BUENOS AIRES. Pese al rechazo de la mayoría de la oposición, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Consenso Fiscal suscripto por el Gobierno nacional con 21 administraciones provinciales. La iniciativa cosechó 140 votos positivos, contra 104 negativos y una abstención, y fue impulsada por el Frente de Todos y sus aliados provinciales, como el Frente Renovador de la Concordia “misionerista”, un espacio que invariablemente está aliado al oficialismo de turno.
En tanto, Juntos por el Cambio optó mayoritariamente por el rechazo, pese a que tres de sus cuatro gobernadores (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez) habían adherido al acuerdo fiscal.
Votaron a favor los diputados del Interbloque Federal, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, del bloque Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino. En tanto, en contra lo hizo Juntos por el Cambio, el Partido por la Justicia Social y la izquierda.
El Consenso que rompe con el acuerdo del 2017
El nuevo documento, que fue suscripto el 4 de diciembre de 2020, modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019. Fue firmado por todos los gobernadores, excepto Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), dos provincias que no habían adherido originalmente. Tampoco se sumó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Entre otros puntos, el proyecto ya aprobado en el Senado donde el oficialismo tiene mayoría automática, autoriza a las provincias a aumentar las alícuotas de Ingresos Brutos y el impuesto a los Sellos. Esto aumentará la presión fiscal en un contexto de asfixia presupuestaria, recesión económica e inflación. Para el oficialismo, la mayor presión fiscal redundaría en mayor recaudación.
A través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación de las jurisdicciones.
Además, se permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares. Asimismo, se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte en la Coparticipación a partir de la ratificación del convenio de traspaso de la Policía Federal, se negó a firmarlo.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la Coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
Las críticas de Pastori en la sesión
De acuerdo con el portal Parlamentario, en contra del proyecto, el diputado misionero Luis Pastori (UCR – JxC) aseguró que este nuevo acuerdo “lesiona a los intereses de los contribuyentes. Especialmente en cuanto a los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. Que son los más gravosos y de los más regresivos que tiene el sistema tributario de la República Argentina”, alertó.
El radical explicó que este nuevo documento va en contra del Consenso Fiscal de 2017. Ese acuerdo “buscaba que las provincias vayan teniendo una baja gradual” de estos impuestos. De modo de llegar, en algunos casos, “en 2022 a una alícuota cero de Ingresos Brutos”, excepto para algunas operaciones.
Asimismo, el legislador agregó que “tenemos que poner todos los esfuerzos en disminuir la presión impositiva, no en aumentarla”. Y puso como ejemplo “lo que está pasando ahora con el monotributo”. Entonces, abogó que “el próximo año podamos volver a tener esta marcha virtuosa de bajar la presión impositiva en estos impuestos provinciales”.
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