Cuáles son las consecuencias de acordar o no con el FMI

La alternativa de no pagar implica pagar por otro lado. Si es por una cuestión de principio, la opción no se discute: no se paga y listo. Pero si es una cuestión de conveniencia del país, habría que sacar una relación costo-beneficio entre pagar o no hacerlo, o hacerlo pero negociando.

No se entiende si la deuda es un problema de principios, de Justicia o de conveniencia. Y cada uno de esos lugares propone una salida diferente y en algunos casos, varias: No pagar, pagar negociando o sin negociar y abrir una causa en la justicia. Cualquier camino que se tome tiene costos altos. Es imposible salir indemne del barrial que dejó Mauricio Macri.

El acuerdo que dejó el gobierno macrista implica pagar cifras astronómicas en pocos años. La decisión del gobierno ha sido negociar y pagar sin ajuste. Hay planteos desde la oposición de izquierda que exige no pagar. Y un sector del Frente de Todos propuso presentar una denuncia en el Tribunal Internacional de La Haya.

Los representantes del macrismo hasta ahora han sido consecuentes con la actitud inicial y se han negado a colaborar con la dura y complicada negociación que emprendió el gobierno con el Fondo Monetario. O sea que se inclinan por mantener el cronograma de pagos por el cual, en los próximos dos años Argentina tendría que desembolsar 20 mil millones de dólares al año.

Como dijo el ministro Martín Guzmán esa cifra es mucho más alta que cualquier récord que haya tenido el superávit de la balanza de pagos en toda la historia del país, que es de donde salen las divisas para pagar, porque Argentina no fabrica dólares. No es sólo que llevaría a la pobreza a la mayoría de los argentinos sino que directamente es imposible pagar. Lo que hicieron Mauricio Macri y el Fondo con ese acuerdo fue un despropósito.

Sectores del macrismo, como Horacio Rodríguez Larreta, parecen coincidir en mantenerlo así y se han negado a participar en las reuniones que convocó el gobierno. De la misma forma rechazaron el proyecto de Presupuesto 2022, donde el gobierno había desplegado algunos de los índices en discusión con el Fondo. Si se compara la crisis mortal que implica esta deuda, con las excusas politiqueras para negar su colaboración, la conclusión es que esta oposición se considera inmune al sufrimiento social que ocasionaron.

Pagar o no pagar

Si es un problema de principios, es obvio que Argentina no tendría que pagar una fortuna que se desvió a fondos privados y no dejó una sola prestación para el bien común. La mayor parte de ese dinero se utilizó para evitar que el dólar se descontrolara antes de las elecciones y de esa manera se fue por la canaleta de la fuga. La inmensa mayoría de los argentinos tiene que pagar algo que nunca recibió. Por principio, no habría que pagarla.

En esa negociación, Argentina tiene como interlocutores del otro lado de la mesa a las principales economías del mundo, incluyendo a Rusia y China. Si no paga tiene que prepararse para aguantar las represalias, desde las emboscadas conspirativas y los quinta columnas, hasta bloqueos o rupturas comerciales, con el consiguiente empobrecimiento de la economía y de las personas.

Es cierto que por principio no habría que pagarla. Pero la población tendría que estar dispuesta y con fuerte conciencia del costo que deberá soportar. Si esa conciencia no echa raíces profundas, si no se convierte en convicción indestructible y masiva, el malestar que produciría ese empobrecimiento se puede expresar en voto protesta a favor de los candidatos de derecha que, cuando asumen, aumentan la pobreza.

Los gobiernos kirchneristas acordaron con el 95 por ciento de los acreedores. Pero los fondos buitre del cinco por ciento restante pagaron campañas mediáticas millonarias, hicieron aliados internos, presionaron jueces, consiguieron fallos favorables y finalmente cobraron más de lo que pedían.

En este caso, no se trata del cinco por ciento de los acreedores, sino de todas las grandes economías con las que Argentina comercia o quisiera hacerlo. La alternativa de no pagar implica pagar por otro lado. Si es por una cuestión de principio, la opción no se discute: no se paga y listo. Pero si es una cuestión de conveniencia del país, habría que sacar una relación costo-beneficio entre pagar o no hacerlo, o hacerlo pero negociando.

Lo que se pague, por poco que sea, podría haber sido utilizado para combatir la desigualdad. Pero no pagar podría profundizar la desigualdad al bloquear el desarrollo de las fuerzas productivas. Básicamente es una situación injusta.

Y es injusta por varios motivos no solamente porque fue un negociado político-financiero que enriqueció a los ricos a costa de los pobres, sino porque el crédito transgredió los reglamentos de Argentina y del mismo Fondo Monetario Internacional.

La explicación de Martín Guzmán 

Durante su encuentro con los gobernadores, –al que no concurrieron los de las cuatro provincias gobernadas por el macrismo– el ministro Guzmán explicó el contrasentido de que el Fondo se creó supuestamente para socorrer a países con problemas en sus balanzas de pagos y, ahora, el problema de la balanza de pagos de Argentina es justamente la deuda con el FMI.

En vez de ser parte de la solución, es parte del problema. Una cosa es la letra escrita (lo cual hay que tomar en cuenta en una vía judicial) y otra los intereses hegemónicos que pusieron en juego las economías centrales, sobre todo Estados Unidos, cuando crearon el Fondo. Y fue así desde el principio. La letra escrita nunca se cumplió. Y menos en el préstamo para que Macri gane las elecciones.

De todas las opciones, el gobierno eligió la de negociar la suma, los plazos y los condicionamientos que quiere poner el Fondo. Pero no tendría que dejar de lado el camino judicial como una opción, sobre todo si los negociadores del Fondo se cierran en posiciones que asfixiarían a la Argentina

El cronograma de pagos en diez años estipulado por el programa de facilidades extendidas, que ya está prácticamente cedido por los técnicos del Fondo en este tramo de la negociación, alivia la animalada del macrismo, pero no saca a la Argentina de la zona de riesgo. El gobierno reclamó reclamó más tiempo para pagar.

El ministro Guzmán insistió en el principio de no pagar a costa del crecimiento con inclusión. Según explicó, el centro de las diferencias están planteadas por el plazo para llegar al déficit cero. Estados Unidos exige que Argentina ajuste sus gastos para llegar al 2023-2024 al déficit cero, pero el gobierno sostiene que la economía necesita recuperarse de dos bajones: el que produjo el gobierno macrista que increíblemente hizo caer el producto bruto 2,5 por ciento en 2018 y 2,2 por ciento en 2019, y luego el que produjo la pandemia en el 2020, un fenómeno que se dio en todo el planeta.

El obstáculo sería Estados Unidos. Resulta paradójico porque, como discípulo de Joseph Stiglitz, es donde el ministro Guzmán tiene más llegada. El economista norteamericano recibió el Nobel en 2001, junto con George Ackerlof, esposo de la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen. En círculos internacionales se considera keynessiana a Yellen, pero en estas cuestiones a veces pesan más los intereses políticos y económicos que las ideas.

No hay salida sin costos altos para los argentinos. Pedir este crédito y aceptar los términos truculentos como fue cedido constituyó “el mayor acto de administración fraudulenta y mayor malversación de caudales” de la historia, como lo definió el presidente Alberto Fernández al presentar una denuncia ante la Justicia contra Macri. Sería justo que el principal responsable del sufrimiento que deben afrontar los argentinos también pague.

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