El Gobierno comenzará a notificar a 2.000 empresas en los próximos días que deberán devolver la ayuda salarial que recibieron por el programa ATP por haber comprado dólares o distribuido utilidades, entre otros incumplimientos de la normativa.
Según determinó AFIP en una resolución que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo tributario establecerá un plan de pagos para esas 2.000 firmas que recibirán notificaciones. Tras esa comunicación, las empresas tendrán 15 días para comenzar a ponerse al día. Para eso, deberán ingresar en el aplicativo “Mis Facilidades” del sitio web del fisco.
La financiación que ofrecerá AFIP contemplará un pago a cuenta de 20% de la deuda consolidada y 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas para saldar el resto. Las cuotas incluirán los intereses financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento. Por otra parte, la tasa efectiva mensual será del 2 por ciento, comentaron fuentes del fisco.AFIP establecerá un plan de pagos para las 2.000 empresas en las que detectó incumplimientos de la norma del programa ATP.
Tal como había publicado Infobae, el Gobierno tuvo desde finales del año pasado en la mira a unas 3.700 empresas que habrían realizado compras de divisas a través de la operatoria de “contado con liqui” por 500 millones de dólares después de haber sido beneficiadas por el salario complementario del programa ATP. Finalmente el número de empresas que no cumplieron con la norma se redujo a 2.000.
Las inspecciones oficiales durante los primeros meses de aplicación del ATP registraron ventas de bonos en pesos -que ya estaban en poder de esas personas jurídicas al momento de ingresar al salario complementario- contra moneda extranjera.
La lógica de los controles, afirmaron, fue que una empresa no debería haber solicitado asistencia oficial para el pago de salarios si contaba con dólares o bien con títulos públicos en dólares.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/TTO5VQYOAVAKZITR7QETLV5TQU.jpg%20420w)
Vista general del frente de Banco Central de Argentina en Buenos Aires. EFE/ Fabián Mattiazzi/Archivo
El incumplimiento del programa ATP incluye empresas grandes, pymes, asociaciones civiles y hasta obras sociales, precisaron fuentes oficiales.
No comprar dólares era una de las condiciones que las empresas que contaran con esa asistencia salarial debían cumplir para poder formar parte del esquema de ayuda estatal a compañías durante la pandemia.
Los otros incumplimientos que persigue la AFIP serán la distribución de utilidades, recompra de acciones, remisiones al exterior o una suba de honorarios, salarios o anticipos de los miembros de los órganos de administración más de un 5 por ciento.La financiación que ofrecerá AFIP contemplará un pago a cuenta de 20% de la deuda consolidada y 5 cuotas mensuales, con una tasa mensual de 2 por ciento.
Más allá de que la prohibición de comprar divisas para las empresas rigió desde el momento en que el programa ATP fue implementado en abril, solo incluyeron en un comienzo a las compañías que tengan más de 800 empleados. A esa restricción se sumó además no repartir dividendos, no recomprar acciones ni realizar operaciones con firmas radicadas en países considerados paraísos fiscales.
Desde la segunda ronda de ayuda salarial de ATP, el Gobierno extendió esas exigencias para empresas de cualquier tamaño. Más el 90% de las compañías que habían solicitado la asistencia salarial en el primer pago de ATP tenían menos de 800 empleados por lo que quedaron fuera de esas restricciones.
En marzo pasado la AFIP comenzó con el proceso para buscar a las empresas que incumplieron la normativa del programa ATP. En ese momento, el organismo tributario había determinado un mecanismo voluntario para la devolución de esos saldos o a través de la vía judicial.
El salario complementario fue una de las medidas incluidas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y que apuntó a dar una ayuda directa para las empresas que necesiten pagar salarios durante el 2020, especialmente en los meses de mayores restricciones a la actividad por la pandemia. Significó un gasto de $220.000 millones para el Estado.
