Horas antes de partir hoy hacia Lisboa, Alberto Fernández recibirá a Santiago Cafiero en la quinta de Olivos para definir los últimos detalles de la ley de Pandemia que remitirá al Congreso para lograr que sus próximas medidas contra la segunda ola del COVID-19 tengan un fuerte consenso institucional y evitar así que la Corte Suprema cuestione sus decisiones de política sanitaria.
Cuando el Presidente y la oposición consensuaban todas las decisiones para aplacar al coronavirus, sólo bastaba que el gobierno dictara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Durante la primera ola de la pandemia, nunca sucedió que un DNU fuera impugnado en la justicia federal.
Pero esa etapa de armonía política e institucional se transformó en un escenario embarrado que ocupan a disgusto Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. El presidente sufrió un fallo adverso en la Corte Suprema que castigó sin piedad, y ahora busca una vía legislativa para evitar que la Justicia revise -otra vez- sus decisiones de Estado.
Rodríguez Larreta fue beneficiado por el máximo tribunal y a continuación logró su mejor marca personal en las encuestas que lo miden en toda la Argentina. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño también prefiere que las disputas de poder se resuelvan en reservados despachos políticos adonde la toma de decisiones no tiene que justificarse con textos de John Locke o Thomas Hobbes.
Desde esta perspectiva, Alberto Fernández y Rodríguez Larreta coinciden en sancionar una ley que establezca reglas de juego para articular una armonía parecida a los primeros meses de la cuarentena. En lugar de un cónclave cada dos semanas, y la ceremonia infinita de un DNU escrito a los tirones, el Presidente y el Jefe de Gobierno comparten la idea de consensuar frente a una situación dramática e inédita.
Con todo, ese principio de coincidencia entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta está sujeto a la fuerza centrífuga de ambas coaliciones políticas. Los gobernadores justicialistas no quieren normas generales para evitar pagar los costos propios de ejecutar normas restrictivas, y ciertos protagonistas principales de Juntos por el Cambio prefieren la confrontación dura antes de un acuerdo con el oficialismo a escasos meses de las PASO.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/C2RPE64GB5EHZPS4RWS5BBQ274.jpg)
Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta en la quinta de Olivos
En este contexto, Alberto Fernández recibirá hoy a Cafiero en Olivos y estará online con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. La posible ley de la Pandemia no ofrecerá secretos en su normativa jurídica: replicará determinados disposiciones de los últimos dos Decretos de Necesidad y Urgencia, y habrá otros fundamentos legales y sanitarios escritos ad hoc para una iniciativa que tomó el ejemplo político de Ángela Merkel en Alemania.
Alberto Fernández tiene la costumbre de revisar y revisar los borradores que escribe Ibarra, y es probable que pida una copia cuasi definitiva del texto cuando haya aterrizado en Lisboa. Si el rito presidencial se cumpliera otra vez, Cafiero naufragaría en sus intenciones de enviar el proyecto al Congreso en las próximas 48 horas.
Las pretensiones del jefe de Gabinete tienen su lógica política: la Casa Rosada desea que la ley esté sancionada antes del 21 de mayo para evitar un nuevo DNU restrictivo a partir de esa fecha. Se trata de una aspiración de difícil cumplimiento: el oficialismo tiene que consensuar con los gobernadores -entre ellos Gildo Insfran- y la oposición tiene que convencer a sus referentes más intransigentes -Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo-.
Si hay milagropolítico y las dos coaliciones convergen en una ley de la Pandemia, sería atípico que una impugnación por inconstitucionalidad aterrice en la Corte Suprema. Su fallo a favor de la autonomía de la Ciudad y en contra de la utilización desproporcionada del concepto de urgencia, colocó en una situación de desgaste público a Alberto Fernández que Rodríguez Larreta no quiere experimentar por actos propios.
No hay diálogo fluido entre el Presidente y el jefe de Gobierno. Pero apuestan a la realpolitik para exhibir una señal de madurez institucional frente a una sociedad crispada por la segunda ola del COVID-19 y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas.
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