El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley que apunta a establecer el “marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” que apunta a fijar las pautas para la actividad y fomentar el desarrollo de la cadena productiva.
La iniciativa, a la que tuvo acceso NA, ingresó por el Senado el último martes por la noche y fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura y de Seguridad Interior para comenzar con su tratamiento en los próximos días.
El proyecto apunta a regular “la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial, promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial”.
Entre sus puntos principales, la iniciativa dispone la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Ese nuevo organismo tendrá la función de “regular -entre otras- la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales”.
La ARICCAME estará a cargo de la “regulación y fiscalización de la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional.
En este sentido, entenderá “en todo lo referente al registro, control y trazabilidad de semillas, insumos críticos y productos derivados del cannabis”.
La agencia será la encargada de expedir “las autorizaciones administrativas que permitan la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales”.
El proyecto encomienda además a la ARICCAME “disponer un régimen diferencial para expedir las autorizaciones” referidas particularmente al uso industrial del cáñamo, definido como la planta de cannabis cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC, sustancia psicoactiva) es “igual o menor al límite” que establecerá el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la ley.
“Las personas humanas o jurídicas cuyas actividades se encuentren comprendidas en la presente ley no podrán iniciar sus actividades sin contar con la previa autorización de la referida Agencia”, establece la iniciativa impulsada por el Gobierno.
Entre las funciones de la ARICCAME también están las de “dictar las normas de procedimiento administrativo”, regular “el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución, trazabilidad y el uso de las semillas de cannabis, plantas, insumos críticos del proceso productivo y de sus productos derivados, para fines de uso industrial y medicinal” y “ejercer el control y seguimiento relativos al otorgamiento de las licencias y/o autorizaciones”.
La iniciativa también establece que la reglamentación de la ley, una vez aprobada, deberá promover “acciones específicas de coordinación que involucren al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
También señala que el incumplimiento de lo dispuesto en la ley tendrá sanciones de apercibimiento, multa (cuyo monto será definida de acuerdo a la gravedad de la infracción) y la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, entre otras.
La industria del cannabis en la Argentina ya tiene uno de los primeros emprendimientos importantes en la provincia de Jujuy, donde funciona la empresa del Estado provincial “Cannava”, dedicada al cultivo y elaboración de los productos para uso medicinal.
Días atrás, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que “el mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial crece exponencialmente a nivel global” y “es una nueva fuente de empleo de calidad y desarrollo productivo”.
El funcionario nacional precisó en aquella oportunidad que “el proyecto crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel local, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales”.
Además, resaltó que “el desarrollo de la cadena tendrá múltiples impactos positivos en el país: más empleo, más exportaciones, más innovación, desarrollo federal y acceso a la salud”.
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