional, dólares y reales, y que dicho robo fue perpetrado mientras estuvo detenido por el hecho. El hombre, a quien recientemente le otorgaron la prisión domiciliaria, afirmó ante la policía que el dinero estaba guardado en distintas partes de su casa y que era una herencia de su madre y de la producción de yerba mate de su chacra.
Vale recordar que este hombre se encuentra imputado por el homicidio de Marcelo Antúnez Sequeira (33), y que la Justicia lo benefició con la morigeración de su detención luego de reiterados pedidos de su defensa y de contagiarse en los calabozos de COVID-19.
La resonante causa se inició desde el mismo día en que la víctima desapareció, el lunes 4 de enero de este año. La policía de San Vicente lo encontró 40 días después dentro de un pozo de agua de 30 metros, con signos de haber sido asesinado a golpes. Tras el hallazgo y en averiguación del hecho fue detenido su empleador, con quien no tenía una buena relación.
Tras abstenerse de declarar ante el juez de Instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco, el acusado fue imputado por “homicidio simple”. En esa misma audiencia su abogado, David Mousquere, argumentó que además de su edad, el hombre padecía problemas coronarios y que figura dentro del denominado grupo de riesgo en el marco de la pandemia, por lo cual solicitó que no tuviera que volver a estar tras las rejas. El agricultor dio positivo para coronavirus y finalmente le otorgaron la domiciliaria.
Decidió vivir solo
Fuentes del caso indicaron que tras llegar a su domicilio y constatar el robo, algunos de sus familiares le sugirieron mudarse a vivir con él, sin embargo el agricultor habría desistido a esta idea y pese a ello, le volvieron a intentar robar, solamente que esta vez sonaron las alarmas que le instalaron sus parientes.
Un dato que llamó la atención, según relató un vocero, es que sus numerosos perros no reaccionan ante la llegada de intrusos a su propiedad, ubicada en picada Zulma, a escasas cuadras de la zona urbana de San Vicente. Por ello sus allegados desconfían que podría tratarse de alguien que conoce a los animales o que utilizan algún tipo de gas para generarles somnolencia o aturdimiento.
Ahora y mientras aguarda que se resuelva su situación procesal el hombre cuenta con la asistencia de algunos familiares que frecuentemente se acercan a su chacra para constatar su estado de salud.
El agricultor acusado del homicidio quedó bajo la lupa de la policía desde que desapareció Antúnez Sequeira. Según familiares de la víctima, el día en que lo vieron por última vez fue el ahora imputado quien lo fue a buscar para que le hiciera un “trabajito” en la chacra de su yerno. Pero el hecho que fuera quien lo llamó para realizar labores rurales justo el día en el que desapareció lo puso en el centro de las sospechas. La víctima trabajó durante cinco años para quien ahora es su presunto homicida.
La relación se tornó mala cuando, presuntamente, el patrón comenzó a acusarlo que desaparecieron garrafas y una cortadora de pasto. Pero cuando una supuesta demanda laboral de parte del changarín llegó a manos de su empleador ahí empeoró todo.
Tras su desaparición la policía realizó rastrillajes, que dieron resultado el sábado 13 de febrero pasado. Ese día los efectivos se dirigieron a una chacra de picada El Progreso, a 30 kilómetros de San Vicente, justo en el lugar en el que habían citado a Antúnez Sequeira para que trabaje. Entre pinos y maíz hallaron un pozo de agua. Debajo de ramas y piedras encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, que la familia lo reconoció por características particulares.
La autopsia determinó que lo mataron a golpes ya que presentaba “traumatismo severo de cráneo y de tórax” y que luego lo arrojaron a la citada excavación. La data de muerte coincidió con el día que lo vieron por última vez.
