El Gobierno nacional amplió la denuncia ante el fuero Penal Económico por el supuesto contrabando agravado de material bélico al Estado Plurinacional de Bolivia durante los días en los que se llevó a cabo en ese país el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, informaron fuentes oficiales.
El eje de la presentación está puesto en la reconstrucción del camino de las municiones argentinas encontradas en un galpón de la Policía Boliviana y en la demostración documental de que se habría alterado el manifiesto de carga del avión Hércules que llevó a los gendarmes en 2019, para ocultar el envío del material anti tumulto.
Voceros del gobierno nacional confirmaron a Télam, además, que la Dirección General de Aduanas se constituirá como querellante en el expediente por presunto contrabando agravado que tramita ante el juzgado a cargo del magistrado Javier López Biscayart, que habilitó la feria judicial para el tratamiento de este expediente.
La ampliación de la denuncia lleva las firmas de Sabina Frederic, ministra de Seguridad; Mercedes Marcó del Pont, Administradora Federal de Ingresos Públicos; y Martin Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos y fue presentada ante el juzgado a cargo de López Biscayart.
La presentación judicial incluye las fotografías y la documentación sobre el material hallado en los depósitos de la Policía Boliviana: se trata de 26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo béisbol; material producido por Fabricaciones Militares en Argentina.
«De acuerdo a los remitos de entrega de Fabricaciones Militares, se conoció que el lote de municiones AT 12/70 encontradas en Bolivia (Lote Nº08/2018) fue comercializado a Gendarmería Nacional en noviembre de 2018», se consignó en la denuncia según pudo reconstruir Télam.
El eje de la presentación está puesto en la reconstrucción del camino de las municiones argentinas encontradas en un galpón de la Policía Boliviana
«Esto significa que las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia», se indicó.
La denuncia
En la denuncia se señaló además que parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como «guantes», dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido.
Para los denunciantes, según la información aportada este miércoles al expediente judicial «corrobora así que dicho material no fue destinado a proteger la Embajada Argentina en Bolivia, como se declaró originalmente y que tampoco se utilizó en ´ejercicios de entrenamiento’, como se intentó encubrir después».
La ampliación de la denuncia también incorpora la documentación de vuelo de los registros del Ministerio de Defensa, en donde consta únicamente el material que Gendarmería, solicitó el 11 de noviembre de 2019, pero no la carga «adicional» que solicitó el día 12, es decir, el material contrabandeado: las 70.000 municiones 12/70 AT y las granadas de gas.
Sin embargo, otro hallazgo evidencia que la Fuerza Aérea, dependiente del Ministro de Defensa y del Presidente de la Nación (en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas) sí estaba en conocimiento de esa «carga extra»: ese mismo 12 de noviembre de 2019, el jefe del Grupo «Alacrán» de la Gendarmería, Fabián Manuel Salas, envió una nota formal a la Fuerza Aérea Argentina, haciéndole saber que se añadía a la carga del vuelo los 70.000 cartuchos calibres 12/70 AT, los gases lacrimógenos y las granadas de mano.
«Esta nota evidencia que el ministro de Defensa tenía cabal conocimiento del traslado de ese material adicional, posteriormente desviado. Y el hecho de que esa información no conste de ningún modo en ninguno de los documentos obrantes en el Ministerio de Defensa demuestra la maniobra de ocultamiento perpetrada por el propio ministro, ya que, según otro informe de la propia fuerza, ´el vuelo fue ordenado por el entonces ministro de Defensa (Oscar Aguad) en forma verbal´», según surge de la denuncia.
La denuncia no incluirá información sobre las sospechas vinculadas a quién o quiénes fueron las personas encargadas de poner el armamento en manos de las fuerzas de seguridad boliviana. Foto: Pablo Aeli
Otro de los ejes de la denuncia pasa por la supuesta presencia del comandante de Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba, en la pista de aterrizaje del Alto, en Bolivia, la madrugada en la que llegó el Hércules C-130 con los pertrechos bélicos y los Alacranes.
Ese mismo comandante informó a través de una comunicación oficial, enviada el 17 de noviembre, al entonces director nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, Gerardo José Otero, sobre una reunión realizada ese día en donde «el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock», según surge de la denuncia.
Finalmente, el escrito incorpora un listado de 15 pruebas documentales y solicita 5 medidas de prueba, y resalta que «la gravedad del hecho es mayúscula: las autoridades de control aduanero del Estado Nacional fueron engañadas por la máxima autoridad estatal -el exPresidente de la Nación, Mauricio Macri- y altos funcionarios de su gabinete».
Caliba quedó también en la mira de la Comisión Parlamentaria Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia que solicitará acceder a su legajo, porque se sospecha que se desempeñó en áreas vinculadas en inteligencia y que pudo haber participado de los movimientos preparativos del golpe acaecido en Bolivia.
