Demandas colectivas contra la nueva ley previsional

La Ctep había pedido a la Justicia la suspensión de la convocatoria de la Cámara baja por considerar “inconstitucional” al texto de la norma, y “violatorio de los derechos reconocidos en numerosos tratados y pactos internacionales”.

La Justicia dio lugar a un pedido de la Anses para concentrar las demandas colectivas contra la nueva ley previsional en el Juzgado Federal de Seguridad Social 2.

La decisión fue adoptada por el juez Fernando Strasser, quien aceptó el requerimiento de la Anses planteado en el marco de una causa originada en un amparo presentado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) con el pedido de que se suspendiese el lunes último la sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para tratar la reforma previsional.

En el fallo dispuso que “aquellas acciones de índole colectivo que guarden semejanza en lo que al reclamo de autos refiere y que tramitaren ante cualquier otro Tribunal sean remitidas de manera urgente a este Juzgado”, en el que actúa como subrogante.

Se espera un gran número de amparos u otras vías para plantear en la Justicia la inconstitucionalidad de la nueva ley previsional, entre ellas una presentación que hará Eugenio Semino, el Defensor de la Tercera Edad.

“Esperamos la promulgación y publicación” de la ley “y vamos a ver la vía, no está claro que el amparo sea la vía más adecuada, pero vamos a hacer un planteo de inconstitucionalidad”, dijo Semino.

El abogado previsionalista Miguel Á​ngel Fernández Pastor solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la reciente ley y del DNU del bono compensatorio, cuya vigencia viola los artículos 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 75 de la ​Constitución ​Nacional y ​la ​​Declaración ​Universal de los ​​Derechos ​Humanos.

El ex titular de Anses dijo que, con la nueva ley, jubilados y otros beneficiarios del sistema previsional dejarán de percibir en 2019 75.000 millones de pesos y que con el bono compensatorio de marzo próximo, calculado en 3.666 millones, el recorte final será del orden de los 71.300 millones de pesos.

Se configuraría por lo tanto un claro retroceso en la actualización de los haberes y la violación del principio de progresividad previsto en los pacto​s​ internacionales ratificados por la Argentina, en materia de derechos sociales.

Al rechazar la acción de amparo, el magistrado argumentó que no corresponde al Poder Judicial “intervenir en el proceso sancionatorio de una ley o una norma, sino tan sólo evaluar con posterioridad” si es o no constitucional.

(Fuente: Infonew)

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