El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de la madre y la hermana de Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, del técnico Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón, en un causa donde se investigan posibles maniobras de lavado de dinero. La punta del ovillo de este expediente fue el hallazgo de una cuenta no declarada de Nisman en el banco Merrill Lynch de Nueva York, con operaciones sospechosas por al menos 666.690 dólares. Fue poco después de un mes de la muerte del fiscal, cuando su ex pareja Sandra Arroyo Salgado entregó los datos a la Justicia. En la investigación patrimonial se detectaron otros bienes dudosos, como inmuebles en Uruguay, un fideicomiso para la construcción de departamentos en Palermo y un auto de alta gama. Existe un peritaje en marcha pero el caso tampoco puede avanzar demasiado por decisiones pendientes la Corte Suprema.
Cuando abrió la cuenta en Estados Unidos, Nisman mintió para disimular que él era el verdero dueño del dinero, como informó Página/12. Por eso en el formulario inscribió como titulares a Garfunkel, a su hermana Sandra y a Lagomarsino. A él mismo se anotó como apoderado y puso que era abogado en actividad, con lo cual ocultó su trabajo real, que era la de una «persona políticamente expuesta». La Fincen, que es el organismo antilavado estadounidense, bloqueó la cuenta por esas anomalías. Picón había hecho en ella un depósito de unos 200 mil dólares y a la vez figura en la investigación como titular del Audi Q3 que usaba Nisman. Arroyo Salgado se había enterado de su existencia, al parecer, porque, tras la muerte del fiscal, Sandra Nisman le comentó que no lograba acceder a la cuenta porque no tenía la constraseña y en el banco le dijeron que la tenía Lagomarsino.
El primer juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal Juan Pedro Zoni, llegaron a citar a indagatoria a todos, pero la Cámara Federal desplazó al magistrado por supuesto temor de parcialidad ante el pedido del abogado de Garfunkel, Pablo Lanusse. Había dicho públicamente que estaba convencido del lavado de activos. Zoni fue desplazado de Comodoro Py tiempo después por el procurador interino Eduardo Casal cuando quiso investigar por el Correo a Mauricio Macri, cuyo abogado también es Lanusse. El caso pasó al juzgado de Claudio Bonadio, y después de su muerte tuvo dos jueces más. Hubo mucha resistencia a avanzar con un caso que venía a exponer la posible corrupción de un fiscal federal. Marcelo Martínez de Giorgi ordenó en enero último la primera batería de pruebas relevantes en mucho tiempo, después de un reto de la Cámara. También embargó bienes bajo sospecha, ya que podrían ser decomisados en un futuro por el tenor de la investigación, pero el tribunal de alzada revocó esa decision porque dijo que era «desmesurada» y no había sido justificada.
Ercolini, quien interviene ahora como subrogante, dobló la apuesta: dictó la inhibición general de bienes y, en su resolución, detalló las sospechas sobre algunos de ellos en particular.
* Garfunkel tiene a su nombre inmuebles en “Pueblomio Chacras de Manantiales” en Punta del Este por valor de 288.035 dólares.
* En relación a la cuenta en el Merrill Lynch, el propio juez dice que los movimientos por 666.690 dólares son «operaciones sospechosas» y detalla el depósito de Picón.
* Señala pagos de Garfunkel por 1.208.443,998 pesos al “Fideicomiso Dorrego 1771” para la construcción de dos departamentos con cochera en Palermo, por el cual se abrió una cuenta a disposición del tribunal en el Banco Ciudad.
* El Audi Q3 dominio MPC641, un auto de alta gama que usaba Nisman, figura con un valor de 369.740 pesos a mayo de 2013 (y actual 6.835.972,42 pesos). Está a nombre de Claudio Picón, como depositario judicial.
Por lo pronto, además del análisis de los bienes, Martínez de Giorgi había ordenado un informe sobre la “evolución económica histórica de los ingresos y egresos de los encausados, Sras. Sara Garfunkel y Sandra Ruth Nisman, Sres. Diego Ángel Lagomarsino y Claudio Picón, como también el Sr. Alberto Natalio Nisman”. Quedó a cargo del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública, a quienes les envió la documentación disponible y requirió que se analice información de AnsesAFIP, BCRA, Nosis, Fidelitas y Veraz. «Deberá tenerse como parámetro directriz sus vínculos parentales, conyugales y societarios, herencias recibidas, lugares de trabajo, etc.», dijo entonces el juez. También dispuso entrecruzamientos de llamados, embargos de cuentas bancarias, el «listado del acervo hereditario» y el legajo de Nisman como fiscal. Por ahora todo sigue en veremos.
