La Justicia volvió a rechazar este miércoles un intento del expresidente Mauricio Macri por frenar la investigación interna que lleva adelante la Gendarmería y que busca determinar qué fue lo que ocurrió con los elementos represivos enviados por el Gobierno de Cambiemos a las fuerzas de seguridad de Bolivia en noviembre de 2019, en los días en los que se llevó a cabo el golpe de Estado en ese país contra el entonces presidente Evo Morales.
El magistrado rechazó la apelación presentada por Pablo Lanusse, abogado de Macri, tras considerar que la resolución atacada «no resulta ser una decisión de las comprendidas entre las expresamente susceptibles de apelación, además de no causar gravamen irreparable alguno».
Macri buscaba frenar el avance del sumario interno a través del cual el Ministerio de Seguridad avanza con la recolección de información vinculada al supuesto contrabando, y que luego será puesto a disposición de la Justicia para que evalúe su importancia y decida de qué forma lo incorpora.
«Si la única defensa que tienen son las notas que muestran cómo intentaron encubrir más tarde el envío de armas, deberían buscarse un abogado, porque sin dudas están hasta las manos»,MARTPIN SORIA
De esa investigación interna surgieron los primeros elementos de trascendencia, como las declaraciones de algunos integrantes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y que aseguraron que la municiones antitumulto enviadas a ese país no se utilizaron para proteger la Embajada argentina, ni se consumieron en ejercicios de práctica, lo que echó por tierra las primeras excusas deslizadas por los acusados en declaraciones mediáticas.
En ese contexto, el ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este miércoles que «todos los días avanza un poquito más» la causa judicial en la que se investiga el presunto contrabando de armamento a Bolivia por parte del Gobierno de Macri.
Al hablar por Radio 10, Soria también fue consultado sobre la prórroga de las autorizaciones del material bélico enviado a Bolivia durante la gestión de Alberto Fernández.
La decisión la tomó el juez Javier López Biscayart.
«Si la única defensa que tienen son las notas que muestran cómo intentaron encubrir más tarde el envío de armas, deberían buscarse un abogado, porque sin dudas están hasta las manos», respondió.
Soria insistió en que los involucrados en esta denuncia de contrabando «están complicados» y, al referirse a Macri, señaló que «hizo la gran ‘Pepín’ Simón y se quedó del otro lado del charco», al aludir al exasesor presidencial Fabián Rodríguez Simón, quien busca ser refugiado político en Uruguay mientras es reclamado por la Justicia argentina.
«Saben que es grave lo que hicieron. De Macri no podíamos esperar otra cosa, porque ya contrabandeaba autopartes a Uruguay en 2001. Ahora, también hubo intervención de Defensa con (Oscar) Aguad, de Gendarmería y Seguridad con (Patricia) Bullrich y también el excanciller (Jorge) Faurie está complicado», acotó.
En la misma línea que Soria, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró que «documentalmente está probado» el contrabando de armas a Bolivia y sostuvo que es «increíble» que el expresidente y Bullrich no «hayan podido ensayar una respuesta» luego de que pasaran 20 días de haber sido denunciados.
«Creo que Macri y Bullrich están complicados para defenderse. Tienen que decir quién fue el que tomó la decisión de contrabandear armas. Documentalmente, el hecho está probado. Sólo falta saber quiénes fueron todos los responsables», afirmó este miércoles Mena en diálogo con El Destape Radio.
Y en ese sentido agregó que «nadie puede creer» que esa decisión fuese tomada «por un grupito de gendarmes» porque hay pruebas que involucran a Bullrich y Aguad con esa decisión.
Además de Macri, Bullrich y Aguad, en la causa están imputados el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo Otero y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El Gobierno nacional denunció el 12 de julio a Macri y a una decena de funcionarios de su Gobierno por el envío de «material represivo» a Bolivia en noviembre de 2019, después de que la actual administración de ese país, a cargo de Luis Arce, acusara a la gestión de Cambiemos de haber tenido «participación» en el golpe de Estado que permitió instalar a Jeanine Añez en el poder.
