La Justicia espera un informe de especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para comenzar a definir la situación procesal de los imputados en la causa que investiga posibles delitos cometidos en el trámite de quiebra del Correo Argentino S.A., en la que está denunciado el expresidente Mauricio Macri.
En la causa se encomendó un relevamiento técnico a expertos de esa casa de estudios cuyo resultado se aguarda, mientras que ya se recibió un segundo informe de la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) de la Corte Suprema, confiaron fuentes judiciales.
Este último estudio ratificó el perjuicio al Estado Nacional que hubiera causado la homologación judicial de un acuerdo con la concursada, como el macrismo propuso en 2016.
Una vez que el juez federal Ariel Lijo reciba el informe encomendado a expertos en quiebra de Ciencias Económicas, comenzará a definirse la situación procesal de los ya indagados en el caso: el exministro de Comunicaciones del gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad; su ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, el titular del directorio de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la firma Jaime Kleidermacher
Oscar Aguad, uno de los que ya declaró en la causa.
También, y en base al segundo estudio de la DaJuDeCO y lo que concluyan los expertos de la UBA, podrían disponerse otras medidas de prueba y citaciones.
Los antecedentes
En febrero pasado, el Juzgado Federal había recibido un primer informe que confirmó los perjuicios que hubiese causado el acuerdo, objetado por la fiscal ante el Juzgado Comercial que tramita la quiebra, Gabriela Boquín.
En marzo, y ante planteos de las defensas de los ya indagados, se ordenó realizar un segundo informe para responder a cuestionamientos puntuales, cuyo resultado ya se entregó la semana pasada, con una ratificación del primero.
La DaJuDeCO concluyó que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino S.A. implicaba «una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado» en primera instancia.
En otro de los frentes del caso Correo, el de la Justicia Comercial, después de la feria de julio deberá resolverse un planteo de la Procuración del Tesoro de la Nación para que se revoque una decisión de la jueza Marta Cirulli que otorgó efecto suspensivo a una apelación contra el fallo que decretó la quiebra.
La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini y cuya función es representar o patrocinar al Estado Nacional en todo juicio que implique una significación económica o institucional relevante, pidió que se prosiga con el trámite de la quiebra, al entender que la apelación no puede postergar la liquidación.
El expediente llegará en agosto a la Cámara Nacional en lo Comercial ante el recurso de la empresa, propiedad de la familia Macri, en el que se pidió la «nulidad» del fallo que decretó la quiebra el 5 de julio.
En esa apelación se sostuvo que Socma Americana, controlante del Correo Argentino S.A., previamente había recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se cuestionó la presunta falta de análisis de propuestas y del «ofrecimiento de pago del 100% del crédito reconocido al único acreedor de la Categoría «A» (Estado Nacional) en la forma y con la extensión propuestas».
