El gobierno dio de baja los Créditos Anses, la iniciativa que posibilitaba a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia de medios y bajos ingresos el acceso a fondos que podían devolver en hasta 48 cuotas a una tasa de interés fija y muy baja en comparación a las que ofrece el mercado. Esta política benefició a 2,1 millones de jubilados y jubiladas y a unos 635.000 trabajadores que solicitaron los préstamos en 2023, según fuentes oficiales. Estuvo vigente desde septiembre del año pasado y había sido ampliada en noviembre. Por otro lado, la gestión de Javier Milei oficializó el pago de un bono de 55.000 pesos en enero para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, condenándolos a otra pérdida en el poder adquisitivo de sus haberes.
La primera Resolución que firmó la Anses bajo la actual gestión de gobierno es la disolución de los Créditos Anses, una decisión que golpea especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos en un contexto donde la política de ajuste fiscal y la aceleración inflacionaria retraerán el consumo en 2024. Días atrás este diario publicó un crudo informe de la consultora Scentia donde planteaban que este año las empresas de los sectores que conforman la canasta básica (alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza) tendrán su peor año en los últimos 20, proyectando una caída de hasta un 10 por ciento del consumo minorista en función del escenario macro.
A quién beneficiaban los Créditos Anses
Los Créditos Anses beneficiaron a 2.153.164 jubilados y jubiladas y a 635.147 trabajadores en relación de dependencia que accedieron a los mismos durante 2023, según datos oficiales. En el primer caso eran líneas de préstamos de hasta 600.000 pesos a una tasa fija del 29 por ciento, mientras que a trabajadores con salarios de hasta casi 2 millones de pesos les ofrecían hasta 1 millón de pesos a una tasa fija del 50 por ciento anual. Los préstamos se devolvían en 24, 36 o 48 cuotas (es decir hasta dos años) abonando una tasa de interés muy inferior a la de mercado. Habían sido ampliados en volumen durante el mes de noviembre.
La decisión del gobierno de Milei se amparó en la necesidad de resguardar la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), según informa la Resolución citada, que a su vez fue enmarcada en la supuesta “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional” declarada en el DNU 70/2023. Según los considerandos, la vigencia de los créditos “debe ser reanalizada considerando el contexto económico del país que torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar dentro del mercado de préstamos personales”, así, su suspensión sería “una medida preventiva en resguardo de la rentabilidad del fondo, y con el fin de privilegiar la liquidez del mismo”.
No obstante el peso de estos créditos dentro de la cartera del FGS era minoritario, alcanzando un 2,3 por ciento del total en agosto de 2023 según datos oficiales. En moneda local esa cifra ascendía a 363.331 millones de pesos. La verdadera amenaza sobre la rentabilidad y liquidez del FGS es una mala administración, como tuvo durante la gestión del macrismo (cuando su valuación se redujo casi a la mitad), o bien la amenaza de su disolución expresada recientemente por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Todo en contra de los jubilados
Por otro lado, y también amparado en “la grave situación socioeconómica que atraviesa el país”, el gobierno confirmó el pago de un bono de 55.000 pesos para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial publicado el martes. La medida fue adelantada por el vocero presidencial el viernes pasado, cuando confirmó también que se abonará otra suma en febrero cuyo monto aún no está definido. Así, quienes cobren el haber mínimo que era de 105.712,61 pesos en diciembre pasarán a recibir 160.712,61 pesos en enero. Desde Anses también confirmaron que “aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al monto de 105.712,61 pesos, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de 160.712,61 pesos”.
La decisión se conoció luego de que el gobierno dispusiera, en el proyecto de Ley Omnibus, derogar la Ley de Movilidad Jubilatoria que estipulaba un aumento trimestral para todos los jubilados y pensionados. Dicho aumento había sido del 20,87 por ciento en diciembre pasado y se complementó con un bono de 55.000 pesos para quienes cobraran la mínima. Ahora este aumento será discrecional, es decir, dependerá de la buena voluntad del Ejecutivo que de momento no pautó ningún incremento para el conjunto de las jubilaciones sino solamente el bono para los beneficiarios de menores haberes, y ni siquiera lo actualizó para cubrir el avance de la inflación, como hacía el gobierno anterior.
Por otro lado, los jubilados que cobran el haber mínimo y que accedieron a su jubilación sin moratoria ni Plan de Pago de Deuda Previsional, es decir acreditando 30 años de aportes efectivos, recibirán en enero el complemento del 82 por ciento del Salario, Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), estipulado por ley, que será de 22.207 pesos. El último aumento dispuesto por el Consejo Nacional del Salario para el SMVM fue del 8,5 por ciento en diciembre, con lo cual ascendió entonces a 156.000 pesos. El grupo de jubilados mencionado antes debe por ley al menos cobrar el 82 por ciento de esa suma.
El Consejo Nacional del Salario volverá a reunirse en las primeras semanas de enero, según confirmó días atrás el secretario de Trabajo, Omar Yasin. Allí convergen representantes de sindicatos, del sector empresarial y del gobierno para determinar el monto del SMVM. La actualización de este sueldo básico impacta también en el monto de planes sociales, como el Potenciar Trabajo, y en el seguro por Desempleo.
