Un juez de Misiones hizo lugar a un habeas corpus y ordenó la libertad de María Ramona Ovando (46), quien se encontraba detenida por una condena a 20 años de prisión, sin sentencia firme, por el supuesto abuso sexual de dos de sus hijas menores, informaron fuentes judiciales.
Ovando abandonó este martes el Penal de Mujeres de Villa Lanús y regresó a su domicilio en la ciudad de Eldorado, luego de cumplirse con los pasos formales de notificación de la resolución por la que el juez César Jiménez ordenó su libertad en el marco del Hábeas Corpus, informó el Equipo Misionero de DDHH, Justicia y Género.
“Voy a ver a Roque y a toda mi familia”, dijo María ya fuera de la cárcel, con lo cual resumió sus preocupaciones respecto a la situación en que quedó su familia tras su encarcelamiento arbitrario.
«Esta resolución prestigia al Poder Judicial de Misiones frente a la mayoría de las resoluciones arbitrarias, con sesgo autoritario, y tiene un fuerte contenido de control de convencionalidad», sostuvo tras el fallo Eduardo Paredes, unos de los defensores de Ovando, y valoró la actitud del juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, César Raúl Jiménez, al considerar el pedido para efectivizar la libertad.
“Se está reparando en algo todo el daño que sufrió María, sus hijos y toda su familia en estos años de persecución judicial», agregó Roxana Rivas, otra de las defensoras, y dijo que «nos llena de expectativas para lograr su absolución».
“Se está reparando en algo todo el daño que sufrió María, sus hijos y toda su familia en estos años de persecución judicial»
ROXANA RIVAS, ABOGADA
El habeas corpus había sido presentado en diciembre último por Nora Cortiñas, de la organización Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien al enterarse del fallo sostuvo: “Una alegría muy grande nos dio esta resolución”
El fallo del juez llega después de la audiencia por teleconferencia en la cual el magistrado escuchó los detalles del habeas corpus que determinarían su excarcelación, entre ellas su estado de salud y que la sentencia por abuso sexual aún no está firme.
En este caso y por las circunstancias que impone la pandemia, la medida debió realizarse por teleconferencia, con Ovando y sus defensores desde la Unidad Penal V, en Miguel Lanús, y el magistrado y demás partes en su despacho de los juzgados correccionales de la avenida Centenario casi Santa Catalina, de Posadas.
Los letrados se explayaron sobre la situación previa al juicio oral de octubre 2020 ante el Tribunal Penal de Eldorado, al que Ovando llegó acusada pero en libertad, y como el carácter de no firme del fallo debería beneficiarla porque durante la instrucción y hasta el debate la acusada «estuvo a derecho», se presentó en cada citación judicial y no entorpeció el trámite de la causa.
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Los camaristas Lyda Gallardo, Teresa Ramos y Eduardo Jourdán, integrantes del Tribunal Penal de Eldorado, condenaron 20 años de prisión efectiva a Ovando tras el pedido del fiscal Federico Rodríguez, quien la consideró penalmente responsable y «cómplice primaria de los abusos y partícipe o facilitadora de corrupción agravada por el vínculo» y pidió su inmediata detención.
Además, los mismos jueces sentenciaron a dos allegados a Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, a 18 y a 12 años de cárcel, respectivamente.
El hecho
En 2012, Ovando fue juzgada y absuelta -tras haber estado un año y media presa- por «abandono de persona agravado por el vínculo» tras la muerte de su hija de 3 años a consecuencia de un cuadro de desnutrición, la que falleció en sus brazos mientras intentaba llegar a un hospital de la zona.
En esta nueva causa, se la condenó por «haber permitido o no haber impedido el abuso sexual de las niñas de su familia, cuando las mismas ya no vivían con ella por disposición de la jueza Margarita Potschka, quien en una audiencia realizada el 10 de marzo de 2015, con graves irregularidades, decidió retirarle la guarda y entregárselas a los supuestos abuelos paternos», explicaron sus abogados cuando fue sentenciada.
En esta nueva causa, se la condenó por «haber permitido o no haber impedido el abuso sexual de las niñas de su familia, cuando las mismas ya no vivían con ella».
El proceso fue complejo por la imprecisiones de la investigación: se inició en 2015 a partir de la denuncia de la abuela paterna, pero los abusos habrían ocurrido cuando ya no convivían con Ovando; finalmente, el fiscal elevó la causa a juicio en 2019.
Durante el juicio oral, los abogados consideraron que las audiencias se realizaron sin perspectiva de género y de derechos, pese a las masivas movilizaciones feministas en favor de María, y cuando se dictó la pena de 20 años se lo consideró «un verdadero escándalo judicial».
