Las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad dicen que todavía no le conocen la cara. Y que la primera vez que se toparon con su nombre fue el 28 de diciembre pasado (el día de los inocentes), cuando fue formalmente designado a través de Boletín Oficial. Diego Spagnuolo, el flamante director libertario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), no tiene pergaminos ni estudios ni antecedentes en la materia sobre la que le toca gestionar, pero sí ostenta en la hoja de su CV una cualidad determinante: es el abogado personal de Javier Milei, al que representó en varias causas. La última fue en la cautelar impulsada durante la transición por el ahora Presidente para que se dejen sin efecto las últimas licitaciones públicas y contratos del gobierno saliente. El único paso por la administración pública que se le conoce fue, además, gracias a un tipo muy particular de «casta»: acompañó como asesor a Carlos Kambourian –procesado por malversación de fondos públicos del Hospital Grraham– en la secretaría de Salud del municipio de Pilar durante la intencia de Carlos Ducoté. Ahora, bajo el gobierno de su representado, manejará una caja que supera ampliamente el billón de pesos. Las cosas tampoco se le pusieron fáciles en su nuevo cargo: la obra social del sector está en una situación crítica, con deudas y fondos recortados, a lo que se le suma el aumento sideral de los medicamentos, lo que afecta a un universo de por lo menos un millón de personas. Algunas ONGs, como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) declararon que la situación es de “emergencia”.
Según pudo saber Página/12, Spagnuolo rara vez acude de forma presencial a las oficinas del organismo y mandó a sus segundas líneas a recibir a los titulares de las organizaciones, que tienen varias décadas trabajando en la problemática y que son el vínculo real y cotidiano entre las políticas públicas del Estado y las personas con discapacidad. Algunas de esas reuniones fueron la semana pasada, y el abogado de Milei no participó. Allí se discutió la situación alarmante de los prestadores del Programa Incluír Salud, la obra social del Estado que asiste a las personas con discapacidad: acumulan un retraso de casi el 100 por ciento entre la inflación y lo que se les permite facturar, lo que se suma a los retrasos en los pagos de las obras sociales y prepagas, que suelen ser a 60 o 90 días.
Spagnuolo también deberá hacerse cargo de una deuda con ellos que data de la gestión anterior, desde el mes de octubre. Varias provincias denunciaron a principios de mes que los fondos habían sido recortados. Los aumentos siderales en la nafta y los medicamentos complicaron al extremo el servicio de transporte y los costos fijos de los centros de rehabilitación, que en marzo, además, tienen que pagar aumentos de sueldos. No se habilitaron todavía nuevas altas para las obras sociales y todo el sistema –que incluye los servicios que prestan cuidadores, enfermeros, acompañantes y médicos– está «en riesgo». De toda esa política pública depende la salud de un millón de personas. Para ellos, por ahora, «no hay plata».
“Nuestro problema se arrastra desde varios Gobiernos. No es sólo este. La inflación ya nos venía destruyendo, pero a enero de este año tenemos un desajuste de casi 100 puntos de diferencia entre la inflación y los aumentos que nos dieron, así que esperamos que esta nueva gestión empiece a dar un horizoente de previsibilidad que aún no tenemos”, dijo a este diario el Coordinador del Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero.
Molero habla en representación de las ONGs, centros de día, centros de rehabilitación, escuelas y transportistas que trabajan en la problemática. “Es una situación alarmante y estuvimos preocupados puntualmente porque esta administración tardó mucho tiempo en designar a las autoridades y en su momento hubo un recorte de los fondos, que por suerte se empezó a solucionar. Nos recibieron directores del organismo y nos dijeron que están abocados a pagar deudas, pero nosotros necesitamos una recomposición muy significativa, porque en marzo quién sabe lo que puede pasar”, agregó. “Esperamos que la semana que viene ya haya una respuesta concreta”, concluyó.
Un “raviol” amigo del Presidente
El flamante director de ANDIS tampoco se presentó ante sus propios empleados, que esperan con angustia un ajuste por despidos: los contratos del último año que no fueron recortados aún fueron extendidos apenas por tres meses, hasta marzo. Cuando Luis Caputo anunció la purga de estatales acusó a quienes ingresaron en 2023 de haber sido nombrados por «razones políticas», sin distinciones. En el caso del abogado del Presidente podría haber dicho lo mismo: si bien es un cargo político, Spagnuolo no tiene historial en el área, ni siquiera tiene un sólo posteo en sus redes sociales donde haya aparecido, alguna vez, una persona en silla de ruedas, o una persona sorda, o una con autismo. Nada. Sólo publicó asados y reuniones con Milei y José Luis Espert. Los empleados denuncian que desde la llegada de la nueva gestión, hace ya mas de un mes, el organismo está prácticamente paralizado. Un sueldo como el suyo, de subsecretario de Estado (lo que en la jerga se conoce como «raviol»), está por encima del millón de pesos, unas cuatro veces el sueldo promedio de los estatales a los que llaman «ñoquis».
Los únicos antecedentes de Spagnuolo fueron un breve paso como asesor en la secretaría de Salud del municipio de Pilar (donde tiene su matrícula de abogado, a la par de la que tiene en CABA) durante la gestión del cambiemita Nicolás Ducoté; y una participación accionaria en la empresa GALAXY MEDICAL S.A.S., que se dedica a la comercialización y servicios de salud.
El paso del abogado de Milei por la gestión en Pilar fue de la mano del ex director del Hospital Garraham, Carlos Kambourian, que está procesado por usar fondos del hospital para gastos personales. Spagnuolo nunca hizo pública su declaración jurada de bienes. Ahora va a manejar una caja de más de un billón de pesos según la ejecución presupuestaria de 2023. Fuentes relacionadas al área sospechan que su objetivo, de todos modos, será ajustarlo en sintonía con el plan motosierra.
Una de las pocas veces que se le conoció la voz fue luego de las PASO, cuando salió a defender a Milei en los medios por la denuncia en su contra por haber intentado auscultar la corrida contra el peso en plena campaña. «De ninguna manera Milei incurrió con sus dichos en el delito del que lo acusa», fueron sus palabras al aire del programa de Luis Majul, en las que también se refirió a otra denuncia, la que presentó Milei contra el Estado –también bajo su patrocinio– para dar de baja las contrataciones y licitaciones lanzadas por la administración saliente del Frente de Todos en su última etapa al frente del Ejecutivo.
La emergencia en materia de discapacidad
«Con la inflación galopante actual, cada vez es más difícil sostener los apoyos para las personas con discapacidad. También la situación obliga a que varios prestadores dejen de brindar servicios, ya que están desincentivados o bien porque no pueden operar», dice el último comunicado de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), que describe la situación como de «emergencia».
«La situación es de emergencia desde hace varios años. Con casi todos los gobiernos estuvimos mal. Pero el panorama está cada vez peor», resumió la situación a este diario el secretario general de ASDRA, Alejandro Cytrinbaum. «En cada gobierno que asumió, fuimos y nos presentamos para ponernos a disposición. Nunca tuvimos el resultado que esperamos. Pero vemos que vamos de mal en peor», dijo. «Estamos muy preocupados, pero también expectantes de lo que pueda hacer la nueva gestión, que aún no nos recibió», concluyó.
