La Cámara de Senadores comenzará a debatir esta semana el proyecto que reforma la composición del Consejo de la Magistratura con una reunión conjunta de comisiones en la que se pondrá a la vista el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a fines del año pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de la norma original sancionada por el Congreso en 2006.
El Frente de Todos (FdT) impulsa el tratamiento de la iniciativa que actuará sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial argentino.
La reunión se llevará a cabo este martes 22 de marzo a las 16 en el Salón Illia del Palacio Legislativo, donde se darán cita los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
Ambas cuentan con la presidencia en manos del FdT (el jujeño Guillermo Snopek en Asuntos y el neuquino Oscar Parrilli en Justicia) y mayoría de integrantes del oficialismo.
Por eso, aunque también se agendó al miércoles 23 como último día de debates, no se descarta que el dictamen sea firmado el mismo martes.
«Vamos a ir viendo cómo se da la discusión. La reunión está citada con todos los proyectos presentados. Y la posibilidad de invitar oradores no está descartada», señaló Snopek en declaraciones a Télam.
De todos modos, el legislador agregó que «hay apuro por sancionar el tema, pero no es seguro que se vaya a firmar dictamen el mismo martes».
La decisión del oficialismo es avanzar este mes con la discusión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado a principios de diciembre de 2021, semanas antes de que el supremo tribunal declarara inconstitucional la actual normativa que, en 2006, redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13.
En ese sentido, es probable que, si obtiene despacho de ambas comisiones, el proyecto de ley sea debatido en el recinto a la semana siguiente.
En su fallo, los jueces le encargaron además al Congreso la sanción de una nueva ley que lo regule y le concedieron un plazo de 120 días corridos para que se elija a los nuevos miembros.
El fallo del 16 de diciembre último del máximo tribunal definió que la composición no respeta el «equilibrio» de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados, y dispuso que el Congreso dicte una normativa que lo regule y que el Consejo vuelva a integrarse en 20 si la ley no se sanciona antes del próximo 14 de abril de 2022.
Senadores del oficialismo cuestionaron duramente ese fallo y Parrilli, por ejemplo, dijo que la decisión del máximo tribunal no era «correcta» y que los jueces se «excedieron en sus facultades» porque «no deberían haber declarado la inconstitucionalidad estando la ley plenamente en vigencia».
La mendocina Anabel Fernández Sagasti, por su parte, consideró que la decisión del Supremo Tribunal «roza el golpe institucional».
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre el que girará la discusión en las comisiones, propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, con el objetivo de mejorar y agilizar los procedimientos de selección de magistrados.
La iniciativa suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.
De este modo, el organismo quedará integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (hasta ahora eran dos), y se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados con competencia federal del interior del país, de los cuales al menos dos deben ser mujeres.
Habrá además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.
El estamento de los abogados tendrá cuatro representantes (hasta el momento eran tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.
También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.
