El Gobierno se apalancó en el terror narco desatado en Ecuador para justificar su intención de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, más concretamente en la ciudad de Rosario. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al tema durante su comparecencia en Diputados durante el debate por la Ley Ómnibus. “Argentina debería tomar nota de lo que sucede en Ecuador, es un tema continental y tenemos que protegernos de esto”, dijo. Horas antes, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el objetivo es que los militares “realicen tareas de apoyo” en la provincia gobernada por el radical Maximiliano Pullaro. No especificó cuáles. Tampoco hay plazos para concretar la medida, según confiaron a Página/12 fuentes de la cartera de Defensa que conduce Luis Petri. Lo que está claro es que el ala bullrichista de la administración libertaria trabaja en una reforma de la Ley de Defensa Nacional, un tema que en su momento fue materia de una pulseada de poder con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien bregaba por no meter en asuntos espinosos a sus protegidos de la familia militar. Ese debate, se ve, ya fue saldado en favor de los primeros.

Cerca de Petri –quien este miércoles participó del acto de asunción del nuevo jefe del Ejército, el procesista Carlos Alberto Presti– hablan de modificar la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional realizada en 2006 por Néstor Kirchner, que impide que las FFAA actúen en casos de seguridad interior. Será, como hasta ahora, mediante un DNU, por eso en la cartera de Defensa analizan el tema con equipos de juristas, atentos a posibles amparos como los que proliferan en torno al decretazo inaugural de Javier Milei. Eso conspira, aclaran, contra el apuro que dicen tener para enviar a las FFAA a “brindar apoyo” en Rosario.

El avance en esa idea, expresado por los distintos funcionarios en las últimas horas, da a entender que el debate al respecto ya estaría saldado al interior del Gobierno. Ya en campaña, Villarruel y Bullrich protagonizaron un contrapunto sobre la intención de la ahora ministra de mandar a las fuerzas a meterse en el corazón del conflicto narco en el país. La vice dejó en claro más de una vez que los militares no deberían poner el cuerpo en un barro en el que no desean mancharse. En su momento se especuló que hablaba como portavoz de al menos un sector de la familia militar. Desde que Villarruel fue desplazada de las áreas de Defensa y Seguridad que Milei le había prometido antes de llegar al poder, evitó pronunciarse en público sobre el tema. En su entorno aseguran que tampoco volverá a hacerlo a futuro. “Son áreas que ya no dependen de ella”, sostienen. 

Bullrich, por su parte, empuja a Petri hacia esa decisión. Las reuniones de coordinación entre funcionarios de Seguridad y Defensa son bastante habituales y tienen al tema como primordial. Durante su primera gestión en el área, Bullrich ya ensayó, a través del decreto 683/18, ampliar el marco de acción de las FFAA. Ese decreto fue modificado parcialmente durante el gobierno de Alberto Fernández, pero podría ser el marco normativo que está buscando para concretar el objetivo. 

Mientras tanto, la ministra sigue con el «Plan Bandera», que anunció desde Rosario junto a Pullaro a fines de diciembre. Ese «plan» prevé el arribo a la ciudad santafecina de los “Linces”, el grupo motorizado de Gendarmería dedicado a los motochorros. También tiene en carpeta una versión local de la norteamericana “Ley RICO”, que permite acusar penalmente a todos los miembros de una misma organización con la sola condena de uno de ellos. Ni bien asumió, además, se transfiririó a su cartera el Servicio Penitenciario Federal y la Anmac, la agencia que controla el uso de armas. 

Las escenas espeluznantes de Ecuador le dieron fuerza argumental al objetivo de involucrar a las FFAA. «Ecuador perdió absolutamente el control y hoy tiene 40 muertos cada 100 mil, perdió el control del territorio y hoy está destruido”, dijo, y hasta se aventuró a que podría mandar apoyo a ese país, en otro de sus clásicos pasos de comedia. 

«Rompe un consenso de 40 años»

«Es una medida inútil y confusa», dijo en diálogo con Página/12 Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS. «No se entiende, al menos en lo que dice el Gobierno, cual puede ser el aporte concreto que podrían ofrecer las Fuerzas Armadas» en este contexto, agregó, «sobre todo teniendo en cuenta que el principal problema es la connivencia policial, judicial y política” con el narco. 

«La injerencia de las FFAA en el tema, en todos los países donde se implementó, no hizo más que escalar la violencia y exponer a las fuerzas al efecto corruptor que tiene el narco para todas las instituciones que atraviesa», reflexionó Tufró. «Podría ser muy peligroso a largo plazo», añadió. 

Respecto del decreto 683/18 que entró en vigencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Tufró aclaró que, «al final, lo que hicieron las FFAA fue prácticamente nada». «Enviaron algunas patrullas del Ejército a la frontera sin mucha idea de qué tenían que hacer», describió. 

“Fue una medida grave, que implicó un retroceso respecto de un consenso democrático que tiene 40 años y en la práctica no tuvo ninguna injerencia operativa concreta”, concluyó.