La medida adoptada fue tomada por las autoridades de la institución religiosa a pedido del titular del Juzgado Correccional y de Menores 2 de Posadas, César Jiménez.
Asimismo, el magistrado solicitó al colegio que se separe a los alumnos denunciados de sus víctimas de los espacios de enseñanza y actividades recreativas.
En tanto que, por el momento, los varones señalados seguirán cursando desde sus casas las materias correspondientes del año, “con el seguimiento que hará la escuela”, dijo el sacerdote Juan Rajimon, a LVM.
La fiscal María Laura Álvarez había solicitado al juez que los jóvenes denunciados terminen de cursar lo que queda del año lectivo de manera virtual y que el próximo año el establecimiento educativo no le renueve la matricula.
En ese sentido, la misma fuente explicó a este medio que las medidas adoptadas “deben ser tomadas de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos humanos del Niño con medidas alternativas y socioeducativas”, tal como lo afirmó el juez Jiménez en la conferencia de prensa que brindó el último viernes.
Además, se comentó que la decisión de inscribir o no a los alumnos en el 2022 es exclusivamente del colegio. De ser así, los padres de los menores podrían recurrir a la Justicia y solicitar un amparo.
