El Senado de la Nación aprobó y giró este jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que establece una representación de, al menos, ocho integrantes del mismo sexo, durante una sesión especial en la que la oposición votó en contra.
Tras un debate de ocho horas, la iniciativa obtuvo 36 votos a favor y 33 rechazos, en tanto que hubo tres ausencias.
A favor de la reforma votaron los 34 representantes del Frente de Todos presentes (el misionero Maurice Closs se está recuperando de una afección de salud) y sus aliados: la riojana María Clara Vega, de Hay Futuro Argentina; y Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro.
También estuvo ausente la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.
En contra se pronunciaron los 32 integrantes de Juntos por el Cambio que estaban en el recinto (el cordobés Luis Juez estuvo ausente) y la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo.
La legisladora de San Luis había anticipado en el debate su voto negativo al criticar que se modifique el proyecto original para bajar el número de miembros de la Corte de 25 a 15.
“No estoy dispuesta a deslegitimar la palabra de los gobernadores que vinieron acá”, había dicho Catalfamo.
El proyecto original del oficialismo, presentado por los jefes de la bancada del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y que contaba con el apoyo de los gobernadores peronistas, establecía la ampliación a 25 del número de integrantes.
Esa iniciativa obtuvo dictamen de comisión el 29 de junio, pero no pudo ser debatida en el recinto porque el bloque mayoritario no tenía el número necesario.
En la última semana, el Frente de Todos aceptó bajar de 25 a 15 el número de integrantes de la Corte, lo que le valió el respaldo de dos de sus aliados, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana María Clara Vega; y de uno de sus integrantes, el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
Los tres legisladores habían presentado proyectos vinculados a la composición de la Corte: Weretilneck, uno que dejaba en 16 el número de jueces; Rodríguez Saá, otro con nueve miembros; mientras que Vega sostenía la paridad de género.
No obstante, la letra del proyecto de ley aprobado la noche del jueves no se conoció, oficialmente, hasta minutos antes de que finalice el debate en el recinto, ya que el Frente de Todos estuvo ajustando detalles hasta último momento.
Al comenzar la discusión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek dio un anticipo de lo que contendría el documento final cuando mencionó a los quince integrantes, así como la idea de la paridad de género.
Snopek, al abrir el debate, reconoció que “el número original generó discusiones internas que son propias de los debates” dentro de la bancada mayoritaria.
“Esta pluralidad generó que la integración sea con quince miembros y, en este efecto, establecer una paridad con ocho jueces o juezas que deben ser del mismo género”, anunció Snopek.
El neuquino Oscar Parrilli, en tanto, salió al cruce de la oposición y consideró que “es todo mentira” cuando desde el interbloque JxC acusan al oficialismo de falta de diálogo y «que se impone siempre la mayoría”.
“Eso sirve solo para cuando algunos dirigentes de la oposición van a los medios de comunicación afines”, replicó.
Además, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales atribuyó la falta de acuerdo a que “hay dirigentes políticos opositores que le tienen miedo a (el expresidente Mauricio) Macri y a (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto, aunque digan que están dialogando con nosotros”.
En tanto, el formoseño Mayans reivindicó su apoyo a la ampliación de la Corte tras advertir la gravedad que significa para la democracia que «un poder se arrogue una superioridad sobre los otros dos poderes del Estado», que «es lo que está pasando en la República Argentina en estos momentos»
«Nadie puede negar que en el Gobierno anterior hubo una intención de persecución contra sindicalistas, políticos y empresarios y que se utilizó como herramienta a la justicia», añadió el jefe del interbloque oficialista, quien acusó a la Corte de tomar decisiones legislativas que no le corresponden.
Para Mayans, al declarar la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura 15 años después de recibir esa causa, el máximo tribunal puso en funcionamiento una ley que había sido derogada por el Congreso, lo que constituye -marcó- «un hecho gravísimo».
Por su parte, la senadora bonaerense Juliana Di Tullio se refirió a la actual composición de la Corte y calificó a los cuatro jueces que la componen como «muy débiles, vulnerables a los aprietes del poder económico, de independientes no tienen nada y de democráticos mucho menos».
Por la oposición, el porteño Lousteau acusó al Frente de Todos de buscar “partidizar” el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
“Si la van a politizar la Corte, menos confianza en la justicia van a generar”, sostuvo Lousteau.
El jefe del bloque radical, el fomoseño Luis Naidenoff, afirmó que “esta es una victoria pírrica” para el gobierno nacional y arriesgó que “lo que está marcando es el fin de ciclo”.
“La convocatoria al diálogo no sirve. ¿Pueden hablar de diálogo con este tratamiento? Si quieren ser serios, que este tema vuelva a comisión”, reclamó.
El debate tuvo un momento de distensión cuando el radical fueguino, Pablo Blanco, llevó un bolillero al recinto para señalar que, a cuatro horas de iniciada la sesión, todavía no se conocían detalles de las modificaciones que pensaban introducir al dictamen original.
