La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a legisladoras nacionales, anunció este jueves en la Cámara de Diputados que se iniciará un proceso de consultas para diseñar una reforma integral de la Ley 26.485 de «Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales», a través de un proceso participativo y federal.
«No queremos una norma que nazca de los escritorios», dijo Gómez Alcorta al presentar el proyecto, y explicó que una ley que tenga «todas las voces», con un sentido «plural y diverso», seguramente será superadora de cualquier otra que contenga una sola mirada.
Agregó que el hecho de que hoy se tenga que «repensar una ley» que tiene 12 años, «habla de la enorme transformación que sucedió» en el país.
Gómez Alcorta hizo estas declaraciones en el marco del encuentro que se realizó en el Salón «Delia Parodi», en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, y contó con la participación de las titulares de la comisiones de la Banca de la Mujer del Senado, Norma Durango (FDT), y de la comisión de Mujeres y Diversidades de Diputados, Mónica Macha, entre otras parlamentarias del Frente de Todos.
«Necesitamos todas las voces y las miradas, necesitamos de una norma que se construya con muchísima legitimidad, como construimos las feministas, que es en redes, colectivamente, llegando a consensos, aprendiendo que ninguna sabe todo y otra puede hacer un buen aporte»
Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad
En este ámbito se refirió a la violencia laboral, y dijo que «las que tienen que hablar son las trabajadoras y sindicalistas», en tanto que cuando se habla de políticas públicas deberán «ser las compañeras que ejercen la política de cualquier ámbito» quienes se expresen y cuando se «hable de violencia mediática las que deberán opinar serán las compañeras periodistas».
«Necesitamos todas las voces y las miradas y necesitamos de una norma que se construya con muchísima legitimidad, como construimos las feministas, que es en redes, colectivamente, llegando a consensos, aprendiendo que ninguna sabe todo y otra puede hacer un buen aporte», completó.
Subrayó que desde el Ministerio trabajaron la idea de «convocar a los varones y a todas las fuerzas políticas» para que «todos estén involucrados» y que cuando se tenga «la norma escrita» se la sienta «de todos», sabiendo que «también hay que conceder porque nadie tiene la verdad».
«Lo pensamos como un proceso social participativo territorial profundamente federal y en formato presencial de seis meses, con ejes amplios», completó.
La propuesta de reforma
La ministra señaló que la propuesta busca poner en discusión «nuevos tipos y modalidades de violencias de género», al tiempo que propone incorporar «la perspectiva de diversidad y brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional».
Asimismo, agregó, se buscará «fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género».
Según indicaron desde la cartera que conduce Gómez Alcorta, la propuesta propone incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar «un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género».
«Lo pensamos como un proceso social participativo territorial profundamente federal y en formato presencial»
Elizabeth Gómez Alcorta
El proceso de reforma de la norma implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas que dialoguen sobre las reformas normativas necesarias en materia de violencias por motivos de género, violencia económica por motivos de género, acceso al hábitat, acceso al trabajo, entre otros, se precisó.
Los debates y la información reunida serán el insumo fundamental para la redacción del proyecto de ley que se presentará el 25 de noviembre de 2022.
