El autor inició hace dos meses el trabajo de construcción de los consensos para que la futura Ley sea realidad. Con ese objeto ya planteó y explicó la necesidad de la norma tanto a Sergio Massa como a Máximo Kirchner (presidente de la Cámara y del bloque FdT respectivamente) y al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo.
También lo acompañarán los legisladores de provincias con economías regionales afectadas por la estacionalidad, en un trabajo de construcción legislativa conjunta similar al que realizó Bárbaro para lograr la Ley de Transferencia automática de los recursos del Fondo Especial del Tabaco, la única norma que, en definitiva, benefició a Misiones y demás provincias tabacaleras.
Con Arroyo, en tanto, mantuvo una reunión el pasado miércoles 17 en Buenos Aires, audiencia a la que también asistió el intendente de Colonia Aurora Carlos Goring.

«No solo logramos explicar la complejidad de la situación de los trabajadores temporarios, que el ministro ya conocía, sino que también nos aportó opciones técnicas para la viabilidad de la Ley. Fue muy importante el aporte del funcionario que tendrá a su cargo aplicar esta norma cuando finalmente se apruebe» señaló el legislador.

Terminar con el estigma
Bárbaro explicó que la ley de compatibilidad de la AUH, los programas de inclusión laboral como el «potenciar trabajo» y el trabajo rural temporario registrado, le dará una respuesta de justicia social y equidad al importante número de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en las cosechas y se exponen a perder la ayuda social si los blanquean por pocos meses, sin la seguridad de recuperar ese aporte fundamental para sus economías cuando se termina el período de zafra.

También buscará terminar con el estigma instalado por algunos sectores que impusieron la idea de que los obreros rurales «no quieren trabajar en las cosechas porque prefieren los planes y son vagos».
Bárbaro señaló que, contrariamente, la enorme mayoría de los trabajadores temporarios o eventuales no puede vivir solo con un programa social, por lo que están siempre esperando los meses de actividad en los cultivos. Pero tampoco pueden vivir con el temor de perder lo poco que tienen asegurado si los blanquean por un corto período, como pasa en la actualidad. Por eso, la mayoría elige trabajar en negro, cosa que expone los productores, especialmente a los pequeños y medianos, a duras sanciones por trabajo no registrado.

Bárbaro recordó que según las últimas estadísticas conocidas, en el trabajo rural existe una informalidad que va entre el 60 y el 85%, un nivel dramático que no se registra el otras actividades en el país.
«Esta norma va a ser una respuesta concreta a todos estos problemas que son reales y determinantes», finalizó.