El precio de la yerba mate en las góndolas tiene vía libre para subir de manera exponencial a partir de este lunes. Se debe a la decisión del gobierno de Javier Milei de desregular el mercado de la yerba y eliminar la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia. Esta medida pone en riesgo a miles de pequeños productores y cooperativas, además de amenazar con encarecer aún más este producto de consumo masivo y tradicional en la cultura argentina. Se estima que el kilo de yerba podría subir a más de 6000 pesos en las góndolas.
Hasta ahora, el rol del INYM era crucial para proteger a los pequeños productores frente al poder de las grandes industrias procesadoras. Durante la cosecha o zafra, este organismo negociaba y establecía valores mínimos que garantizaban a los productores cubrir sus gastos y obtener un margen de ganancia. Con la desregulación, las industrias podrán ejercer su poder de mercado para presionar a comprar a precios más bajos a su antojo, en búsqueda de mayores ganancias.
«Cuando inicia la zafra gruesa, los productores tenemos la necesidad de vender rápido antes de que se pierda la hoja. Entonces, nuestro poder de negociación es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que venderles sí o sí», explica con preocupación Jonás Peterson, titular del INYM. «La intervención del Instituto evitaba que se aprovechen de esa desventaja y nos hagan ofertas irrisorias,» agrega.
El argumento esgrimido por el gobierno es que la libre oferta y demanda, sin regulaciones, generará una competencia saludable entre empresas que derivará en precios más bajos para los consumidores. Sin embargo, los especialistas advierten que esta lógica desreguladora no favorece al eslabón más débil de la cadena, los pequeños productores, sino que consolida el poder de las grandes empresas elaboradoras.
«Nunca vi que cuando las condiciones favorecen a la industria, los valores en las góndolas se trasladen en beneficio del consumidor», cuestiona Peterson. «Por el contrario, generalmente el consumidor termina pagando más el producto final, mientras que el productor recibe cada vez menos por su materia prima.»
La necesidad de un Estado que siga de cerca la actividad para proteger a los eslabones débiles de la cadena es evidente cuando se analiza la composición del sector. Se calcula que en Misiones y Corrientes existen más de 10 mil pequeños productores, que están en jaque ante el avance de la desregulación.
A diferencia de esta atomización que muestran los pequeños productores, la radiografía de la cadena sectorial muestra que sólo diez empresas de la industria procesan más del 70 por ciento de los volúmenes que se comercializan en el mercado. Se trata de un nivel de concentración importante, que les permite manipular precios de la materia prima y coludirse a gusto y piacere.
Precios sin freno
El último valor de referencia que fijó el INYM para el kilo de yerba cosechada fue de 370 pesos. Se trata de la hoja verde de la zafra que es llevada a secaderos donde, después de un largo proceso de estacionamiento, deshidratación (canchado) y picado es entregada a un valor de 1406 pesos. Las industrias la compran, elaboran, envasan y venden. Así el paquete de un kilo puede llegar al consumidor final con un precio tres o más veces superior.
En algunas cadenas de supermercados, más allá de que existen varias marcas y una dispersión monumental, un kilo de yerba coquetea con los 4500 pesos. Se trata de una cifra impactante si se tiene en cuenta que en noviembre del año pasado costaba cerca de los 2200 pesos. Es decir, subas de más del 100 por ciento en cuatro meses.
El consumo de la yerba es totalmente inelástico. En otras palabras: el mate es parte de la idiosincrasia argentina y ante aumentos de precios desmedidos la población los termina por convalidar. En la práctica el reemplazo hacia otro tipo de infusión no ocurre. Algunas referentes de la actividad yerbatera aseguran que, siguiendo la tendencia de los últimos meses y en un contexto de desregulación total, el precio de la yerba podría subir a más de 6000 pesos el kilo.
El impacto de la liberalización de precios podría empezar a sentirse de lleno en comercios de cercanía y supermercados en los próximos días y semanas, con aumentos que volverán a golpear el bolsillo de los consumidores de este producto básico de la cultura nacional. Pero quienes más sufrirán las consecuencias serán los miles de pequeños productores y cooperativas yerbateras, que perderán el escaso poder de negociación que tenían hasta ahora.
Volver a los noventa
Los pequeños productores ya vivieron una experiencia similar durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem en los años 90, cuando se eliminaron los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Nacional. En aquellos años se desataron una ola de protestas y crisis en el sector yerbatero, con cortes de ruta y manifestaciones de productores desesperados por los precios ruinosos. La situación sólo comenzó a calmarse años después, con la creación del INYM en 2002.
«Con esta desregulación, el productor siente mucho temor de volver a vivir la pesadilla de los ’90, cuando un gobierno similar eliminó la intervención de una institución que lo defendía de los sectores más poderosos del mercado», advierte Peterson.
En medio de este panorama oscuro, la provincia de Corrientes también decidió apoyar la medida desreguladora del gobierno nacional, dando manga ancha a las grandes empresas en desmedro de los pequeños productores locales. El radical Eduardo Valdés, gobernador de Corrientes, se mostró a favor de la desregulación.
Frente a este ataque en toda la línea, los cultivadores y trabajadores del sector se preparan para lo que será una dura batalla por mantener sus ingresos y evitar ser arrollados por la voracidad de las grandes corporaciones. «Si no nos defiende el Estado, tendremos que volver a las rutas y las calles como en los 90 para hacernos escuchar», advierte un referente del sector.
En definitiva, la desregulación del mercado yerbatero impulsada por Milei amenaza con dinamitar uno de los emblemas de la cultura productiva nacional, poniendo en jaque a miles de pequeños productores y cooperativas, mientras consolida el poder de las grandes empresas y podría encarecer aún más los precios al consumidor final. Una nueva batalla cultural y económica se avecina en las rutas y los campos del norte argentino.