Piden informes sobre situación de niña embarazada víctima de violación

POSADAS. El Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, atendiendo la preocupación de la sociedad, solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud Pública, el Hospital Materno Neonatal y la Dirección de Acción Social de Eldorado informen con respecto a la situación de una niña de 12 años de Eldorado, embarazada víctima de una violación. Quieren saber qué procedimientos sanitarios, jurídicos y protocolos se realizaron en el abordaje de este delito que tomó estado público, para evitar la vulneración de derechos de la pequeña.

Entre los fundamentos, el proyecto cuya autoría es del presidente del Bloque del PAyS, Martín Sereno, acompañado por sus pares, Giuliana  Perini, Carlos Goring e Isaac Lenguaza, recuerda que en Misiones, el Registro Provincial de Violencia Doméstica del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), indica que en 2017 hubo 3876 denuncias, con un promedio mensual de 323.

En diciembre se concentró la mayor cantidad de denuncias con 489 (12,6 % del total), y en mayo hubo menos denuncias, con 147 (3,8 % del total).


Proyecto pendiente para que se declare la Emergencia Social

“Desde el Partido Agrario y Social presentamos un proyecto en 2016 para que se declare la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, ya que las estadísticas alarmantes de este año del que transcurrieron apenas dos meses, indican que cada 28 horas muere una mujer por causa de la violencia machista, proyecto que aún se encuentra sin se tratado en la Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud de la Legislatura provincial.

En la primera quincena de febrero del corriente año, en Misiones nuevamente se denuncia la situación de una niña de 12 años que lleva un embarazo forzado de gemelos, actualmente de más de 20 semanas, víctima de los abusos sexuales a los que la sometía un hombre de 28 años -que se encuentra prófugo- con el que aparentemente convivía en condiciones vulnerables en un barrio de Eldorado”, señala la iniciativa.

Más de 200 niñas obligadas a parir

Hay que recordar que en junio de 2018, el ministro de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, Lisandro Benmaor, lanzó el Programa Provincial de Prevención del Embarazo Adolescente no Deseado (PPEA), señalando que está “orgulloso” de la iniciativa, que de acuerdo a sus palabras, es “pionero” en el país. Según el funcionario, en el inicio de su gestión, el embarazo de menores de 19 años alcanzaba al 25% del total de los embarazos, y actualmente, bajó a un 20%, lo  que implica, unos 1200 nacimientos de bebés cuyas madres no son adultas, y en muchos casos se trata de menores de 14 años víctimas de violación.Benmaor hizo hincapié en que Misiones es una provincia joven, con una media de edad poblacional 10 años menor que la media nacional (21 contra 31 años); y admitió semejante cifra durante la presentación de lo que él considera un “revolucionario” Programa de Prevención del “Embarazo Adolescente Precoz” (menores de 14 años) y “tardío” (menores de 19 años).

En el marco de la presentación de ese programa para prevención de embarazos jóvenes, se conoció que 201 menores de 14 años fueron “obligadas a parir en Misiones” en 2017.También reveló públicamente que hubo cerca de 5000 partos de menores de 19 años  donde en muchos casos, también se trató de embarazos productos de abuso sexual; pero resaltó con alegría, que en sus dos años y medio de gestión, bajó el denominado “embarazo adolescente” de un 25 a un 20% del total de los embarazos registrados en Misiones.

Son Niñas no madres

“Entendemos que estos datos son muy preocupantes, y aunque según el ministro responsable del Área Social, hubo una baja, creemos que no hay nada para celebrar al respecto, porque éstos casos son la punta de un iceberg de una realidad que el Estado se niega a ver, y sobre la cual se hace poco para prevenirla. Fundamentalmente con funcionarios que se encuentran frente a instituciones que tienen la función de prevenir para poder erradicar esta problemática social”.
Desde el PAyS manifestaron que “es insostenible que un funcionario con semejante responsabilidad se refiera a embarazos adolescentes, o a situaciones contra la integridad sexual, cuando hay menores de por medio, y que justamente si hay embarazos adolescentes, o que erróneamente llaman “madres niñas”, es porque están obligando a parir a esas criaturas sin que se apliquen los protocolos, sin prevención y sobre todo sin manejo de la información prudente, sobre todo cuando se habla de menores de edad y se trata de instancias delicadas y de índole privado”, expresó el legislador.

Campaña “Embarazo Infantil Forzado es Tortura”

“El embarazo forzado de niñas es un problema históricamente invisibilizado, bajo las cifras y diagnósticos sobre embarazo y maternidad adolescente, a pesar de que tanto las causas como las consecuencias de esos embarazos son en su mayoría, diferente al de las jóvenes”, advierte el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los derechos de las Mujeres (Cladem).

La organización lanzó la Campaña Embarazo Infantil Forzado es Tortura, y en ese contexto monitorea a los Estados de la Región en el cumplimiento de su obligación de prevenir, sancionar y erradicar esta práctica.

Existe un patrón de violencia que está asentado en el ocultamiento de la información y renuencia por parte de los Estados de colocar en la agenda pública, y priorizar las acciones de prevención, sanción y erradicación. Vemos que la mayoría de los casos de embarazos infantiles aparecen como producto de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia -abuso sexual incestuoso, conocidos, vecinos, o extraños. A diferencia de lo que ocurre en la franja de 15 a 19 años, donde se registra una incidencia importante de embarazos debido a una iniciación sexual temprana”, señala el informe “Jugar o Parir” de Cladem, que elaboró la abogada rosarina Susana Chiarotti, quien fue coordinadora regional del Comité.

El Estado debe dar respuestas

El diputado Sereno sostuvo que sobre este tema, las respuestas del Estado deben ser concretas de prevención, sanción y monitoreo para la erradicación de las violencias de género, que las políticas sociales de los diferentes estamentos del Estado, y sobre todo de  los funcionarios y funcionarias públicas involucradas, tienen que hacerse considerando que hay una menor, como en el caso de la niña de 12 años, y que se vuelve a revictimizar y vulnerar los derechos de la misma.

Exigimos y reiteramos, al igual que las diversas organizaciones como el Movimiento de Mujeres de Eldorado, la Coordinadora de Trabajadorxs, Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y Queers, y el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros, entre otras, que acompañan y visibilizan las violencias de género, que los organismos pertinentes informen, en este caso a la Cámara de Diputados, sobre los procedimientos sanitarios, jurídicos y protocolos que se llevaron adelante en el abordaje de este caso que tomó estado público, y en qué situación de contención sanitaria y social se encuentra la niña de 12 años”, subrayan desde el Bloque Parlamentario del PAyS.


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