El asesor estrella de Mauricio Macri en temas judiciales, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ya figura entre las más de 7600 personas buscadas en el mundo por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La entidad emitió un alerta roja en respuesta al pedido de captura internacional que dictó la jueza María Servini, después de que el exintegrante de la mesa judicial macrista le informara que había pedido refugio en Uruguay para evitar presentarse a indagatoria en la causa en la que se lo investiga por el hostigamiento y ahogo financiero al Grupo Indalo. La notificación de Interpol representa un aval concreto al pedido de Servini mientras se esperan definiciones de la Justicia uruguaya sobre el refugio y la extradición de Pepín.
Servini pidió la captura internacional de Rodríguez Simón el 19 de mayo pasado, un día después de que el defensor de Pepín, Gustavo de Urquieta, se presentara para informar que el exasesor de Macri había iniciado trámites para conseguir el refugio en Uruguay. Rodríguez Simón, por su lado, se ocupó de contar su decisión en una entrevista en el canal LN+ y de publicar una carta pública en la que se presentaba como un “perseguido político”, con lo que buscaba justificar su resistencia a presentarse a la indagatoria que Servini le había fijado para el 17 de junio.
La determinación de integrar a Rodríguez Simón en la lista de los buscados se tomó desde la sede central de Interpol en Francia, pero el trámite se siguió minuto a minuto desde la delegación argentina, detallaron fuentes al tanto del proceso. La emisión de la notificación roja de Interpol se demoró –lo que generó malestar en el juzgado de Servini– porque la entidad requirió precisiones a la jueza, como, por ejemplo, si Rodríguez Simón había ostentado cargos públicos durante el gobierno de Macri. Pepín fue director de YPF y es, desde 2015, integrante del Parlamento del Mercosur (Parlasur), desde donde militó en contra de los fueros, por lo que tampoco puede ampararse en esa condición para evitar presentarse ante la Justicia argentina. Pero el cargo más importante de Rodríguez Simón no necesitó una designación formal: fue el integrante más osado de la mesa judicial del macrismo y ocupaba el despacho de José Torello (jefe de asesores de Macri) en el primer piso de la Casa Rosada.
Desde esa posición de influencia, Pepín fue una pieza clave en la persecución del Grupo Indalo, según declararon los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López. Esa persecución –según puede rastrearse en las fechas claves que estableció Servini para analizar las comunicaciones entre los imputados, entre los que está el expresidente– se inició en octubre de 2015, cuando, en una reunión con Macri, López se negó a poner sus medios de comunicación al servicio de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, según declaró ante la Justicia.
La Justicia en Uruguay
El jueves pasado, Rodríguez Simón debió presentarse ante la jueza uruguaya Adriana Chamsarián, quien tiene a su cargo la tramitación del pedido de extradición que formuló Servini a las autoridades de la República Oriental. Pepín comunicó que no tenía planes de volver a la Argentina y que se encontraba en trámite el pedido de refugio que había iniciado en los primeros días de mayo. Chamsarián ordenó retener su pasaporte y le dictó una prohibición de salir del país.
El pedido de extradición está en suspenso hasta en tanto se defina la solicitud de refugio. La palabra última en el refugio la tendrá la jueza Chamsarián, pero antes deberá escuchar a la Comisión de Refugiados (CORE), que debe emitir un dictamen analizando el caso. La CORE está integrada por representantes del Ejecutivo y del Legislativo uruguayo, la Universidad de la República y miembros de ONGs. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene voz, pero no tiene voto en el organismo. A priori, la CORE tendría 90 días para dar a conocer su postura, aunque quienes siguen con detenimiento el caso estiman que los tiempos pueden ser más laxos.
En Uruguay, entendían que, pese a la alerta roja de Interpol, no se haría efectiva una detención de Rodríguez Simón justamente porque está vigente su solicitud de refugio y no va a ser devuelto a Argentina hasta que su situación se termine de analizar. El gobierno de Luis Lacalle Pou dio una buena señal al gobierno Argentino después de que llegara el pedido de extradición: el ministro de Educación Pablo da Silveira (a cargo también de la cartera de Justicia) le comunicó al embajador argentino en el Uruguay, Alberto Iribarne, que no habría dilaciones en los trámites.
Según le informó la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a Servini, Rodríguez Simón se encuentra en Uruguay desde el 8 de diciembre pasado, aunque nunca notificó su partida al juzgado pese a estar al tanto que desde marzo de 2019 lo investigaban por las presiones al Grupo Indalo. Después de casi dos años de investigación, Servini lo convocó a indagatoria el 18 de marzo pasado y el 29 de ese mes le ordenó la prohibición de salida del país, a pedido de los querellantes. Para entonces, Pepín hacía tiempo que estaba en Uruguay y estaba madurando su decisión de no presentarse ante la Justicia argentina. Aún así, le informó a la jueza que volvería el 15 de mayo. Su defensor incluso aportó los pasajes del buque para la vuelta.
Las andanzas de Pepín
En la otra orilla, Rodríguez Simón –un reconocido abogado corporativo– se dedica a asesorar a inversores que quieren hacer negocios en Argentina, según informó su abogado. Además, está abocado a un proyecto comercial en el área de Maldonado y a otro inmobiliario en Rocha. Cada tanto, Pepín se hacía un tiempo para sus tareas en el Parlasur, aunque no participó de la última reunión en la que se pidió su expulsión del cuerpo por estar en una situación de rebeldía ante la justicia argentina.
En distintas apariciones públicas, Pepín dijo que tenía información de que podía ser detenido por Servini, pero nunca pidió una eximición de prisión en el expediente que instruye la jueza junto con el fiscal Guillermo Marijuan. En una reciente entrevista con la revista Noticias, Servini negó que la detención de Pepín estuviera siendo evaluada por su juzgado, que viene llevando una ronda de indagatorias. Este miércoles la jueza indagará al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Alberto Abad.
Rodríguez Simón hizo público que estaba tramitando el refugio en Uruguay el mismo día en que Servini incorporó al expediente un extenso informe sobre los entrecruzamientos telefónicos de los imputados, que confección la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Ese análisis vino a complementar uno que la misma oficina entregó en agosto pasado que estaba únicamente centrado en las comunicaciones de Pepín. En esos entrecruzamientos, aparecieron como contactos frecuentes tanto el exministro de Justicia Germán Garavano como el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Con Garavano se registraron 162 llamados y 59 con Rosenkrantz.
La situación de “Pepín está comprometida también en otra causa que se instruye en los tribunales de Comodoro Py: la de las presiones de la “mesa judicial” del macrismo a jueces y fiscales. Rodríguez Simón aparece, nada más y nada menos, que como uno de los titiriteros detrás de la renuncia forzada de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.
Pese a que algunos funcionarios macristas buscan presentarlo como un outsider, Pepín empezó a sentarse a la mesa judicial de Macri cuando el líder del PRO todavía estaba en el gobierno de la Ciudad. Como publicó este diario, el teléfono del secretario del expresidente, Darío Nieto, muestra que mantuvo reuniones frecuentes con el entonces mandatario –especialmente durante el último año del mandato, cuando los problemas judiciales de Macri empezaron a hacerse visibles– y que en esos encuentros hacía tándem con el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.
