El 31 de marzo es el día D. Vencen más de 70 mil contratos de trabajadores estatales y es la fecha límite que estableció Javier Milei para ejecutar una segunda ola de despidos. “El martes o miércoles de la semana que viene van a ser determinantes”, advierten en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Los gremios aseguran que los responsables de distintos organismos filtraron que se bajó la orden de reducir entre un 20 y 30 por ciento la planta transitoria de la Administración Pública Nacional (APN). En el Gobierno responden que, por el momento, no hay datos certeros. En la previa de los anuncios, Armando Guibert, el funcionario encargado de la “depuración” del Estado, presentó su renuncia, y mientras el Presidente se ufana de las cesantías, trabajadores de la Casa Rosada se declararon en “estado de alerta y movilización”.

La angustia crece en las dependencias públicas nacionales. Todos los días llegan, cada vez con más frecuencia, telegramas de despidos; y se sabe que la semana que viene se intensificarán porque finalizan 65 mil vínculos laborales de los denominados Artículo 9 de la APN, y otros 6 mil de los conocidos como 1.109. Se trata de trabajadores precarizados, cuyos contratos fueron prorrogados por tres meses el 31 de diciembre, y que están en vilo a la espera de una definición.

«Es inminente el despido de miles de estatales. Tenemos que profundizar nuestro plan de lucha y definir medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes», expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien convocó a una reunión del Consejo Nacional del gremio para mañana a las 10. El objetivo del encuentro es convocar con urgencia a un paro general. “Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril”, agregó. El dirigente estima que a raíz del fin de semana largo, las notificaciones se enviarán entre el martes 26 y el miércoles 27. «Se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional», completó Aguiar.

Bajo este escenario, el Gobierno se prepara para implementar la segunda ola de despidos masivos. La primera comenzó en los primeros días de gestión. A dos semanas de la asunción presidencial, el Gobierno anunció que pondría fin a unos 7 mil contratos suscriptos en 2023 y que realizaría un “exhaustivo” relevamiento sobre la planta del Estado. Esa última tarea estaba comandada por Armando Giubert, secretario de Transformación del Estado, quien presentó su «indeclinable» renuncia el lunes pasado tras el escándalo por el aumento salarial del Presidente.

Las primeras cesantías se efectivizaron el 2 de enero, cuando 1500 empleados públicos llegaron a sus puestos de trabajo y fueron notificados que habían sido despedidos. Luego se avanzó con recortes en el PAMI, 165 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, más de 200 en AYSA, 50 en el ENACOM, 50 en el Conicet, 26 en la Secretaría de Derechos Humanos, 170 en el Incaa, entre muchos otros; y los anuncios del cierre de Telam (700 empleados), el Inadi (400 empleados) y el Instituto de Agricultura Familiar (900 empleados), que no fueron operativizados.

En el Ministerio de Capital Humano, la cartera que según Milei iba a tener siempre la billetera abierta, se cerraron los 59 Centros de Referencia con que contaba la Secretaría de Niñez y Familia en todo el país. El recorte implicó terminar con los contratos de unos 600 empleados. En el exMinisterio de Trabajo, ahora devenido en secretaría, denuncian que existe la intención de reducir un 30 por ciento de la planta. «No hay razones fiscales, ni presupuestarias para proceder con los despidos. Hay decisión política de ponerlo en manos de asociaciones empresarias y favorecer el lucro de grupos económicos concentrados», sostienen sus trabajadores.

En la antesala a la nueva ola, circuló por redes sociales un supuesto “instructivo” de despidos masivos. Mensajes de Whatsapp con un manual de conducta, que recomendaba a los responsables de las distintas áreas cómo ejecutar las cesantías. Por ejemplo, comunicarlas “verbalmente” y evitar discontinuar los contratos de embarazadas o dirigentes gremiales. En Casa Rosada, señalan que “no existen esos condicionamientos” y que cada dependencia está realizando una evaluación de «eficiencia» y que será el parámetro para decidir quiénes seguirán o no en sus funciones.

El número de despidos es aún una incógnita. “Hemos echado a 50 mil empleados públicos, eso es motosierra. Dimos de baja 10 mil contratos, eso es motosierra«, exclamó orgulloso Milei la semana pasada. Es otra cifra que el Presidente revolea por los aires y no se condice con la realidad. En los gremios niegan que ese sea el volumen de cesantías, aunque sostienen que es posible que sea la meta pretendida por el Gobierno.

Rebelión en Balcarce 50

Mientras Milei se ufana del feroz ajuste, sus empleados en Casa Rosada están en pie de guerra: denuncian despidos y «empobrecimiento» de sus salarios, a raíz de la eliminación de las horas extras. «Los funcionarios cobran millones y a nosotros nos dejan con sueldos de indigencia«, se quejaron ayer. «No somos casta, somos trabajadores orgullosos de la Presidencia y ese orgullo transforma el miedo en organización y resistencia», concluyeron. 

Al tiempo que transcurría la protesta, el mandatario estaba apostado en su despacho. Lejos de escuchar el reclamo, seguía dándole vueltas al desguace del Estado.